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Pese a que hace más de una década que la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) las digitalizó y subió a la web, las actas de la Junta Militar siguen siendo bastante poco conocidas, pese a la importancia que poseen en términos de comprender la arquitectura interna de la dictadura y cuáles eran las verdaderas preocupaciones de los cuatro militares que derrocaron a Allende. Del estudio de las 10 primeras surgen tres temas fundamentales: la creación de una nueva Constitución, el general Carlos Prats, la marginación de los partidos marxistas de la vida nacional y la paranoia del almirante Merino.
“Se encuentra en estudio la promulgación de una nueva nueva Constitución Política del Estado, trabajo que está dirigido por el profesor universitario Dn. Jaime Guzmán”, reza el punto de la primera acta de la junta de gobierno encabezada por Augusto Pinochet, fechada “a trece días del mes de septiembre del mil novecientos setenta y tres”, como dice textualmente en la introducción al texto, en cuya parte superior hay un timbre de tipografía palo seco que dice “SECRETO”.
Luego de ello, se identifica a los asistentes de la reunión (Augusto Pinochet, José Merino, Gustavo Leigh, César Mendoza y el coronel Pedro Ewing, a quien habían designado como secretario general de Gobierno) y se detalla que el encuentro comenzó a las 9.55.
El temario comienza con asuntos irrelevantes en ese momento: que se designó al coronel Jorge Araos como Interino en la Superintendencia de Electricidad, Gas y Combustible, que hay que tomar decisiones en situaciones de emergencia, que es necesario habilitar una oficina para los militares en retiro que quieren cooperar con la junta y otras cosas por el estilo, hasta que aparece el primer punto relevante: que a dos días del golpe ya estaba echándose a andar la maquinaria para una nueva constitución, para lo cual se había designado al creador del gremialismo y profesor de la Universidad Católica, Jaime Guzmán Errázuriz, que sería asesinado en 1991 por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez-Autónomo (FPMR-A), aunque la CIA pensó que quizá había sido digitado desde los sectores más duros de la dictadura.
En esa acta quedó constancia de que el poder legislativo (que los cuatro comandantes en jefe se habían reservado para sí, el día del golpe) estaba irrevocablemente fenecido y por ello era necesario “emitir un bando en el cual se decreta la clausura del Congreso Nacional y la vacancia de sus puestos” (refiriéndose a los parlamentarios).
El tema de la constitución regresaría el 21 de septiembre, como quedó estampado en el acta 7, en la cual se detalla que Leigh “da a conocer memorándum que le ha entregado un grupo de abogados que lo está asesorando en aspectos legales”, luego de lo cual la junta decide dictar un decreto con fuerza de ley “designando una comisión integrada por los sres. Enrique Ortúzar, Sergio Diez, Jaime Guzmán y Jorge Ovalle para que se aboquen al estudio de una nueva constitución política y disposiciones legales complementarias de esta nueva institucionalidad”.
En la décima sesión de la junta, el 27 de septiembre, “se recibe al comité de juristas constituido por los Sres. ORTÚZAR, DIEZ, GUZMÁN, OVALLE Y LEIGH, que asesora a la Junta de Gobierno en materias de su especialidad. El Comité da a conocer un memorándum de las metas fundamentales para una nueva Constitución Política del Estado. Al respecto se acuerda fijar un día en cada quincena para que este comité se reúna con la junta”, dando inicio así formalmente a lo que se conoció como “La comisión Ortúzar”, de la cual nació finalmente la Constitución de 1980. Como indica la misma acta, “la Junta agradece a los integrantes del comité de su desinteresada y patriótica labor (SIC)”.
Volvamos al acta 1. En ella se establece también que “se deberá declarar fuera de la ley a los partidos marxistas”, algo que a contar de 1980 contaría con rango constitucional, al quedar amparado en el Artículo VIII de la Constitución diseñada por Guzmán y los demás abogados.
En contradicción con ello, más abajo se indicaba que “la Junta Militar de Gobierno, así como su gestión, no se abanderizará con ninguna ideología o partido político” y luego agregaba que “los funcionarios que sean empleados deberán ser apolíticos”, detallando, sin embargo, que ello no era absoluto, pues también decía: “salvo excepciones calificadas”.
En el acta número 2, en tanto, se instruía la necesidad de “efectuar una limpieza de los escalafones y terminar con los escalafones paralelos de tipo político”. En el mismo sentido, anotaron en forma bastante confusa que era necesario “reiterar a los miembros del gabinete que los nombramientos de funcionarios públicos deben hacerse sin color político, no significando ello persecuciones ni menor coartar la libertad de trabajo a aquellos de tendencia de izquierda que no sean activistas”.
También ordenaban que “los dirigentes sindicales o gremiales deberán ejercer su trabajo y no se podrá hacer reuniones administrativas o laborales durantes las horas de labor” y que “los estudiantes deberán dedicarse a sus estudios, eliminándose cualquier tipo de asociaciones o federaciones. No se aceptarán huelgas o paros y aquellos que sean detenidos por estas circunstancias, serán destinados a cuarteles de las FF.AA. o Carabineros a efectuar un periodo de instrucción militar”.
Otro punto que se determinó en dicha sesión fue que era necesario romper relaciones diplomáticas con Corea del Norte y “dilatar” dicho procedimiento con Yugoslavia, por motivos que no se indican. En la sesión número 7, en tanto, se informó la ruptura de relaciones diplomáticas con la hoy desaparecida Unión Soviética, luego de lo cual “se entregan los antecedentes a la Secretaría General de Gobierno para su trabajo y difusión urgente por prensa, radio y TV”. Luego de ello, se determinó “estudiar un Decreto Ley relacionado con la libertad de prensa, pero que impida el libertinaje de la misma”.
Cabe señalar que según lo que señalan los documentos, la primera sesión terminó a las 1205 horas del 13 de septiembre, pero la segunda está fechada el mismo día e indica que la reunión comenzó a las 10.45 horas.
Sin embargo, se tiene en cuenta lo que se señala en ella respecto del excomandante en jefe del Ejército, el general Carlos Prats, todo indica que la fecha correcta de la segunda acta es el 14 de septiembre, pero para entender el contexto es necesario recurrir a las memorias del alto oficial (asesinado por la DINA junto a su esposa en Buenos Aires, en septiembre de 1974), quien señala en la parte final de estas que al día siguiente del golpe; es decir, el 12 de septiembre, “llamo a las oficinas del comando en jefe y pido se le comunique al general Pinochet que deseo salir del país, por lo que solicito se me otorgue el salvoconducto correspondiente y se me den las garantías de seguridad necesarias. Se me responde que se transmitirá mi recado al general Pinochet”.
Por cierto, las cosas no iban a ser nada sencillas, aunque solo hasta algunos días atrás Pinochet había sido su leal segundo al mando. Al dimitir al Ejército se lo había recomendado a Allende como la mejor carta, pero así como Prats no previó que, en realidad, estaba más que dispuesto a derrocar al mandatario y que incluso era algo en lo que pensaba desde 1972, como informó El Mostrador, a su vez albergaba una profunda envidia hacia su persona desde la época en que eran cadetes y por ello, como dice Juan Cristóbal Peña en su libro La secreta vida literaria de Augusto Pinochet, luego del golpe, el dictador “siguió los pasos de Prats con una atención enfermiza”, a tal grado que “era una presencia incómoda y persistente para Pinochet”.
A Pinochet se le había metido entre ceja y ceja la idea de que Prats estaba encabezando una suerte de contragolpe, con el concurso de los regimientos del sur del país y le exigió efectuar una declaración televisada, en la cual dijera que no estaba conspirando en contra de él. Es por ello que el punto 1 del acta número dos señala que “el Sr. Gral. Pinochet informa acerca de la declaración voluntaria del Sr. Gral. (R) Dn. CARLOS PRATS GONZÁLEZ para desmentir los rumores de que encabezaría un movimiento militar en contra de la Junta de Gobierno”.
Asimismo, en el punto 6 del mismo documento, bajo el subtítulo “Situación Gral. (R ) CARLOS PRATS GONZÁLEZ”, se expresaba que “se acuerda concederle autorización para salir del país debiendo previamente hacer una declaración pública en que desmienta los rumores que circulan”.
Poco antes, a las 10 horas, Pinochet había llamado a Prats, según las memorias de este último, quien indica que su exsubordinado “me dice que a los muchos problemas que tiene que enfrentar se agrega ahora la versión circulante de que yo estaría dirigiendo las fuerzas de la resistencia, en el sur. Le respondo que él sabe muy bien que ese rumor es totalmente infundado, puesto que no me he visto con nadie ni he salido de Santiago. Me añade que, efectivamente, él sabe que es así, pero me pide que aclare mi situación por televisión. De otra manera ‘va a ser difícil obtener que la junta dé el salvoconducto para salir del país’, añade”.
Tras ello, a eso de las 13 horas, una patrulla militar fue a buscarlo. Lo llevaron hasta la Vicaría General Castrense, donde lo esperaban para grabar. Como rememoraba, allí dijo que “estaba al margen de todas mis convicciones pretender dirigir un movimiento de resistencia, porque no quería contribuir al derramamiento de sangre entre hermanos”, agregando que “mi propósito era salir del país”.
En primera sesión de la Junta comenzó, además, la institucionalización de algo que ya estaba operando de facto y que posteriormente sería conocida como Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), cuyo origen fue el Servicio Nacional de Detenidos (Sendet). En efecto, como indica el acta, “se estudió el problema de los prisioneros de guerra y se decidió que era fundamental resolver esta situación a la brevedad. Para ello se acordó crear una comisión calificadora de detenidos con los siguientes departamentos: depto. jurídico, depto. logístico-construcciones, depto. sanidad, depto. inteligencia”. Este último es lo que, posteriormente, en enero de 1974, terminaría convirtiéndose en la DINA, aunque el decreto que la creó oficialmente fue dictado solo varios meses después.
La segunda acta también dejar constancia de que la junta recibió a dos personajes importantes, que fueron a manifestar sus simpatías a los militares. El primero, según indica el documento, habría sido Claudio Orrego Vicuña (DC), a quien describen como “político y antiguo funcionario de la OEA en Chile”, y de quien decían que “ha ofrecido sus servicios para colaborar con la junta en Chile”. Respecto de él, acordaron “postergar su resolución al respecto, prefiriéndose que permanezca asesorando a nuestro embajador en EEUU”. Sin embargo, fuentes conocedoras de la familia Orrego creen que el nombre de pila que figura en el acta es un error y que, a quien en realidad se debe haber referido esta, era a Francisco Orrego Vicuña.
Asimismo, recibieron al Contralor General de la República (no lo identifican, pero entre 1967 y 1977 dicho cargo fue ejercido por Héctor Humeres Magnan), el cual “presentó su saludo y adhesión al nuevo gobierno, junto con ofrecer su cooperación más decidida en todos los aspectos de su especialidad”.
Otro aspecto fundamental de la arquitectura de la dictadura se refleja también en esa acta, la cual señala que “el Sr. Almirante MERINO informó que un grupo de 30 estudiantes y profesionales técnicos en economía ofrecen sus servicios para cooperar a la junta de gobierno, acordándose ponerlos a disposición del Ministro del Ramo”. Obviamente aún ni siquiera existía el concepto, pero se trataba de alumnos y profesores de economía de la Universidad Católica, casi todos con el correspondiente posgrado en la Universidad de Chicago: los famosos Chicago Boys a los cuales, años más tarde, se les daría la oportunidad de poner en práctica todo lo que habían aprendido en Estados Unidos en cuanto a neoliberalismo.
En el acta 8, en tanto (del 24 de septiembre) se informó a la junta, por parte del ministro de Justicia (Gonzalo Prieto Gándara) acerca de “la forma extremadamente favorable como fue recibido en pleno por la Corte Suprema”.
Otro tema de primer orden para la junta era su (mala) imagen. Así, en la cuarta sesión sus integrantes decidieron que la cancillería debía “proponer nombres de personas bastante idóneas para que visiten países de América y Europa a fin de que den a conocer la realidad del problema actual chileno, cuya imagen se está distorsionando en el extranjero”.
Ante ello, en la reunión siguiente, Merino explicaba acerca “del impacto que ha causado en la política mundial el derrocamiento del régimen comunista de Chile, único en el mundo. Ello ha traído consigo la reacción del comunismo internacional a fin de que no ocurra lo mismo en otros países comunistas, haciendo lo posible por desfigurar esta imagen. Se ha detectado un posible envío de armamento al sur (Isla Mocha y Lebu), lo cual se procederá a investigar de inmediato, efectuando los operativos correspondientes”.
En la sesión siguiente de la junta (el 20 de septiembre) Merino llegó con otra novedad, semejante a la anterior, pues informó “sobre actividades realizadas por activistas en cordillera de Nahuelbuta, al parecer con el fin de iniciar actividades terroristas hacia Concepción y Talcahuano”.
Nada de ello se comprobó, ni tampoco se supo más acerca de otra información agregada por Merino al día siguiente (21 de septiembre), quien aseveró que la noche anterior un buque cubano que antes “fue atacado en el litoral chileno”, había zarpado desde Perú sin permiso, “lo que parece confirmar la sospecha de que a bordo lleva algo importante”.
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