PAÍS
Por primera vez, dos Sociedades por Acciones (SpA) serán formalizadas como personas jurídicas, debido a la relación que mantenían con una de las facciones del Tren de Aragua. Uno de los dos representantes legales de dichas compañías, un ciudadano chileno, ya se encuentra acusado por delitos como tráfico de personas con fines de explotación sexual, tráfico de migrantes y lavado de activos. La policía sospecha que ambas empresas fueron constituidas ad hoc, para permitir que las actividades de la organización criminal tuvieran una fachada de legalidad.
El Juzgado de Garantía de Arica fijó para el próximo viernes 4 de agosto la formalización de dos empresas de esa ciudad, que fueron constituidas por personas chilenas, pero que eran utilizadas por “Los Gallegos de Caracas” como fachada para actividades ilícitas, entre ellas, tráfico de personas con fines de explotación sexual. Se trata de la primera formalización de compañías vinculadas con el Tren de Aragua.
Cabe recordar que en la investigación en contra de “Los Gallegos” fueron acusadas 44 personas, las que enfrentarán un megajuicio a fines de año. De hecho, a inicios de septiembre, el mismo juzgado fijó la realización de la audiencia de preparación del juicio oral, la última fase antes de que los imputados enfrenten a sus acusadores ante el tribunal.
Entre las personas imputadas se encuentran seis ciudadanos chilenos que cooperaban de distintos modos con “Los Gallegos”. Uno de ellos es un excarabinero, Sebastián González Castillo, quien tenía su propia banda de narcotraficantes y que suministraba armas y vehículos a la organización criminal, además de dos empresarios: Álvaro Muñoz Sotomayor –dueño de dos discotecas en las cuales se ofrecían los servicios de mujeres esclavizadas por el Tren de Aragua–, a quien se le incautaron 20 mil dólares en dinero efectivo y cuyo objetivo era –según el Ministerio Público– ser enviados al líder de dicho grupo en Perú, Félix Castillo Rondón, cuya extradición fue solicitada por la Fiscalía a la Corte de Apelaciones de Arica, dado que, de acuerdo con los antecedentes de la investigación, desde el año pasado que el sujeto (que actúa como conexión entre Arica y los líderes máximos de la organización, en cárceles venezolanas) se encontraría en Tacna, Perú.
Muñoz se encuentra actualmente acusado como autor de asociación ilícita para la trata de personas con fines de explotación sexual, lavado de activos y tráfico de migrantes, dado que en sus locales era donde se ofrecían los servicios sexuales de las mujeres (venezolanas, en su mayoría), a las que obligaban a trabajar para el clan, algunas de las cuales fueron traficadas (bajo engaño) desde Venezuela, mientras que otras fueron captadas en Tacna o bien Arica, luego de lo cual les eran quitados sus documentos de identidad y las amenazaban con dañar a sus seres queridos en su país de origen.
A cambio de ello, les quitaban prácticamente todo el dinero que ganaban, para pagar la “vacuna” semanal (que llegaba al 75% de sus ingresos), además de lo cual les descontaban más dinero, pues debían pagar el viaje hasta Chile, por el que “Los Gallegos” les cobraban 3,5 millones de pesos. Cuando alguna de ellas intentaba escapar, simplemente era secuestrada, como lo evidencian imágenes halladas por la PDI, que muestran el momento en que una joven intentó hacer abandono (sin autorización) de uno de los locales, ante lo cual dos sicarios la forzaron a entrar en un auto. Luego de ello, fue llevada hasta la casa de torturas con la que “Los Gallegos” contaban en el cerro Chuño, en Arica, donde la presionaron, a fin de que depusiera su actitud. Como indican fuentes vinculadas al caso, a diferencia de otras víctimas, no fue golpeada ni maltratada (pues ello no era bueno “comercialmente”), pero si la víctima no hubiera aceptado seguir con ellos, la habrían asesinado, como sucedió con varias víctimas que eran parte del grupo y que tuvieron problemas con los mandos superiores del mismo, como ocurrió con José Niño Graterol, cuyo cuerpo fue hallado sepultado en el patio de esa misma vivienda.
La solicitud del organismo persecutor se basa en la ley que sanciona la responsabilidad penal de las empresas, que data de 2009, y que permite, entre otras cosas, la cancelación de la personalidad jurídica de las mismas, que es lo que la Fiscalía estaría persiguiendo en este caso, al imputar a las Sociedades por Acciones (SpA) Club Ibiza y Hollywood los mismos delitos por los cuales está ya imputado uno de sus representantes legales (Muñoz). A la audiencia también está citado su socio y representante legal, Patricio Uturvia Heredia, quien, sin embargo, no ha sido imputado en forma personal por ningún hecho en la causa madre.
Por cierto, según pudo establecer la indagatoria, fue Muñoz quien entró en contacto con el encargado de la “Plaza de las mujeres” –es decir, quien estaba a cargo de la explotación sexual– de “Los Gallegos”, Mervin Fagúndez, a quien habría conocido en Lima. La teoría de la PDI al respecto es que ambas SpA fueron creadas ad hoc, con el fin de dotar de una estructura legal en Chile al grupo, pues llamó mucho la atención que, pese a que se trata de locales de diversión, en ambas constituciones de sociedad se incluyeron extensos acápites relativos a “operaciones de comercio exterior”.
[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.
