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Entre quienes no han sido habidos se encuentran no solo individuos que fueron funcionarios de la DINA, CNI, Carabineros o las Fuerzas Armadas, sino también uno de los pocos civiles que ha sido condenado por su participación en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Se trata de Luis Enrique Barrueto Bartning, condenado por los crímenes cometidos contra campesinos de Santa Bárbara, en los cuales él y su hermano actuaron como una suerte de fuerza paramilitar que operó junto con Carabineros.
Un listado que contiene a 10 exagentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) y de su sucesora, la Central Nacional de Informaciones (CNI), Carabineros y la inteligencia naval, así como a un civil, prófugos de la justicia y que están condenados por diversos delitos de lesa humanidad, dio a conocer la oficina del abogado Nelson Caucoto, especializado en derechos humanos. Se trata de sujetos que se encuentran acusados como autores y coautores de delitos como secuestro calificado, homicidio calificado y aplicación de tormentos, entre otros.
El primero de ellos es el exoficial de Carabineros (y dirigente gremial de los uniformados en retiro) Héctor Fernando Osses Yáñez, quien fue condenado como autor en al menos seis casos por asesinatos en la Población San Gregorio. Es quien más tiempo llevaría escapando de la justicia, pues no es habido desde octubre de 2021.
Lo secunda el exagente de la CNI y oficial de Ejército Jorge Vargas Bories, sentenciado como coautor del asesinato del militante del MIR Federico Álvarez Santibáñez, a la pena de 10 años y un día.
En tercer lugar se encuentra Rubén Aroldo Morales López, oficial de Carabineros en retiro, condenado a 10 años y un día de presidio mayor como autor del homicidio calificado de Jorge Vásquez Matamala.
Otro de los prófugos (y el único civil de la lista) es Luis Enrique Barrueto Bartning, agricultor condenado a 10 años y un día como coautor de siete secuestros calificados (desapariciones forzadas) perpetrados en la comuna de Santa Bárbara, en las cuales él y su hermano actuaron como paramilitares que, junto con personal de Carabineros, secuestraron e hicieron desaparecer a varios campesinos.
Los tres exagentes que se encuentran prófugos son todos sujetos condenados en el marco del caso Conferencia II, que fue recientemente fallado por la Corte Suprema de Justicia. Se trata del exoficial de Ejército Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda, el exoficial de la Armada José Miguel Meza Serrano y el exsuboficial de Ejército Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme. Todos ellos fueron sentenciados a la pena de 12 años de presidio como coautores de los delitos de secuestro calificado de Fernando Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez; y a tres años de presidio por los delitos de secuestro simple de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Berríos.
Víctor Álvarez Droguett, exintegrante del Ejército y de la DINA, está condenado a la pena de 15 años y un día como coautor de los delitos de homicidio calificado en contra de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Yalú Berríos Cataldo. En el mismo caso fue sentenciado, además, a tres años como autor de delito simple.
También fue condenado a la pena de 12 años como coautor de los delitos de secuestro calificado en las personas de Fernando Alfredo Navarro Allendes y de Héctor Véliz Ramírez. Cabe mencionar que Álvarez, adicionalmente, registra una condena de 10 años de presidio por el secuestro calificado de Marta Ugarte Román.
El noveno en el listado es Alberto Roque del Sagrado Corazón Badilla Grillo, oficial en retiro de la Armada, sentenciado a las penas de 12 años y 541 días, como autor del delito de homicidio calificado y aplicación de tormentos, respectivamente.
El top ten de los violadores de los DDHH que se encuentran prófugos lo cierra Juan Dionisio Opazo Vera, exconscripto que fue sentenciado a la pena de 10 años y un día, como coautor de 38 homicidios calificados, por los homicidios cometidos en contra de Campesinos de Paine, en 1973.
Al respecto, el abogado Francisco Bustos señala que “hace unos meses habíamos advertido sobre agentes prófugos por delitos de lesa humanidad, especialmente algunos desde 2021, o 2022, lo cual debería ser prioridad para las autoridades”, agregando que “debemos considerar especialmente que han sido condenas pronunciadas mucho tiempo después por los obstáculos de la impunidad y que los deberes que tiene el Estado chileno respecto de esta clase de crímenes no se agotan en el deber de juzgar y eventualmente sancionar. Debe sancionarse con penas proporcionadas y, junto con eso, el Estado además debe velar por el cumplimiento efectivo de dichas sanciones”.
Sin embargo, indica que “también hay algunas buenas noticias, como la detención de dos prófugos este año, además de que los sentenciados de una decena de otros procesos recientes se encuentran cumpliendo sus penas”. Con los dos primeros se refería a Manfredo Enrique Jurgensen Caesar, médico de la CNI, sentenciado a 8 años y un día de presidio, como coautor del homicidio calificado de Federico Álvarez Santibáñez. Jurgensen estuvo prófugo desde enero de este año, pero fue detenido en junio en Buenos Aires, cuando intentaba abordar un vuelo a Alemania. Sin embargo, falleció días después, mientras estaba privado de libertad, sin que alcanzara a ser extraditado a Chile.
El otro prófugo encontrado fue Olegario Enrique González Moreno, exmilitar y parte de la DINA, que fue condenado como coautor de nueve secuestros calificados a la pena de 10 años y un día. Este comenzó a cumplir su condena recién el mes pasado.
Foto principal: Héctor Fernando Osses Yáñez, Rubén Aroldo Morales López, Alberto Roque del Sagrado Corazón Badilla Grillo, Jorge Octavio Vargas Bories y Luis Enrique Barrueto Bartning.
