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Un lapidario informe de Contraloría dado a conocer este jueves confirmó la corrupción en el caso Democracia Viva. Sin embargo, mientras el contralor Jorge Bermúdez advirtió que no hay posibilidad de recuperar los recursos transferidos a la fundación ligada a RD, el ministro Carlos Montes aseguró que se están tomando medidas proactivas y que ya se ha recuperado una parte importante del dinero entregado. En tanto, el Presidente Gabriel Boric, quien se encontraba en una cena organizada la Sonami a la hora que se reveló el documento del fiscalizador, afirmó que “quienes cometan actos de corrupción en nuestro Gobierno, sean cercanos o lejanos, sea en este Gobierno, del Gobierno anterior o de cualquier otro, tienen que hacerse responsables de aquello y acá nada de esto se va a meter bajo la alfombra”.
“No hay ninguna posibilidad de recuperar esos recursos”, alertó el Contralor General de la República Jorge Bermúdez en una entrevista en Televisión Nacional. Con esta declaración, el jefe del ente fiscalizador dio a conocer un lapidario informe sobre el caso Democracia Viva, documento de 95 páginas que constató la existencia de corrupción en el traspaso de fondos entre la Secretaría General Ministerial (Seremi) de Vivienda de Antofagasta y la fundación ligada al partido frenteamplista Revolución Democrática (RD).
Bermúdez aseguró que “no existía ninguna justificación” para que Democracia Viva sea la fundación elegida para adjudicarse tres convenios por 426 millones de pesos, fondos de los cuales la fundación ligada a Daniel Andrade (exmilitante RD) debe devolver 391 millones de pesos, según determinó la Seremi de Vivienda, el 92% de los convenios con el Minvu.
En palabras del contralor, se hicieron 15 observaciones en el informe, todas graves, pero destacó las más críticas: que los servicios públicos y gobiernos regionales, para no perder presupuesto de un año, lo transfieren a quien sea, para demostrar una buena ejecución presupuestaria y se saltan los procesos. Y que no existe regulación en esta materia.
La información recabada por la Contraloría fue remitida al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), querellante en la causa.
Cabe mencionar que el documento de Contraloría instruye un conjunto de medidas que deben adoptarse por la Seremi de Vivienda de Antofagasta en coordinación con el nivel central, entre otras, implementar procedimientos de selección, contratación, seguimiento de la ejecución de los contratos y revisión de rendiciones. Además, de incorporarse al Sistema de Rendición de Cuentas de la CGR, lo que garantizará transparencia al proceso.
Medidas que el titular del ministerio de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, aseguró que están en línea con lo que su cartera ha venido trabajando y que forman parte de la Agenda de Modernización, Probidad y Transparencia, que el propio secretario de Estado presentó el pasado 2 de agosto.
“En el Minvu hemos desarrollado un trabajo serio para que cualquier tipo de irregularidad sea perseguida y castigada. Junto con ello, hemos trabajado para evitar que este tipo de situaciones se repitan, por eso presentamos las 19 medidas en la agenda de Modernización, probidad y transparencia del MINVU. Todas las medidas a las que apunta la Contraloría ya están en marcha de manera proactiva, de hecho, hemos estado trabajando en el rediseño completo del Programa de Asentamientos, estamos implementando un Sistema de Integridad, Transparencia y Seguridad de la Información del MINVU y fortaleciendo a nuestra institución”, aseguró el ministro Montes.
El secretario de Estado agregó que “el ministerio está llevando adelante todos los cambios y ajustes necesarios que permitan impedir que los recursos destinados a las chilenas y chilenos más necesitados se transformen en el botín de inescrupulosos”.
En este sentido, el ministro Montes recalcó que tanto los antecedentes, como los resultados de las investigaciones que él instruyó al interior del Minvu, han sido entregados de forma proactiva al Ministerio Público, así como también al Consejo de Defensa del Estado, insumos que fueron utilizados por esta última entidad para querellarse contra Democracia Viva.
“Quiero ser enfático, acá ya se recuperó buena parte del dinero que se le entregó a la fundación, son más de 290 millones de pesos los que están retenidos en la justicia y haremos todo lo que la institucionalidad disponga para recuperar el resto”, sostuvo Montes, en contraste con la declaración del contralor, aunque Bermúdez dijo estar de acuerdo con los dichos del ministro sobre la dificultad de devolver los dineros otorgados.
Mientras Bermúdez aparecía en televisión, el Presidente Gabriel Boric encabezaba la Cena Anual de la Minería, organizada por la Sociedad Nacional de Minería (Sonami). “Mientras nosotros estamos reunidos acá me contaban que estaba el contralor de la República dando una declaración y señalando que en el caso de Democracia Viva hay corrupción. Y qué bueno que se sepa de manera clara y categórica”, señaló.
El Mandatario afirmó que “quienes cometan actos de corrupción en nuestro Gobierno, sean cercanos o lejanos, sea en este Gobierno, del Gobierno anterior o de cualquier otro, tienen que hacerse responsables de aquello y acá nada de esto se va a meter bajo la alfombra”.
Y reiteró: “Desde el Gobierno (habrá) toda la cooperación, colaboración, pero también de manera proactiva, porque cuando se nos mete la corrupción en el Estado se debilitan las instituciones y cuando se debilitan las instituciones se debilitan las confianzas, y sin confianza, un país no progresa”.
“Me alegro que tanto el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el mecanismo a través del cual el Estado defiende sus intereses, que son los intereses de todos los chilenos, haya decidido querellarse en el caso de Democracia Viva y que hoy día también el contralor esté avanzando en la misma dirección”, concluyó Boric.
El informe de la Contraloría General de la República (CGR) revela las siguientes irregularidades:
La CGR recomienda la implementación de un procedimiento de concursabilidad para la selección de entidades y sugiere iniciar un sumario para determinar posibles responsabilidades administrativas en las entidades involucradas. También se destaca la importancia del cumplimiento del principio de probidad administrativa y la necesidad de planes de trabajo en los convenios de transferencia de recursos.
