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Al menos tres de las causas más emblemáticas de la dictadura se han conocido en las últimas semanas, luego de que la Corte Suprema emitiera las respectivas sentencias. La primera de ellas fue por Conferencia II, donde resultaron condenados diversos agentes de la disuelta DINA, como autores del secuestro de varios militantes del Partido Comunista, en 1976. Posteriormente, el máximo tribunal del país absolvió a todos los imputados por la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, confirmando la sentencia de segunda instancia. En tanto, el martes recién pasado, se dio a conocer lo resuelto por el crimen del diplomático español Carmelo Soria, donde también fueron condenados varios exagentes de la DINA, entre ellos, su subdirector, Pedro Espinoza. Por fallar quedan casos muy importantes. Además del de Víctor Jara, se debería sellar el destino de los condenados por la muerte de Rodrigo Rojas de Negri; del exjefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán Castilla –por la Operación Alfa-Carbón–; también de Juan Emilio Cheyre; así como de los asesinos de los cineastas Carmen Bueno y Jorge Müller, y varios más.
Pese a los fallos conocidos en las últimas semanas, quedan aún varias causas muy importantes y emblemáticas que –según fuentes de tribunales– están próximas a ser dadas a conocer por la Corte Suprema, antes de que se cumplan los 50 años del golpe de Estado de 1973, las cuales están siendo redactadas.
Quizá la más simbólica de estas, por la trascendencia internacional que posee, es la relativa al homicidio del cantautor Víctor Jara Martínez. En noviembre de 2021, la Corte de Apelaciones de Santiago dictó un fallo en el cual condenó, como autores de ese crimen y del de Littré Quiroga Carvajal (director nacional de Prisiones en la época de la Unidad Popular), a siete exmilitares. Esto, como autores del secuestro y el homicidio calificado de ambos.
Por el primer cargo, Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana y Hernán Chacón Soto recibieron una pena de 10 años y un día y, por el segundo, 15 años y un día. Otro exuniformado, el exfiscal militar Rolando Melo Silva (padre del exdirector del Sename y actual director ejecutivo de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Rolando Melo Latorre), recibió una pena cinco años y un día como encubridor de los homicidios, y otra condena de tres años y un día como encubridor de los secuestros.
Según la sentencia de segunda instancia, ambos fueron brutalmente golpeados y torturados en el Estadio Chile –actual Estadio Víctor Jara–.
En el caso de Jara, según el Poder Judicial, se le vio durante los tres días de secuestro “visiblemente deteriorado física y anímicamente, con su rostro hinchado con innumerables hematomas, manos ensangrentadas y deformadas, cuyos dedos evidentemente fueron quebrados o fracturados, puesto que se doblaban con facilidad. Fue interrogado ilegalmente y seguidamente sometido a torturas que podían durar toda la noche, incluso se detalla que tenía su mano izquierda lesionada así como su ojo izquierdo, producto de golpes recibidos al regreso de esas declaraciones“.
Sin embargo, no fue lo único, pues las vejaciones llegaron a límites inconcebibles, como “ordenarle apoyar las manos en un muro, las que golpeaban sus captores con las culatas de sus fusiles“.
Los cuerpos de ambos fueron encontrados el 16 de septiembre de 1973 en la vía férrea, cerca del Cementerio Metropolitano. El cadáver de Víctor Jara tenía 44 heridas de bala, y el de Quiroga, 22 impactos.
Cabe mencionar que, además de ellos, un jurado federal estadounidense consideró culpable de la muerte de Jara al también exoficial del Ejército chileno Pedro Barrientos, que desde 1990 reside en Estados Unidos y, de hecho, en 2010 obtuvo la ciudadanía de ese país. Sin embargo, en julio pasado, un juez de Florida lo despojó de ella, al considerar que había mentido en sus trámites de inmigración, indicando que no había participado en genocidios u homicidios.
Otra de las causas emblemáticas que está pronto a ser fallada es la relativa al secuestro calificado de varios miembros de la cúpula del Partido Socialista, causa en la cual la Corte de Santiago condenó a los exagentes de la DINA Miguel Krassnoff, Juvenal Piña, Rolf Wenderoth, Manuel Carevic y Raúl Iturriaga Neumann a 15 años y un día.
También estaría pronto a conocerse el fallo relativo a los miembros del Grupo de Amigos Personales (GAP) y de los asesores cercanos de Salvador Allende que fueron detenidos en La Moneda el mismo 11 de septiembre de 1973, entre ellos Enrique Ropert Contreras, hijo de la secretaria de Salvador Allende, Miria Contreras Bell.
Lo mismo ocurre con la Operación Cóndor, vale decir, la coordinación de los servicios represivos de las distintas dictaduras de América Latina, con el objetivo de actuar en forma internacional. En dicho caso, hay 22 exagentes condenados a penas de entre 20 y 5 años de presidio por los secuestros y desapariciones de al menos 12 personas, las que fueron asesinadas o hechas desaparecer entre Chile, Paraguay, Argentina y otros países. Entre los agentes condenados se encuentran Miguel Krassnoff, Cristoph Willike Flöel, Raúl Iturriaga Neumann y Juan Morales Salgado.
Entre sus víctimas hay casos como el de Jorge Fuentes, militante del MIR que participaba en la creación de la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR), y de Alexei Jaccard Siegler, ciudadano suizo, que era correo del Partido Comunista y que fue secuestrado en Buenos Aires, entre otros.
Igualmente, se estima posible que sea fallada próximamente una de las aristas de la Operación Colombo –el montaje por medio del cual la DINA quiso hacer creer que 119 detenidos desaparecidos se habían ejecutado mutuamente en Argentina–, en lo relativo a los casos de Ariel Salinas, Rodrigo Ugas, Carmen Bueno y Jorge Müller, estos últimos cineastas y pareja.
Aún no se han producido los alegatos finales de varios otros casos, incluyendo uno de los que más complicaciones significó para la dictadura de Pinochet, el llamado caso Quemados, ocurrido en 1986, cuando una patrulla militar prendió fuego a la entonces estudiante Carmen Gloria Quintana y al fotógrafo chileno, pero con residencia en Estados Unidos, Rodrigo Rojas de Negri.
Por el crimen calificado de ambos –homicidio frustrado, en el caso de Carmen Gloria Quintana–, en segunda instancia fueron condenados 10 miembros del Ejército. Cuatro de ellos (Julio Castañer González, Iván Figueroa Canobra, Nelson Medina Gálvez y Pedro Fernández Dittus) recibieron 20 años, como autores de ambos hechos. Un segundo grupo, conformado por quienes fueron considerados cómplices (Leonardo Riquelme Alarcón, Walter Lara Gutiérrez, Juan Ramón González Carrasco y Pedro Franco Rivas), fue sentenciados a 10 años y un día, mientras que otros dos exuniformados (Francisco Vásquez Vergara y René Muñoz Bruce) fueron condenados como encubridores, recibiendo penas de 3 años y un día y 541 días, por el crimen de Rojas y de Quintana, respectivamente.
Asimismo, aún queda por determinarse la suerte que correrán, a nivel de Corte Suprema, los cuatro exfuncionarios del Ejército y uno de Gendarmería que fueron acusados como autores de los homicidios consumados de dos presos de la antigua Cárcel Pública de Santiago y los homicidios frustrados de otros cinco internos, a los cuales entregaron alimentos que habían sido previamente infectados con la toxina botulínica, en un caso que está estrechamente ligado con la investigación por la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva.
Los cuatro primeros fueron condenados a 15 años y un día y se trata de Joaquín Larraín Gana, Jaime Fuenzalida Bravo, Eduardo Arriagada Rehren y Sergio Rosende Ollarzú. Arriagada, médico pediatra de profesión, llegó a ser general de Ejército, institución en la cual no solo fue director de Sanidad, sino que además estuvo al mando del Instituto Bacteriológico y de la clínica London, que era manejada por la DINA. Rosende, en tanto, era veterinario de profesión y llegó a ser coronel de Ejército.
Asimismo, en los próximos días deberían producirse varios alegatos en la Corte Suprema relativos a varias causas de gran relevancia por violaciones a los DD.HH. ocurridas durante la dictadura en regiones. La primera de ellas es la Operación Alfa-Carbón, un raid ejecutado entre los días 23 y 24 de agosto de 1984 por miembros de la CNI entre Concepción, Los Ángeles y Valdivia, que consistió en el exterminio de la cúpula del MIR en esas ciudades.
Esta operación, además, se supo públicamente a consecuencia de la llamada “Matanza de la Vega Monumental” (23 de agosto de 1984), como se denominó a la ejecución cometida por la Central Nacional de Informaciones (CNI), delante de cientos de testigos, de dos de sus víctimas, las que fueron ejecutadas cuando el taxibús en que huían desde Talcahuano fue interceptado frente a la Vega Monumental de Concepción. A diferencia de muchos otros casos, este estuvo durante casi 20 años paralizado, dado que la justicia no daba con sus autores, pues todos los agentes de la CNI que habían participado utilizaron nombres falsos.
Por estos crímenes, en junio del año pasado, la Corte de Apelaciones de Concepción condenó a 17 miembros de la CNI, entre ellos, dos de sus jefes operativos: Álvaro Corbalán Castilla y Marcos Spiro Derpich, ambos condenados a 25 años.
También están pendientes los recursos de casación por el homicidio calificado del médico Hernán Henríquez Aravena, en Temuco, caso en el cual está condenado a 12 años de presidio el exfiscal militar Alfonso Podlech Michaud, así como la arista de La Serena del caso conocido como Caravana de la muerte, por el cual está condenado el excomandante en Jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre. El general del “Nunca más”, que además está procesado por la justicia militar (por malversación de caudales públicos), fue sentenciado a 3 años y un día de libertad vigilada, como encubridor de 15 homicidios, entre ellos, el del destacado músico Jorge Peña Hen.
