PAÍS
PDI/Polígono ilegal en Quilicura
El proyecto de ley que busca normar el área lleva 14 años de tramitación en el Congreso (sí, leyó bien) y, por indicación del Ejecutivo, busca radicar en la Subsecretaría de Prevención del Delito –como sucede hoy– la tuición del sector, que reúne a más de 180 mil personas que trabajan en seguridad privada y que, además, mueve unos tres mil millones de dólares al año, según las estimaciones del gremio que reúne a las mayores empresas del rubro. Estas dicen que existe un enorme atraso en la entrega de las credenciales por parte de Carabineros, lo que afecta el inicio del trabajo de los guardias. Sin embargo, la policía uniformada niega que eso sea así e indican que ellos lo que fiscalizan es la certificación que entregan cada vez que un postulante rinde exitosamente los exámenes que toma el OS-10, es decir, la Prefectura de Seguridad Privada.
En medio de un mercado en constante crecimiento y que posee intersticios más que ambiguos, especialmente en lo que dice relación con la defensa y protección personal, uno de los principales vacíos que enfrenta la seguridad privada en Chile es la falta de ley al respecto. Hoy, este mercado, que implica unos 180 a 200 mil guardias y que mueve un volumen de dinero superior a los tres mil millones de dólares anuales, solo está regido por un decreto.
El tema no es menor, sobre todo porque a partir del estallido social se trata de un giro de actividades que mutó violentamente, producto de la sobredemanda de seguridad por parte de empresas y particulares, por el cambio de técnicas de la delincuencia local –que ahora no trepida en asaltar tiendas de centros comerciales a plena luz de día– y, también, porque el país enfrenta la llegada de grandes organizaciones transnacionales de crimen organizado, como El Tren de Aragua, Los Pulpos (originarios de Perú) o Los espartanos (procedentes de Colombia), las cuales abrieron nuevos “nichos de negocios” para la delincuencia, entre ellos, el secuestro, la extorsión y el sicariato.
Así, ya no son raros los polígonos de tiro cuyas imágenes promocionales recuerdan más bien a los entrenamientos de la empresa de mercenarios “Wagner”, como informamos en un reportaje anterior. A nadie le llaman mucho la atención, tampoco, diligencias policiales en las cuales se decomisan armas de gran poder de fuego, como fusiles, subametralladoras o pistolas Glock .40, las que, luego de ser modificadas, son más potentes y letales que una UZI.
Es por ello que altos ejecutivos bancarios, CEOs de empresas extranjeras y muchos empresarios de alto nivel cuentan con equipos de PPI (Protección de Personas Importantes), generalmente conformados por excarabineros o exdetectives, y que en este creciente mercado los exuniformados que poseen permiso de porte de armas de fuego sean especialmente cotizados (y más caros), dado que la normativa actual solo faculta para ello al personal de seguridad que custodia valores.
Quizá lo más llamativo de todo es que existe un proyecto de ley al respecto, el cual lleva 14 años de tramitación en el Congreso. Por increíble que parezca, dicha iniciativa legal ingresó en 2009, pero en 2014 se dejó de tramitar y recién se retomó en 2021.
Actualmente, el proyecto está en discusión en el Senado, pero al principal gremio del rubro, Aseva (Asociación de Empresas de Seguridad Privada y Transporte de Valores, que agrupa a grandes empresas, como Brinks, Loomis o Prosegur), no le satisface, entre otras cosas porque el Ejecutivo ingresó una indicación por medio de la cual consagra el rol de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) en dicha área, al catalogarla como “órgano rector en la materia”. Por cierto, eso es lo que hoy ocurre en la práctica, siendo el brazo operativo de la subsecretaría la Prefectura de Seguridad Privada (OS-10) de Carabineros, la que –según distintos ejecutivos de empresas de seguridad– no da abasto ni para autorizar ni para fiscalizar a una fuerza laboral que es tres veces superior a la dotación de la propia policía uniformada, cercana a las 60 mil personas, algo que Carabineros desmiente.
A este respecto, el presidente de Aseva, Hugo Ibaceta, señala que en cuanto al proyecto de ley “estamos un poco pesimistas, porque nosotros hemos presentado nuestras opiniones al respecto, pero no se nos ha invitado a discutir”.
Según explica, “en nuestro gremio tenemos comités técnicos, personas especialistas en la materia. Llevamos muchos años en esto y no se nos ha invitado a debatir o a discutir con argumentos”, siendo uno de los principales focos de preocupación el de la institucionalidad, pues distintos empresarios del sector, que piden reserva de sus nombres, dicen que entregar un asunto netamente técnico como este a una subsecretaría, que será regida por el Gobierno de turno, “es incluso peligroso”, teniendo en cuenta, además, que se trata de un sector que –como ya está dicho– mueve mucho dinero.
Hoy, los problemas que las empresas de seguridad indican tener con Carabineros dicen relación con lo que señalan como una relación muy vertical, basada en la multa o sanción, por lo cual creen que la alternativa más viable no es un órgano netamente político, como una subsecretaría, sino una superintendencia, al estilo de las que existen en otras materias especializadas, que cuente además con autonomía del poder político y que sirva también para dar pie a una suerte de macrosistema de seguridad, en el cual interactúen las policías, los sistemas privados de seguridad y, también, los equipos municipales.
Sin embargo, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara (PPD), argumenta que si bien las superintendencias son uno de los principales fiscalizadores del Estado, “como Ministerio del Interior concluimos que, por su naturaleza de organismos autónomos o servicios descentralizados, no podrían tener mando sobre las policías, lo que es fundamental para controlar a la seguridad privada en el territorio”.
Respecto a radicar la supervisión del área en la SPD, Ibaceta sostiene: “Creemos que va a afectar muchísimo el buen desempeño o el éxito de una ley de seguridad privada” en momentos en que, apunta, “la seguridad es hoy por hoy la primera preocupación de la ciudadanía”.
De hecho, detalla que “la seguridad es creciente en cuanto a necesidad. Estamos presentes en más del 80% de los comercios, ya sea como seguridad física o como por medios tecnológicos, y esto es creciente, es algo que va en alza y ante esto urge la profesionalización”.
En cuanto al atraso en la tramitación de la ley, el subsecretario Vergara explica que “en julio, como Gobierno, presentamos un gran paquete de indicaciones que renueva prácticamente en su totalidad las ideas y visiones de la seguridad privada, basándonos en la experiencia internacional de la última década, especialmente en la legislación española”. En tal sentido, asevera que “el proyecto se hace cargo del fuerte crecimiento de la industria de seguridad privada en los últimos años” y que “con este proyecto se busca promover que cumplan un rol complementario a la seguridad pública”.
Y pese a la quejas del gremio, las multas no solo van a continuar, sino que además van a ser incrementadas, de ser aprobada la iniciativa de ley, pues la autoridad detalla que “se va a proponer aumentar sustancialmente las multas, con hasta 13.500 UTM ($850 millones de pesos, aproximadamente) en el caso de las infracciones gravísimas por parte de las empresas de seguridad privada, pudiendo, además, revocar o suspender la autorización, así como de clausura de locales, ante faltas reiteradas que vulneren la seguridad”.
En el mismo sentido, Vergara asegura que mientras continúa la tramitación del cuerpo normativo, van a “fortalecer la fiscalización de quienes tienen permiso de ejercer la seguridad privada, de manera que las empresas, vigilantes y guardias de seguridad se mantengan dentro del margen de sus labores”, pues indica que, como lo dejó en evidencia el reportaje previo de El Mostrador, muchas de las actividades que se ofrecen “caen en un mercado sin normas, que no asegura ningún estándar de calidad, ni cursos de capacitación, ni protocolos de actuación, ni requisitos mínimos de quienes ofician como guardias tácticos o escoltas para dar seguridad a quienes los contratan, lo que al final del día repercute en la seguridad de las personas”.
“La no entrega de las credenciales es realmente un gran problema que afecta a toda la industria”, asevera Ibaceta acerca del principal inconveniente que, denuncia, existe desde las empresas hacia el OS-10, pues argumenta que cualquier persona que quiera ser guardia tiene que realizar el curso respectivo, pero para que pueda comenzar a trabajar “son mínimo seis meses los que esa persona va a demorar, por parte baja. Tenemos casos en que demora hasta un año”.
Ante ello, señala que la afectación no es solo a las empresas de seguridad, que muchas veces funcionan sin que sus guardias tengan la acreditación, sino que también arriesga a quienes contratan a la compañía, que en el caso de ser fiscalizados, pueden ser objeto de multas.
Por lo mismo, como gremio han interpuesto una serie de reclamos en contra de Carabineros ante la Contraloría, por la tardanza del OS-10 en la entrega de las credenciales que permiten laborar a los guardias acreditados ante dicha instancia, pero la respuesta siempre es la misma: “Que por falta de insumos no las han entregado”.
En dicho sentido, agrega que “estamos esperando finalmente que los recursos lleguen. Entendemos que OS-10 está atado de manos, pues no cuenta con los recursos humanos, técnicos ni de insumos tecnológicos. Todo es papel. En OS-10 no se han sumado a la transformación digital, no se han sumado a las digitalizaciones, a las automatizaciones, firma electrónica o certificado digital. Eso no existe. Quedaron en implementarlo y estamos esperando que eso ocurra, para hacer más expeditos estos procesos que son tan importantes”.
Sin embargo, el coronel Miguel Calderón, prefecto del OS-10 de Carabineros, desmiente las acusaciones de Aseva.
Sobre el atraso en la entrega de las credenciales, indica que “cada vez que una empresa contrata a un guardia de seguridad solicita la impresión de una credencial que demuestre que este guardia está trabajando para ellos. Nosotros hemos desarrollado un sistema tecnológico que directamente, en el proceso de examinación de los guardias, una vez que este rinde su examen, genera de forma automática un certificado digital y este certificado es el que permite que el guardia trabaje y, además, inserta sus antecedentes en nuestra base de datos, que es la que nosotros, como autoridad fiscalizadora, empleamos para la fiscalización de su acreditación. En resumidas cuentas: para todos los procesos en que nosotros efectuamos la fiscalización del funcionamiento de los guardias en los rubros y los escenarios distintos en que ellos trabajan, como, por ejemplo, espectáculos masivos, deportivos, instalaciones y otros, que afectan a los guardias de seguridad, nosotros efectuamos la fiscalización de su acreditación, en base a los registros y bases de datos que tenemos. La credencial es un proceso paralelo, que dice estricta relación con la vinculación que tiene el guardia con la empresa en la cual presta servicios”.
-Según ellos (las empresas) el guardia se expone a multas si no tiene su credencial. Lo que usted me está diciendo, si entiendo bien, es que eso no es tan efectivo.
-Entiende muy bien.
Por su parte, Vergara explica, además, que a futuro se espera que (con la ley) los exámenes de los cursos de capacitación en materia de seguridad privada sigan siendo rendidos ante Carabineros, pero que la certificación sea entregada por la Subsecretaría de Prevención del Delito, “lo que será emitido a través de una plataforma informática, administrada por SPD e interconectada con las autoridades fiscalizadoras de seguridad privada”.
De momento, finaliza el subsecretario, “nuestro foco está en la revisión de las empresas. Por ello, Carabineros instruyó al Departamento OS-10 fiscalizar las instituciones públicas y privadas sin considerar las credenciales, colocando el foco en la certificación y en cumplimiento de los protocolos, además de que los guardias tengan al día los cursos que se imparten. Durante este año, el OS-10 ha realizado 24.803 fiscalizaciones y también se han cursado infracciones que ascienden a 5.128 multas”.
