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Imágenes: @vraptoradiestramiento
La seguridad privada chilena cambió drásticamente a consecuencias del estallido social y de la forma en que hoy opera la delincuencia. Cursos de tiro básico y avanzado, conducción a la defensiva (muy apetecidos, gracias a las encerronas y portonazos), servicios de guardaespaldas de alto nivel y arriendo de automóviles de lujo y blindados son parte de lo que hoy se encuentra en un mercado que, solo en su versión tradicional (la referida a guardias de seguridad y transporte de valores) significa tres mil millones de dólares anuales.
Las imágenes son elocuentes: en el polígono de tiro se ve a un hombre que avanza disparando con una pistola Glock en la mano, hasta que se le acaba el cargador. Rápidamente lo saca y recarga, disparando de nuevo. Tanto él como los dos instructores que lo siguen llevan tenidas mimetizadas y cualquiera podría pensar que se trata de un ejercicio militar de la empresa de mercenarios Wagner (que hace poco tiempo llegó a amenazar a Vladimir Putin con un golpe de Estado), pero no.
En realidad, es un video grabado con un teléfono celular en Curacaví y lo que se promociona en él es una escuela de defensa personal creada por ex infantes de marina, que además de cursos de tiro básico y avanzado (los que, aclaran en sus redes sociales, solo efectúan con armas cortas) ofrece otro tipo de habilidades, entre ellos cursos de conducción defensiva, los que son altamente demandados y eran algo insospechado en el mercado de la seguridad chilena hace menos de seis años.
Como explica una fuente del sector: “las encerronas y portonazos abrieron las puertas a una demanda enorme por parte de muchas personas por aprender técnicas destinadas a evadir una persecución”.
En efecto, las condiciones de seguridad en Chile han cambiado ostensiblemente en los últimos años y por ello la demanda por servicios que vayan más allá de los tradicionales guardias uniformados o la instalación de cámaras o alarmas se ha sofisticado y hoy, indica un importante empresario que reside en el sector oriente de la capital, cada vez son más los altos ejecutivos bancarios o CEOs de empresas, sobre todo transnacionales, que cuentan con equipos de PPI (Protección de Personas Importantes), conformados en su mayoría por personas que pertenecieron a las Fuerzas Armadas, Carabineros o la PDI.
En dicho sentido, como la reglamentación vigente no permite que los guardias privados utilicen armas (solo un bastón retráctil), son especialmente cotizados los exuniformados que cuentan con permiso de porte de armas de fuego. Dentro de estos, los más requeridos son quienes alguna vez integraron unidades de comando (como los boinas negras del Ejército), el GOPE (Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros) o la BRTA (Brigada de Reacción Táctica de la PDI), pues se trata de personal altamente entrenado, especialmente en enfrentamiento cuerpo a cuerpo y en situaciones de mucho estrés.
No es lo único que ha cambiado. Hoy existe también en Chile una discreta industria de blindaje de autos y de arriendo de los mismos y hay empresas que ofrecen el arriendo de automóviles de lujo (como Mercedes Benz, Cadillac o Lexus) garantizando que protegen a sus ocupantes de balas calibre 7.62 (las que usa un fusil Ak-47) o del impacto de granadas de mano. Asimismo, hay otras empresas que están especializadas en arrendar camionetas blindadas, las cuales -señalan conocedores de la industria- son cada vez más requeridas en dos puntos del país: del Bío Bío al sur y entre Arica y Antofagasta.
Todos los actores de este mercado, que mueve por lo menos tres mil millones de dólares anuales en Chile, reconocen que el estallido social fue el punto de inflexión en el mismo y que el primer cambio evidente a consecuencia de ello fue la irrupción en el mercado de los llamados “guardias tácticos”.
—Es decir, personal de seguridad equipado con cascos, chalecos, coderas, tobilleras, etc… una tenida táctica, como las que utilizan las unidades de élite de la PDI o Carabineros —explica un ejecutivo del sector, que pide no ser identificado, quien agrega que “fue un verdadero boom. Todos los malls y empresas comenzaron a pedir ese tipo de guardia, pese a que no es barato. El servicio de cada uno sale algo así como 250 UF mensual, mucho más caro que el guardia normal”, detalla.
Ello se fundamenta no solo en la indumentaria y la forma en que “patrullan”, sino por algo más, un plus que descubrió una empresa en particular y que luego comenzó a ser imitada por otras: “comenzaron a utilizar gendarmes en servicio activo” para que trabajaran por horas bajo la misma modalidad, dice la misma fuente, que reseña que, a diferencia de los carabineros, que tienen una prohibición expresa de cumplir funciones de seguridad en sus horas libres (pues su institución es la autoridad fiscalizadora del sector) en el caso de los gendarmes no existe ese impedimento.
—Fue una movida genial, porque los gendarmes conocen muy bien a los mecheros, a los lanzas y a toda la fauna carcelaria y, por ende, comenzaron a filtrar la entrada de malls, supermercados y otros lugares de mucha afluencia de público, dado que al advertir la presencia de algún delincuente que ellos ubicaban se les acercaban y les decían “te conocemos, ándate de aquí” -rememora.
Aunque los mandantes en general estaban muy satisfechos con los resultados había una serie de problemas asociados, como que los uniformes tácticos no cumplen la norma relativa a las vestimentas estándar para seguridad privada chilena (ropa negra, jockey y chaleco de color rojo con material fluorescente, entre otros detalles) y que casi ningún gendarme cuenta con el curso que dicta la Prefectura de Seguridad Privada (OS-10) de Carabineros, que es requisito imprescindible (en el papel) para operar en este ámbito.
Sin embargo, en realidad la mitad de los guardias en Chile (unos 90 mil de un total de 180 mil) tampoco lo tienen y, a diferencia de los gendarmes, muchos de ellos no poseen prácticamente ninguna capacitación relevante o experiencia práctica en lo que significa, por ejemplo, tratar de retener a un delincuente habitual, a la espera de que llegue Carabineros.
La estrategia de utilizar “guardias tácticos” fue rápidamente imitada por muchos municipios, cuyos efectivos de seguridad hoy resultan casi indistinguibles de las fuerzas policiales, por la forma en que están vestidos.
Otros guardias altamente cotizados en la actualidad son los exmilitares y expolicías de origen venezolano, de los cuales han llegado muchos a Chile. Son apreciados por su entrenamiento y porque han estado muchas veces bajo fuego o en situaciones de conflicto y su presencia es evidente en muchos centros comerciales y supermercados de todo el país, así como en servicios más especializados.
Ha habido tal aumento en la demanda por seguridad, que siendo un mercado muy poco regulado, que cuenta con una legislación muy anticuada (tema que abordaremos en un próximo artículo) y que mueve mucho dinero, no son pocos los que se han tentado con salirse de las normas y ofrecer mucho más allá de lo que hoy está permitido. Eso fue, por ejemplo, lo que ocurrió con las empresas V-Raptor y Prosede, propiedad del exmilitar venezolano Ramón Hernández Belisario y del chileno Juan Ruiz Dupré, quien había sido detenido en 2016 por infringir la Ley Orgánica de Investigaciones, usurpación de funciones públicas y falsificación de documentos de uso público, dado que junto a otro sujeto se autodenominaban “Los vengadores” y efectuaban detenciones de delincuentes, haciéndose pasar por oficiales de la PDI.
Hace un mes, Hernández y Ruiz fueron detenidos por la PDI, acusados de mantener un polígono de tiro ilegal en la comuna de Quilicura. Según explicó en ese momento la fiscal jefa de análisis criminal Centro Norte, Tania Sironvalle, se determinó que ambos (junto a otras personas) formaban una asociación ilícita que se dedicaba al tráfico ilícito de armas y de municiones.
La persecutora explicó que “en esta investigación pudimos establecer que existían dos empresas inscritas legalmente en nuestro país, con el rubro de seguridad” y que ambos convocaban a cursos de tiro básico y avanzado, precisando que “las personas no solo eran capacitadas (en el básico) para disparar, sino que cuando tomaban el curso avanzado se les daban una serie de herramientas y conocimientos y prácticas para, por ejemplo, poder disparar en movimiento, en un vehículo, etc.”
Según indicó, para todos estos cursos entregaban a los alumnos, que incluían a menores, armas de fuego que eran arrendadas por ellos mismo (en 25 mil pesos diarios). Al mismo tiempo, les vendían las municiones que se usaban en los entrenamientos, sin contar con autorización alguna para lo uno o lo otro. Además, cualquier persona podía tomar un curso, puesto que no solicitaban antecedentes penales a quienes estaban interesados.
Los múltiples videos de ambas empresas en redes sociales dan cuenta de aquello. En esos se ve a los clientes (muchos de ellos, mujeres jóvenes) disparando desde distintas posiciones, armando y desarmando pistolas, apuntando desde el suelo, corriendo, disparando con un fusil, con escopeta de repetición, haciendo ejercicios físicos, avanzando en cuclillas con una pistola en las manos, etc.
Como se recordará, las diligencias policiales establecieron que al menos 18 funcionarios de Carabineros, incluyendo a un teniente de la guardia presidencial, y tres de la PDI, entrenaron en dicho polígono, por lo cual se abrieron investigaciones internas en sus respectivas instituciones.
La cantidad de armas incautadas en el lugar por la parte de la PDI fue impresionante y las distintas fuentes consultadas aseguran que es un hecho “excepcional” pero, al mismo tiempo, admiten que en el día a día la cantidad de infracciones que se cometen, sobre por todo por parte de las empresas más nuevas en el mercado, no son pocas, y una de ellas es la contratación de personas expulsadas de Carabineros o la PDI por faltas disciplinarias, algo que está estrictamente prohibido por el Decreto 867, de 2018, que reglamenta la actividad.
Sin embargo, como admite uno de los ejecutivos consultados para este reportaje, “la realidad es que no son pocos y ello ocurre porque muchos de los jefes de seguridad o empresarios del rubro son, a su vez, exuniformados, que contratan a sus colegas o amigos que caen en desgracia”.
Y no es lo único. El mismo decreto indica que quienes se desempeñen en seguridad privada deben tener “condiciones físicas y psíquicas compatibles con las labores por desempeñar, especialmente en lo relativo al control de impulsos”, lo que debe ser acreditado por un certificado emitido por un psicólogo o médico (la norma solo dice “facultativo”) en que se acredite “que los servicios prestados por la persona no pondrán en riesgo su integridad física o la de terceros, aun potencialmente”.
Sin embargo, como transparenta un ejecutivo, cuando los guardias no cuentan con la acreditación de OS-10 nadie los obliga (salvo que los fiscalicen) a mandar a su personal a ser evaluado psicológicamente y ello explica varios casos de grescas que se salen de control en lugares de alta afluencia de público, sobre cuando los guardias intentan retener a delincuentes habituados a hurtar bienes en supermercados, por ejemplo.
Como contrapartida, la misma fuente indica que “los guardias están además expuestos a peligros nada de menores. Aunque la mayoría usa chalecos anticortes, los delincuentes habituales están cada día más agresivos y no es raro que porten armas cortantes y que los lesiones“. Además, indica que el peor terror del sector es que un vigilante privado termine muerto en uno de los ya habituales asaltos de bandas armadas en tiendas de tecnología o joyería en malls, hechos ante los cuales “nuestro personal no puede hacer absolutamente nada, lo que deja a los centros comerciales y su clientela en una situación de indefensión, pues un guardia premunido de un bastón retráctil no tiene cómo hacer frente a ocho o diez encapuchados armados con subametralladoras, pero Carabineros a su vez no quiere tener personal adentro de esos lugares, aduciendo que son privados y que por ende lo que corresponde es que sean los guardias privados quienes se hagan cargo de eso”, concluye.
