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Crédito: Agencia Uno
Tras 45 días de trabajo, la Comisión Asesora Ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) y el Estado entregó los resultados de su trabajo, la que tuvo como objetivo mejorar la agenda de probidad del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Entre las más destacadas, se anuncia la creación de una Ley general de transferencias, la creación de un Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas en Chile con o sin fines de lucro, y aumentar los estándares de control a corporaciones municipales y regionales en el sistema de gestión y control oficial de cada municipio, para evitar nuevos casos Convenios. En el punto del Registro Nacional, la medida apunta a que cumpla con “estándares y buenas prácticas del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE”. Esto, con la intención de prevenir que personas jurídicas sean utilizadas en actividades ilícitas, tales como el narcotráfico, la corrupción o la evasión de impuestos y conocer a las personas naturales detrás de asociaciones. En conversación con El Mostrador, Jaraquemada explicó que algunas de estas medidas anunciadas necesariamente serán ingresadas como un proyecto de ley del Ejecutivo, pero que otras pueden ser medidas de gestión.
Tras 45 días de trabajo, la Comisión Asesora Ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) y el Estado entregó los resultados de su trabajo, la que tuvo como objetivo mejorar la agenda de probidad del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, en medio del escándalo por las transferencias que han recibido fundaciones como Democracia Viva o Urbanismo Social —ligadas al partido frenteamplista Revolución Democrática— de parte de entidades estatales.
La comisión, al respecto, propondrá al Presidente 46 medidas concretas para mejorar la regulación y relación entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro, las que tendrán que ser evaluadas por el Ejecutivo para su posible implementación. Entre las más destacadas, se anuncia la creación de una Ley general de transferencias, la creación de un Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas en Chile sin fines de lucro, y aumentar los estándares de control a corporaciones municipales y regionales en el sistema de gestión y control oficial de cada municipio, para evitar nuevos casos Convenios.
En el punto del Registro Nacional, la medida apunta a que cumpla con “estándares y buenas prácticas del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE”. Esto, con la intención de prevenir que personas jurídicas sean utilizadas en actividades ilícitas, tales como el narcotráfico, la corrupción o la evasión de impuestos y conocer a las personas naturales detrás de asociaciones. “Es una de las reformas que más importantes serán no solamente para combatir la corrupción, el lavado de dinero del narcotráfico, sino también hacer que nuestro mercado, la economía, funcione mejor con incentivos adecuados”, indicó en su tiempo la economista Jeannette von Wolfersdorff, quien también participó en la comisión de expertos.
En conversación con El Mostrador, la presidenta de la comisión, María Jaraquemada explicó que algunas de estas medidas anunciadas necesariamente serán ingresadas como un proyecto de ley del Ejecutivo. “Alguna de ellas van a requerir proyectos de ley para concretarlas”.
“Por ejemplo nosotros creemos que se debe dictar una ley general, que sea un marco mínimo y común para todas las transferencias que haga el Estado a las instituciones privadas sin fines de lucro. Por lo tanto, algunas de ellas van a requerir proyectos de ley”, agregó.
Por otro lado, hay otras medidas, según Jaraquemada, que pueden “ser medidas de gestión, como perfeccionar los registros que hoy en día existen. Nosotros creemos que deben unificar, deben conversar, tener información completa. Finalmente tienen que ser interoperables. Y otras gestiones que tienen que ver, por ejemplo, con cómo se genera la ley de presupuesto. Eso pueden ser medidas de gestión”.
“Sin duda esto va a requerir un un trabajo conjunto, tanto del Gobierno, como el Congreso. Y también en algunos casos, otras entidades que intervienen en esta relación del Estado con instituciones privadas sin fines de lucro, como puede ser la Contraloría General de la República, entre otras. Nosotros esperamos de esto, tal como señaló el Presidente, es que el Gobierno lo revise y de cuenta ante la ciudadanía de qué es lo que va a hacer con estas propuestas, qué va a implementar, cómo lo va a a hacer, en qué plazos”, añadió.
“Nosotros tratamos de tener una mirada sistémica y a más largo plazo. Entonces sabemos que muchas de estas cosas debieran trascender a este gobierno. Debiera haber una mirada de Estado. Todo lo que tiene que ver con el perfeccionamiento de la integridad y modernización del Estado es un ejercicio continuo. Esperamos que esto siente la base de una hoja de ruta, de un trabajo conjunto. Sin duda va a requerir tiempo, y esperamos que permanezcan los esfuerzos, y no respondan solo a la contingencia, como suele ocurrir en nuestro país“, cerró.
Francisco Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia, celebró los anuncios. “Me parecieron súper buenas las propuestas, las que dijeron y las que anunciaron ahí me parecieron más de lo que yo me hubiese imaginado que se iba a proponer en una cosa de este tipo”, dijo a El Mostrador.
“Obviamente hay que leer bien el documento, hay que leer la letra chica y que estudiarlas bien. Si siguen siendo tan buenas, las vamos a celebrar. Si falta algo, vamos a decirlo también. Pero mi primera impresión es que es muy buena y que me da alegría también por Chile, porque cuando tenemos un problema son las cosas que que deberían unir a todos y permitirnos trabajar en común. Obviamente no cubren todo el espectro de lo que debe ser modernizado en el Estado y hay que seguir avanzando. O sea, no tienen que ver con la Ley de Transparencia 2.0, con la modernización de Contraloría, con las empresas públicas, con mil cosas más. Pero en el ámbito en que se pusieron el foco está bien”, finalizó.
En su alocución, el Presidente Gabriel Boric afirmó que “cada peso que se desvía a otros intereses significa reducir la capacidad del Estado para responder a la ciudadanía”. A su juicio, “por mucho tiempo se instaló una suerte de inercia que permitía o iba reproduciendo algunas malas prácticas, discrecionalidades o abusos”.
“En el corto plazo vamos a presentar al país y al Congreso el camino para materializar estas propuestas y esperamos contar con apoyos transversales para profundizar la probidad y transparencia”, expresó el Mandatario.
Desde la publicación del Decreto que la creó, su labor se extendió por 45 días corridos, finalizando el 26 de agosto. La Comisión estuvo integrada por María Jaraquemada como Presidenta de la instancia, y por los comisionados Ramiro Mendoza, Jeannette von Wolfersdorff, Ignacio Irarrázaval y Francisco Agüero. La secretaría ejecutiva del equipo quedó en manos de Valeria Lübbert, quien actualmente cumple el mismo rol en la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia de la Segpres.
Durante la jornada, se anunciaron algunas de las medidas. Entre las recomendaciones de la comisión se plantea una ley permanente que regule de manera general y supletorio las transferencias estatales a instituciones privadas con y sin fines de lucro.
También se recomienda ampliar la cobertura del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (SISREC) de la Contraloría General de la República, como portal único de rendición de las transferencias del Estado.
En otro aspecto, se plantea crear un Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas en Chile de acuerdo con los estándares de buenas prácticas del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE.
También hay otras ideas como crear un portal electrónico de información sobre transferencia de recursos públicos al sector sin fines de lucro, integrar a todas las corporaciones municipales en el sistema de gestión y control oficial de cada municipio y establecer la obligación de alcaldes de informar al Concejo Comunal de transferencias, proyectos de inversión o iniciativas, independiente del monto, aplicando lo mismo para gobernaciones.
Además, se propone reducir el monto de 7000 UTM para que el gobernador regional requiera la aprobación del Consejo Regional para proyectos de inversión e iniciativas.
Finalmente, se plantea incorporar una incompatibilidad general en materia de contratación y transferencias para incluir las relaciones de pareja no formales, como ha ocurrido en materia de legislación penal sobre femicidio y de violencia intrafamiliar, así como para aquellos con que tienen o han tenido un hijo en común.
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