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Varios documentos desclasificados por la diplomacia y la inteligencia de Estados Unidos revelan una pugna muy soterrada que nunca se apreció en Chile, entre dos poderes a la sombra de Augusto Pinochet: el de Manuel Contreras y el del principal redactor de la Constitución aún en vigencia. En 1991, cuando el entonces parlamentario fue asesinado, un reporte de la CIA expresaba dudas en torno a la verdadera autoría intelectual del crimen, en sintonía con lo que diría también su familia.
La real dimensión y peso que Jaime Guzmán tuvo en la historia de Chile y, especialmente, sus disputas con Manuel Contreras, son un capítulo que aún está por escribirse, pero hay distintas fuentes documentales del pasado reciente que arrojan indicios al respecto. Quizá el más potente respecto del papel que Guzmán tendría luego del 11 de septiembre reside en el Acta Nº1 de la Junta Militar, que sesionó en forma secreta el 13 de septiembre de 1973, a partir de las 09:55 horas, con la presencia de los cuatro comandantes en Jefe, presididos por Augusto Pinochet, más el Secretario General del Ejército, el coronel Pedro Ewing.
Allí, según quedó transcrito, se consigna que “se encuentra en estudio la promulgación de una nueva Constitución Política del Estado, trabajo que está dirigido por el Profesor Universitario Dn. Jaime Guzmán“.
La Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) también sabía de la importancia que Guzmán tenía en el diseño de la institucionalidad que el régimen pretendía implantar, como se refleja en un informe secreto de la Dirección de Operaciones de la CIA, del 8 de julio de 1975, relativo a la posibilidad de que fuera liberado el secretario general del Partido Comunista, Luis Corvalán.
Pocos días antes, Pinochet había anunciado públicamente que no permitiría la entrada a Chile de una delegación de observadores de Derechos Humanos de la ONU, lo que levantó una enorme polvareda. Según la CIA, la idea que comenzó a manejarse al interior de la dictadura en orden a liberar a Corvalán, es que podía tratarse de una “contramedida”, destinada a reducir el nivel de las críticas por el episodio de la ONU.
En dicho contexto, Pinochet realizó un viaje al norte del país, al cual se sumó Guzmán, sorpresivamente. De acuerdo al documento desclasificado ya mencionado, “Jaime Guzmán, un prominente asesor de Pinochet, fue al norte de Chile a unirse a Pinochet, que se encuentra en una gira oficial en esa área. El propósito de Guzmán es hacer lobby para liberar a Corvalán lo antes posible”.
Pese a sus esfuerzos, el líder gremialista no pudo imponerse ante los sectores más duros y no consiguió –en ese momento– su propósito, aunque lo lograría a fines de 1976, cuando se canjeará a Corvalán por el disidente soviético Vladimir Bukovsky, en el aeropuerto de Zúrich.
En julio de 1975, no obstante, el apuro de Guzmán por reunirse con Pinochet y no esperar a que este regresara a Santiago se entiende a la vista de lo que estaba ocurriendo en ese momento en las capitales de Chile y EE.UU.
De acuerdo con otro documento de la CIA, del 10 de julio, “el presidente Pinochet desea que el general Walters reciba un emisario, con el propósito de explicar la posición de Chile en el asunto de los Derechos Humanos, para que lo sepa el secretario Kissinger“.
Walters era Vernon Walters, el general que en ese momento ejercía como Director Adjunto (subdirector) de la CIA, y el emisario que Pinochet mandó un par de días después, desoyendo a Guzmán tras atenderlo en el norte, era Manuel Contreras, el director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), principal responsable de las violaciones a los Derechos Humanos que la ONU quería investigar.
El mismo texto, redactado por los agentes de la CIA en Santiago, dejaba en claro que les parecía que Contreras poco contribuiría a convencer a alguien en EE.UU. sobre la realidad de los DD.HH. en Chile, “dada la distorsionada visión de los líderes chilenos sobre su propia situación“.
No hay documentación específica relativa a ese viaje de Contreras a Washington, salvo un paper del Departamento de Estado (fechado el 24 de agosto de 1975) en que el funcionario que firmaba, solo identificado como “R.V. Fimbres”, contaba que “me reuní con Contreras a través del general Morel a principios de julio, cuando el jefe de la DINA visitó Washington” (Morel era el general Enrique Morel, agregado militar chileno en ese momento).
Este informe precisa que el coronel de la inteligencia chilena efectivamente estuvo en la capital de EE.UU. “explicando las razones de las acciones de Pinochet” en torno a la visita de la comisión de DD.HH. de la ONU.
Lo que sí es claro es que dicha visita ocurrió prácticamente en la misma fecha en que la CIA reconoce –a través del informe Hinchey– que hizo un pago a Contreras por información, lo que ocurrió “entre mayo y junio de 1975”. Si bien el reporte Hinchey asegura que la idea de convertir al jefe de la DINA en informante de la CIA fue prontamente rechazada al interior de la agencia, dado el historial de brutalidades atribuidas al personaje, de todos modos, “por un malentendido”, se le entregó dinero.
Poco más de un mes después, Contreras viajó nuevamente a Washington. El 24 de agosto se reunió con Fimbres, el mismo funcionario del Depto. de Estado con quien había hablado en julio. Cenaron juntos y allí, entre otras cosas, Contreras le dijo que quedaban 600 “presos políticos de línea dura”, 300 de los cuales eran “miristas o extremistas “, anotó Fimbres. Conversaron además sobre otros 17 presos “VIP”, como se los describe en el cable, diálogo que deja en evidencia que Contreras había doblado la mano a Guzmán, pues informó al estadounidense que el número 1 de esa lista, Luis Corvalán, seguiría preso.
Al día siguiente, 25 de agosto, Manuel Contreras almorzó con Vernon Walters, quien envió un informe al director de la agencia de inteligencia norteamericana, en el cual hacía presente que le había dicho al chileno que “la agencia (CIA) no puede proveer entrenamiento ni apoyo para cualquier actividad que pueda ser considerada como ‘represión política interna’. A este respecto, la agencia está muy complacida de la circular del 17 de enero de 1974, del Ministerio de Defensa (de Chile) que entrega instrucciones sobre el tratamiento de prisioneros, de acuerdo a las normas de la Convención de Génova, de 1949“, aunque lo cierto es hasta un año antes la CIA proveyó entrenamiento a la DINA, como consta en al menos dos procesos judiciales chilenos (el caso de Colonia Dignidad y el caso Conferencia).
Sin embargo, parece que Walters no fue el único funcionario de la CIA con quien conversó Contreras. El 29 de agosto, la División Hemisferio Occidental (WHD, por sus siglas en inglés) de la CIA emitió un documento en contra de Jaime Guzmán, basado en fuentes que se identificaban como “autoridades gubernamentales y oficiales militares” de Chile, quienes culpaban a Guzmán y su sector de haber sido ellos quienes habían presionado a Pinochet para no recibir a la delegación de la ONU.
Poco a poco Guzmán logró ir imponiendo sus puntos de vista en el tema de los DD.HH. Ya a principios de 1976 la CIA dejaba constancia de ello. Un reporte confidencial del 20 de febrero de ese año aseguraba que Pinochet estaba “ansioso” por publicar la primera parte de la nueva Constitución durante el primer semestre de ese año, porque se refería a los derechos individuales. Esta actitud del dictador, a juicio de los hombres de la CIA, se debía a las conversaciones que este mantenía con el ministro de Justicia, Miguel Alex Schweitzer; el presidente de la Corte Suprema, José María Eyzaguirre, y Jaime Guzmán, quien habría reconocido a alguna de las fuentes de información de los agentes estadounidenses que había tardado en darse cuenta de la seriedad de los abusos en materia de Derechos Humanos, pero que ya se había convencido de ello y de la responsabilidad que tenía al respecto la DINA.
El mismo memo de la CIA indicaba que, a fines de enero, el nuncio apostólico, Sótero Sanz, se había quejado a Pinochet sobre la “visita” de agentes de la DINA a la Nunciatura, exigiendo la entrega del líder del MIR Nelson Gutiérrez (quien se encontraba allí refugiado).
Sanz, según la CIA, mostró posteriormente a Jaime Guzmán una carta que había escrito al Vaticano, “expresando temor por su propia vida y pidiendo ser redestinado”. Guzmán, a consecuencia de ello, “ahora cree que es su deber tanto garantizar la seguridad del nuncio en Chile, como corregir los abusos de los cuales este habló”.
Cabe mencionar que meses antes de la arremetida de la DINA contra la Nunciatura, el propio Papa Paulo VI había ordenado a la iglesia en general presionar a Augusto Pinochet, luego de conocer la denominada “Operación Colombo”, la que también había pedido a Sanz que investigara. El nuncio fue reemplazado al año siguiente por Angelo Sodano.
Algunos meses más tarde, un informe de la CIA fechado el 3 de diciembre de 1976 relataba la salida de Álvaro Puga como encargado de las comunicaciones del gobierno y señalaba que este había sido remplazado por Hugo Rosende, “hijo de un abogado que ha ganado prominencia recientemente, como resultado de su exitosa defensa de las posiciones del gobierno en importantes casos ante la Corte Suprema”.
Luego de casi una página borrada, el reporte continuaba reseñando que “Contreras también perdió una batalla importante frente a Guzmán y Rosende padre, respecto de la decisión de liberar a todos los prisioneros detenidos bajo estado de sitio”.
Una fuente clasificada (cuyo nombre está borrado) agregó al respecto que “Contreras estaba totalmente en contra de esta política porque, después de la liberación, será difícil justificar la continuidad del estado de sitio”.
Sin embargo, los redactores del informe de inteligencia señalan que más tarde Contreras cambió de opinión, mostrándose a favor de la liberación (cuando esta ya era un hecho), lo que explicaban como “una indicación de cómo se ajusta a los cambios de circunstancias”. Incluso, sin nombrar a Guzmán, el texto evidencia que el jefe de la represión chilena una vez más aprovechó lo que estaba ocurriendo para manchar a su adversario, aseverando que “Contreras mantuvo que ciertos asesores civiles se opusieron a la medida”.
El cable agregaba al final del mismo que “Guzmán ha sido visto haciendo lobby para la inclusión de civiles en el grupo de Asesoría Política (Asep). Específicamente, le gustaría que el grupo de cinco hombres se expandiera para incluirlo a él, a Rosende padre, a Amunátegui y a Sergio Fernández Larraín”, decía el escrito que –como comentario final– explicaba que “el común denominador entre estos civiles es que todos ellos son antiguos seguidores del ex presidente Jorge Alessandri”. Un memorando de la Embajada de Estados Unidos en Santiago, del 11 abril de 1977, reflejaba que, pocos meses después, Guzmán ya estaba completamente posicionado en las esferas del poder.
En un almuerzo con el embajador David Popper, quien calificaba a Guzmán como “un influyente asesor de Pinochet“, el profesor de la UC elogió los comentarios de dos funcionarios estadounidenses sobre un supuesto mejoramiento del tema de los DD.HH. en Chile, lo que a juicio de Popper implicaba que “él piensa que esto podría ser útil para combatir una tendencia dentro de la Junta en orden a creer que, no importa lo que haga, el gobierno no recibirá crédito por las mejoras en la situación de los Derechos Humanos en Chile”.
Pese al optimismo de Guzmán, el estadounidense le representó que “el aparato represivo de la junta en pleno sigue en su lugar y no hay seguridad de que no vayan a reiniciarse las desapariciones misteriosas, las detenciones arbitrarias y las torturas“.
“Guzmán –escribió el diplomático– acordó en general con el análisis” y agregó que Pinochet tendía a tomar medidas “de gran severidad”, debido a la influencia de Manuel Contreras y de alguien que, solo meses antes, los estadounidenses veían como muy cercano al fundador de la UDI: Hugo Rosende.
Luego de ello, Guzmán explicó que él había sido, sin embargo, capaz de revertir esa tendencia a la dureza, añadiendo que le habían requerido su asistencia para la redacción de un discurso de Pinochet, el 18 de marzo anterior, ocasión que había aprovechado para insertar una frase en la cual se sugería que el Consejo de Estado podría convertirse en un cuerpo legislativo con “alguna participación popular determinada”. La conclusión del jurista era que “al aceptar este lenguaje, Pinochet, en efecto, ha reconocido que el gobierno ha ido muy lejos y que es necesario un giro en esa dirección“.
El 9 de noviembre de 1977, un informe de la CIA analizaba la salida de Manuel Contreras del mando de la DINA, junto a su segundo, el coronel Rafael Pantoja, que sería remplazado (según ese paper) por el coronel Walter Doerner Andrade, a quien se identifica en el documento de inteligencia como exdirector de operaciones de la DINA, describiéndolo además como “pro-Estados Unidos, anticomunista incondicional y de puntos de vista conservadores”.
El punto 6 del mismo reporte argumentaba que “un asesor del general Contreras interpreta la salida de este y del general Hernán Bejares González, ministro secretario general del gobierno, que está en retiro, como una victoria significativa para Jaime Guzmán, un asesor civil clave de Pinochet, y otros de línea blanda en el gobierno chileno”. En el mismo sentido, se expresaba que “Contreras, Bejares y el general César Benavides, ministro del Interior, están en el centro del grupo que presiona al presidente Pinochet para mantener políticas de seguridad interna duras, a pesar de la presión internacional sobre Pinochet por mejorar la imagen de los Derechos Humanos en Chile”.
Siempre en el mismo documento, quedaba establecido que “Contreras quedó completamente en shock” con su salida y se comparaba lo que le sucedió con “la actitud del marido engañado, que es el último en enterarse de que su mujer es infiel”. Los analistas de la agencia estadounidense relataban que, una vez asumido el golpe, Contreras –destinado en ese momento a la dirección de la rama de ingenieros militares– comenzó a decir, sin embargo, que “él estaba de acuerdo con el cambio”.
“Aproximadamente a las 18:30 horas del 1 de abril de 91, el senador Jaime Guzmán Errázuriz, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), uno de los partidos de la oposición, fue tiroteado por cuatro posibles terroristas, tras salir del Campus Oriente de la Universidad Católica, al Este de Santiago“, explicaba un cable urgente de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA, por sus siglas en inglés), despachado la noche misma del 1 de abril de 1991, desde la Misión Militar de Estados Unidos en Santiago al Pentágono.
El reporte explicaba que los tiradores habían disparado con armas calibre 9 mm y que dos horas más tarde Guzmán fallecía en el Hospital Militar. Además, se recordaba que el asesinado parlamentario “se opuso fuertemente en el Senado, una semana atrás, a una reforma constitucional que franquea al Presidente la posibilidad de indultar a presos políticos que hayan cometido actos terroristas antes del 11 de marzo de 1990“.
El mismo informe señalaba también que “el Frente Manuel Rodríguez (FMR) se adjudicó responsabilidad por el acto terrorista“, a través de un llamado telefónico efectuado a Radio Minería.
Hasta hoy en día, nadie duda de ello. Existe una larguísima investigación judicial que establece sin lugar a equívocos la responsabilidad material, como autores de los disparos, de dos militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo (FPMR-A): Raúl Escobar Poblete y Ricardo Palma Salamanca. Como autor intelectual está condenado Raúl Hernández Norambuena. A mayor abundamiento, el propio grupo se adjudicó el “ajusticiamiento”.
Sin embargo, 28 días después del crimen, es decir, el 29 de abril de 1991, la Estación de la CIA en Santiago envió un informe de tres páginas a Washington referido al homicidio, el cual estaba dirigido a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), el INR (la Agencia de Inteligencia del Departamento de Estado), la propia DIA, la famosa situation room de la Casa Blanca y los cuarteles del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, en Panamá.
Este cable fue desclasificado en julio del año 2000 y es, probablemente, uno de los documentos más censurados de entre los que ha liberado la CIA respecto de hechos acaecidos en Chile.
De hecho, tiene borrados todos los encabezados y casi todo el texto, salvo los destinatarios y una frase incompleta, en la segunda página, que alcanza a decir “A mediados de abril de 1991”.
Además, sobrevivieron al plumón de los desclasificadores seis líneas del punto 4, donde está tachado el nombre de una fuente de información, quien dijo a los agentes la misma tesis que esbozó en 2013 Ignacio Santa Cruz, director de la película “El tío” y sobrino del senador: que existía información en orden a que “una célula de la facción disidente del FPMR (FPMR-A), que fue infiltrada por el antiguo director de Inteligencia Nacional, general en retiro Manuel Contreras Sepúlveda, llevó a cabo, el 1 de abril, el asesinato del senador derechista Jaime Guzmán Errázuriz“.
Posteriormente se agrega que alguien, quizá la misma fuente o alguien más –lo que no sabremos porque el nombre también fue eliminado por los desclasificadores–, comentó con enojo “esto es desinformación“, sin que sea posible entender si dicha referencia es a la inculpación de Contreras o a otra cosa, dado que no se sabe cuál es el contexto en que se dejaron esas líneas. Por cierto, en 2016 la periodista Rosario Guzmán, hermana del asesinado parlamentario, publicó una “carta abierta” en la cual apuntó directamente a Pinochet como el responsable final del crimen.
Asimismo, es necesario comentar que quien mejor información manejaba en Chile acerca de los movimientos del FPMR era la CIA. Existen numerosas evidencias de cómo esta infiltró a ese grupo, averiguando –por ejemplo– que luego del atentado de 1986 en contra de Pinochet se ordenó un segundo ataque, que luego fue desactivado y, del mismo modo, sabían con detalle que el coronel Carlos Carreño, secuestrado en 1987, sería liberado en Sao Paulo, en un polémico caso donde la propia víctima diría posteriormente que sus secuestradores estaban digitados por los organismos militares de la época.
*La versión original de este texto fue publicada en El Mostrador el 05 de noviembre de 2013.
