Boric tira la pelota fuera de la cancha: expertos dudan que pacto fiscal pueda financiar pensiones

Cinco meses han pasado desde que por dos votos oficialistas se perdiera en la Cámara la reforma tributaria, y debido al clima de controversia por el caso convenios, La Moneda quedó sin margen de negociación, ante la falta de votos opositores, para insistir con la reforma impositiva en el Senado.

En ese contexto, los economistas de la Universidad Andrés Bello, Jorge Sabat, y de la Universidad Católica de Valparaíso, Rodrigo Valdés, coincidieron en que el paquete de medidas anunciado recaudará, en el mejor de los casos, el 50% de lo prometido por la reforma impositiva en la campaña presidencial. Es decir, del 5% del PIB planteado por Boric, y que comparó con lo recaudado en Noruega en la segunda vuelta presidencial, con este pacto fiscal se llegaría a una recaudación de 2,6 o 2,7 % del PIB.

El director de postgrados de la PUCV Rodrigo Valdés explica el pacto fiscal tiene básicamente tres pilares: un fortalecimiento de la de la fiscalización tributaria, una reforma para agilizar la inversión en el Estado, y una especie de reforma impositiva a los mayores ingresos en Chile.

“El primero es el fortalecimiento de la fiscalización tributaria. Lo cual es muy positivo, es decir, la prioridad ya no es  aumentar impuestos, sino que intentar generar herramientas para disminuir la evasión. Lo segundo, una reforma al Estado. Y tercero, un incremento a porcentaje de impuesto que pagan los mayores ingresos en Chile, bajo una medida indirecta relacionada con el impuesto global complementario”, señala Valdés.

Y agrega: “Va por buen camino, sobre todo en la evasión fiscal que es bastante alta. No obstante, tengo dudas de si el dinero que se va a recaudar, efectivamente, va a servir como medida para financiar la reforma previsional, en particular, para la pensión garantizada que es universal”.

Según explica el economista, el programa de gobierno “más que ser reducido, será focalizado en un baño en realidad”, aunque, indica, no hay ningún proyecto de ley visible que permita entender cuál va a ser el mecanismo para esto.

“Con el 5% del PIB que se aspiraba estaba incluido el pago de la deuda histórica de los profesores, entre muchas otras cosas. Y, obviamente, que el programa a medida que ha ido pasando el gobierno se ha ido reduciendo en términos de su ambición. Entonces, efectivamente, el programa ha sufrido modificaciones y estas modificaciones responden a la coyuntura política”, afirma Valdés.

Por su parte, Jorge Sabat, académico de Ingeniería Comercial de la Facultad Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello (Unab) considera que la idea de fortalecer la fiscalización es una aspiración loable, “dado que en Chile, para las tasas de impuesto que tenemos, se recauda poco en términos del PIB”.

“En Chile la mayoría de la gente no paga impuesto a la renta. El problema de depender de mejoras de fiscalización es que los países que intentan implementar esto, logran aumentar muy poco la recaudación porque generalmente las personas y hogares son más “hábiles” para evadir que el Estado en fiscalizar”, señala el académico.

Y agrega: “Los ingresos tributarios son más difíciles de predecir que el gasto, por ejemplo, el gasto comprometido, US $8 mil millones que es un 2.6% del PIB. El anuncio del gasto comprometido en algunos de los pilares, en mi interpretación, ya da una idea de la menor recaudación que se espera, menor a los 5 puntos del PIB”.

Según el docente, lo mejor de la obra gruesa del anuncio viene “por el lado del crecimiento” con la reducción del “tiempo de los permisos”, pero la poca flexibilidad que existe en el sector público”, le genera dudas.

Por último, el académico advierte que “la renta presunta en el caso de empresas de transporte sería una de las exenciones más importantes que no es abordada por la reforma.