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La Contraloría encontró de los 34 convenios congelados de la “toma de razón”, 29 casos que son ilegales por no cumplir con los estándares requeridos por la administración pública. Son convenios con organizaciones privadas sin fines de lucro que fueron suscritos en el 2023 e involucran más de 13 mil millones de pesos otorgados desde fondos públicos. La grieta por la que se filtran los incumplimientos legales apunta a que hay fundaciones que hicieron giros “demasiados amplios” para ejercer y recibir transferencias del Estado. Asimismo, hay algunas ONG’s que muestran dedicarse a la “ayuda del prójimo” con labores sociales. Sin embargo, se deja a libre interpretación, dado a que se desconoce si se dedican a la entrega de canastas familiares, la edificación de casas u otros. Por lo que 29 convenios no declaran actividades precisas a ejecutar, ni desglosan objetivos a cumplir, aún cuando tienen a su disposición millonarios recursos públicos. Además, cabe enfatizar que de los 29 acuerdos declarados ilegales en todo Chile, 22 tienen su origen en la Gobernación Regional de Los Lagos, liderada por Patricio Vallespín (ex DC).
El destape del caso convenios abrió un despliegue de investigación a lo largo de nueve regiones de Chile. Y la instrucción de la Contraloría General de la República de ponerle el freno a los recursos que reciben las fundaciones desde instituciones públicas, ya cumplió un mes. Esto significa que se paralizó “la tramitación de toma de razón” de todos los acuerdos, para “recabar más antecedentes que puedan existir” y así evaluar si corresponde destinar fondos, explicó el contralor Jorge Bermúdez.
De esta forma, el proceso de evaluación a “la toma de razón”, la cual interviene para establecer si cumplen o no los estándares legales dentro de la administración pública, ha detectado de los 34 convenios congelados, 29 casos irregulares no cumplen con las disposiciones requeridas, consignó La Tercera.
Cabe recordar que la indicación del órgano contralor, se levantó por los polémicos traspasos de dinero desde distintas seremis y gobernaciones regionales hacia organizaciones privadas sin fines de lucro, a cambio de prestaciones de servicios.
Por dicha razón, fueron declarados ilegales o “representados” (término jurídico) convenios que fueron suscritos en el 2023 e involucran más de 13 mil millones de pesos.
La grieta por la que se filtran los incumplimientos legales apunta a que hay fundaciones que hicieron giros “demasiados amplios” para ejercer y recibir transferencias desde el Estado.
Asimismo, hay algunas ONG’s que muestran dedicarse a la “ayuda del prójimo” con labores sociales. Sin embargo, se deja a libre interpretación, ya que se desconoce si se dedican a la entrega de canastas familiares, la edificación de casas u otros.
Por lo que 29 convenios no declaran actividades precisas a ejecutar, ni desglosan objetivos a cumplir, aún cuando tienen a su disposición millonarios recursos públicos.
En la misma línea, fiscalizadores objetaron por la “falta de claridad de los ítems de gastos”, la falta de distinción entre la vigencia de los acuerdos y las fechas previstas para la ejecución de actividades, además de inexistencia del registros sobre las personas jurídicas receptoras de fondos públicos.
El que se declare la ilegalidad del convenio significa que este vuelve a cero, se anula y si las partes quieren volver a consumarlo deben iniciar otro proceso de toma de razón, independiente si luego se decide abrir un sumario, explicó el mismo medio.
El caso más grave detectado por el Ministerio Público, de las nueve investigaciones entre Antofagasta y Los Lagos, lo encontró en esta última región, donde incluso se allanó la gobernación liderada por Patricio Vallespín (ex DC).
Esto dado a que de los 29 convenios declarados ilegales en todo Chile, 22 tienen su origen en la repartición de Vallespín.
Entre las transferencias declaradas ilegales por Contraloría figuran los $ 1.200 millones que el GORE de Los Lagos entregó a la Corporación Kiñe Fuxa Ruka Kimün. Mismo caso con tres transferencias realizadas a la Fundación Chinquihue por un total de $ 2.061.000.000.
Además, también fue declarado ilegal el acuerdo entre el mismo GORE y la Fundación Participa, ONG dirigida por el excandidato a concejal del PPD y PRO, Daniel Ibáñez, para quienes aprobaron una transferencia de $ 1.020 millones.
En segundo lugar de los casos preocupantes para los fiscalizadores, fue el hallazgo de la “Corporación privada para la educación y el desarrollo local El Canelo”, un convenio que había sido declarado ilegal al que igualmente se le entregaron más de $ 667 millones.
En este caso el organismo liderado por Bermúdez determinó abrir un sumario en el GORE Los Lagos, para establecer las responsabilidades administrativas y materializar la entrega de fondos públicos pese a la “ilegalidad”.
Hasta el momento, solo un caso se declaró legal y el resto de los convenios están bajo el rotulo de “retirados”, es decir, al momento de ser anunciada la suspensión de la toma de razón, los organismos renunciaron al proceso de legalidad para, eventualmente, hacerles ajustes y volver a ingresarlos, o bien, derechamente, no volver a presentarlos. Hasta el momento, no han vuelto a ingresar, dice LT.
Por otro lado, si bien se anunció la paralización de 91 procesos de toma de razón, algunos fueron aprobados a los pocos días. Y son transferencias de dinero a fundaciones más reconocidas.
En la actualidad, la revisión sigue con alrededor de 10 convenios que están bajo la revisión de los abogados de Contraloría, donde no descartan seguir encontrándose con millonarias “sorpresas”.
