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Créditos: Agencia UNO (referencial)
Según señala el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de un comunicado, la Fundación Democracia Viva “interpuso un recurso de reposición y, en subsidio, un recurso jerárquico, el cual está siendo analizado por la autoridad regional para determinar los méritos del mismo”, respecto a la orden de devolución de más de $391 de los $426 millones de pesos que recibieron desde la seremi de Antofagasta a través de tres convenios de transferencia de recursos. El cuestionamiento de la ONG responde a “su disconformidad con las observaciones planteadas respecto de las rendiciones de los convenios”. A su vez, el ministro titular de la cartera, Carlos Montes, sostuvo que “no vamos a aceptar irregularidades, vamos a poner todas nuestras capacidades, todas las condiciones que tengamos, para asegurar que estos recursos se restituyen y se destinan a lo que corresponde, que es a mejorar las condiciones de vida en los campamentos”.
Luego de que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informara el fin de los contratos y la orden de devolución de los recursos traspasados a la Fundación Democracia Viva en un plazo no mayor a 30 días, la ONG investigada por irregularidades en los traspasos directos desde la seremi de Antofagasta “interpuso un recurso de reposición y, en subsidio, un recurso jerárquico, el cual está siendo analizado por la autoridad regional para determinar los méritos del mismo”, según informan desde la cartera.
Cabe recordar que los dineros otorgados a Democracia Viva provenían de tres convenios cuyo monto en total ascendía a más de $426 millones de pesos.
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En tanto, el periodo para concretar el retorno del 92% de esos dineros a la cartera de Vivienda y Urbanismo -y que corresponde a $391 millones 768 mil 516 pesos, ya que el 8% restante fue correctamente rendido- cuenta desde el 14 de julio.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), explicó que “la seremi subrogante de Antofagasta nos ha informado que la fundación ha presentado un recurso cuestionando la exigencia de restituir los dineros que no se han usado en las obras”.
“Queremos ser claros, no vamos a aceptar irregularidades, vamos a poner todas nuestras capacidades, todas las condiciones que tengamos, para asegurar que estos recursos se restituyen y se destinan a lo que corresponde, que es a mejorar las condiciones de vida en los campamentos”, enfatizó el secretario de Estado.
En ese contexto, desde el Minvu complementaron a través de un comunicado que “la fundación, en su escrito, señala su disconformidad con las observaciones planteadas respecto de las rendiciones de los convenios, alegaciones que serán evaluadas dentro del contexto de estos recursos”.
Sin embargo, “el Ministerio de Vivienda insistirá, dentro de lo que permita la ley, que se deben devolver los recursos entregados”, apuntaron.
“Cabe señalar que la reposición no suspende el acto, es decir, siguen corriendo los 30 días. Sin embargo, la fundación solicita la suspensión de la ejecución del acto impugnado en el mismo escrito. Eso es lo que se está analizando”, agregaron desde la cartera.
Ante esto, la senadora por la región de Antofagasta, Paulina Núñez (RN), hizo un emplazamiento directo tanto a la organización como al partido que ha sido vinculado a esta, Revolución Democrática, en vista de que quienes suscribieron los convenios -el representante de Democracia Viva, Daniel Andrade, y el exseremi de Vivienda de la región, Carlos Contreras– militaban en la colectividad frenteamplista.
En ese sentido, la parlamentaria señaló que “la negativa de Democracia Viva a restituir los dineros públicos, habiendo una investigación por fraude al fisco, malversación de fondos públicos y tráfico de influencia, es inaceptable. Hago un llamado a Revolución Democrática como querellante a pedir la medida cautelar de congelamiento de las cuentas bancarias de la fundación y de los exmilitantes que hoy están imputados”.
“El dinero de todos los chilenos no puede desaparecer, y evidentemente si no está disponible a entregarlo es porque terminó en otro lado, y eso es lo que hay que investigar: en campañas políticas, en el bolsillo de cada uno de los imputados o de terceras personas. Deben devolver estos recursos que son de todos los chilenos”, agregó.
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