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Crédito: Agencia Uno
El Serviu de O’Higgins interpuso una querella contra exjefe del servicio de Vivienda de Sebastián Piñera, Manuel Alfaro (Evópoli) y el arquitecto Gustavo Villalobos Rodríguez, asesor del gabinete del Serviu por los delitos de negociación incompatible, tráfico de influencia y prevaricación administrativa en el marco de la realización en 2021 de dos convenios con la Fundación Arquiduc, de la cual este último era parte, por 120 millones de pesos. “Tan refrendada se ve la situación denunciada, que la misma fundación que se ha adjudicado sendos convenios, le compra los elementos necesarios para su ejecución al mismo Sr. Acuña, vale decir, el Sr. Acuña y el Sr. Villalobos son Fundación para adjudicarse los convenios con evidente conflicto de interés, y también son Sociedad Mercantil para vender y comprar materiales con cargo a dineros fiscales”, señala el documento judicial presentado.
El Servicio de Vivienda y Urbanismo de O’Higgins interpuso una querella en contra del exjefe del Serviu de la región Manuel Alfaro Goldberg (Evópoli), durante el gobierno de Sebastián Piñera y mientras el titular de Vivienda era Felipe Ward (UDI), y contra el arquitecto Gustavo Villalobos Rodríguez, entonces asesor del gabinete del exseremi por los delitos de negociación incompatible, tráfico de influencia y prevaricación administrativa en el marco de la creación, en 2021, de un convenio con la Fundación Arquiduc, de la cual este último era parte.
La fundación, ligada al mundo de la educación, se adjudicó dos contratos vía trato directo. Uno por $56.390.000 y otro por $65.412.032. Los contratos se concretaron para realizar trabajos en las comunas Mostazal, Machalí, Rancagua, San Fernando y Peralillo, cuyas obras se enmarcaban en el Programa 100+100 del Ministerio de Vivienda, que dirigía Ward.
Según explican en Vivienda, el convenio había sido firmado por el exjefe del Serviu de Vivienda, Manuel Alfaro (Evópoli), y Carlos Acuña Arévalo (RN), presidente de la fundación Arquiduc -y excandidato a alcalde de Pichilemu-, de la cual era miembro del directorio Gustavo Villalobos, que paralelamente era asesor de Alfaro en su gabinete.
“Habiendo tomado conocimiento este SERVIU de aquella circunstancia, al menos en fecha 11 de marzo de 2021, mediante correo electrónico enviado por el Sr. Acuña acompañando toda la documentación pertinente para la elaboración del Convenio, recién en fecha 5 de abril de 2021 el Sr. Gustavo Villalobos dirige una carta al Sr. Alfaro Goldberg, expresando que “ha tomado conocimiento, de manera informal, de que eventualmente SERVIU y la SEREMI de Vivienda de O’Higgins, a través del programa de Asentamientos Precarios, suscribirían un convenio con la Fundación ARQUIDUC, por lo anterior, informa que pertenece al Directorio de aquella fundación y que por ello se abstendrá a tomar conocimiento, participar en alguna decisión o actuación de cualquier materia relacionada con dicha fundación, con la finalidad de salvaguardar la confianza en el sistema”, señala la querella del SERVIU
Sin embargo, la acción penal de Vivienda asegura que a pesar de “aquella declaración de abstención, en aquella época ya se encontraba todo zanjado en lo que respecta a funciones, presupuesto, plazos” y faltaba solo la resolución que diera luz verde, “lo que vino a verificarse en fecha 15 de junio de 2021” , que aprueba el convenio entre Arquiduc, el Seremi de Vivienda, Felipe Ravanal (UDI) y el jefe del SERVIU, Manuel Alfaro (Evopoli).
El primer convenio contemplaba un proyecto para obras y actividades destinadas a salubridad comunitaria de campamentos, seguridad e iluminación de espacios, y la identificación de necesidades de habitabilidad de los hogares de campamentos precarios entorno al COVID, con un plazo de 12 meses de ejecución que duraba el proyecto. El segundo trato directo, consistía en la intervención de cinco campamentos de las comunas de Mostazal, Rancagua y San Fernando, en orden a materializar un proyecto de Iluminación sobre postes de fierro galvanizado, y la implementación de “un plan de mantención, cuidado y socialización para conservar la vida útil de las luminarias”. El plazo de ejecución sería de seis meses a partir de la transferencia de dinero. En ambos casos el desarrollo y las obras habrían quedado con un avance de menos del 50%.
La querella señala que Arquiduc no fue la primera opción para contratar. De hecho, desde abril de 2019, dos años antes de la celebración del convenio, se mantenía tratativas con la ONG “Autribu” para ser la titular de los convenios, que finalmente fueron adjudicados a la Fundación Arquiduc.
“Autribu representada por Jorge Salgado Ayala comenzó a ofrecer servicios de intervención en campamentos de manera totalmente desinteresada y filantrópica, lo que los llevó a conversar con esta cartera ministerial para la adjudicación del convenio de luminarias, llegando a tal punto de avance, que incluso el convenio ya estaba redactado y listo para ser firmado por las partes en los mismos términos que el adjudicado a Arquiduc, pero que finalmente, y por razones que se encuentran aún en una nebulosa, no se logró concretar, a pesar que días después sí se suscribió el mismo convenio con la fundación Arquiduc”, plantea la querella con apuntando a un contubernio.
De hecho, la querella añade otro elemento suspicaz: las órdenes de compra para la ejecución de los convenios se efectuaron a una sociedad del presidente de la Fundación Arquiduc.
“Tan refrendada se ve la situación denunciada, que la misma fundación que se ha adjudicado sendos convenios, le compra los elementos necesarios para su ejecución al mismo Sr. Acuña, vale decir, el Sr. Acuña y el Sr. Villalobos son Fundación para adjudicarse los convenios con evidente conflicto de intereses, pero también son Sociedad mercantil para vender y comprar materiales con cargo a dineros fiscales. Esto al menos consta de la Factura Electrónica N° 43, emitida en fecha 28 de febrero de 2022 por Sociedad Abbott Acuna Ltda a Fundación Arquiduc, cuyo correo electrónico de la Sociedad figura el del sr. Carlosacuna.arevalo@xxx.com. Para ser justos bien pudiera ser una casualidad, un alcance de nombre, pero a pesar de ello corresponde indicarlo para su correspondiente investigación”, señala el documento presentado.
Según Vivienda, en ambos convenios se advierte “un favorecimiento injustificado, arbitrario y en desmedro de la confianza que debe primar en las actuaciones de la Administración Pública; cuyas adjudicaciones se negociaron directamente con personas que mantuvieron la información de manera muy reservada, pero en su único beneficio”.
“Cabe agregar que a la presentación de esta querella, los convenios se encuentran incumplidos por parte de la Fundación Arquiduc, quienes ya se encuentran en absoluta extemporaneidad para los efectos de dar cumplimiento oportuno, de tal manera que no sólo existe un incumplimiento que habilita a este SERVIU para exigir todas las acciones que franquea la ley para obtener las respectivas declaraciones judiciales con indemnización de perjuicios, sino que además existen situaciones que pugnan con la probidad administrativa, y que constituyen tipos penales necesarios de denuncia”, señala el documento.
