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Tres fundaciones ultraconservadoras chilenas aprovechan vacíos legales para proteger la identidad de sus donantes, mientras actúan en la esfera pública para limitar los derechos reproductivos, así como de igualdad de las mujeres y personas LGBTIQ+. Detrás de estas organizaciones están Pía Adriasola, esposa del excandidato presidencial republicano José Antonio Kast; Heriberto Urzúa Sánchez, empresario cercano a Sebastián Piñera, exdirector de Icare y actual consejero de la Sofofa; y la empresaria del molibdeno Ismini Anastassiou. “Las donaciones que gozan de beneficios tributarios, al final, son pagadas por toda la ciudadanía”, dice Branislav Marelic, abogado especialista en derechos humanos.
Chile Unido, una fundación antiabortista bien dotada de recursos e influencia, decidió ir a la justicia para evitar que se conozca quiénes son sus donantes privados.
El caso puede poner fin a la opacidad que blinda a las donaciones a personas jurídicas sin fines de lucro en Chile.
El sitio británico openDemocracy y el medio de comunicación La Pública, en alianza con El Mostrador, revelan cómo tres fundaciones conservadoras –Chile Unido, Cuide Chile y la Organización de Investigación, Formación y Estudios de la Mujer (ISFEM)– aprovechan vacíos legales para proteger la identidad de sus donantes, mientras actúan en la esfera pública para limitar los derechos reproductivos, así como de igualdad de las mujeres y personas LGBTIQ+.
Los tres grupos también tienen en común que son liderados por personas con poder político y económico, accionistas de empresas o integrantes de familias influyentes, algunas con acceso privilegiado al Congreso, como Pía Adriasola, esposa del excandidato presidencial republicano José Antonio Kast; la empresaria del molibdeno Ismini Anastassiou Mustakis; y Heriberto Urzúa Sánchez, empresario cercano a Sebastián Piñera, exdirector de Icare y, desde 2021, consejero de la Sofofa.
La filantropía corporativa se ha vuelto una actividad económica en sí misma, con millonarios montos transferidos desde empresas a fundaciones y organizaciones que se ocupan de tareas como educación, deporte y cultura. Los donantes reciben a cambio beneficios tributarios. Pero no hay estándares de transparencia de esta forma de “inversión social”, ni claridad sobre la procedencia de los fines perseguidos.
Blindadas por el secreto tributario, estas organizaciones han podido mantener en las sombras a sus donantes, pese a declarar las donaciones en sus informes financieros al Servicio de Impuestos Internos (SII). Además, deben presentar sus memorias anuales y balances al Ministerio de Justicia, pero no hay penalización si no lo hacen.
“Tenemos un problema con las organizaciones de la sociedad civil”, dijo en una entrevista el abogado y profesor de Derecho Administrativo Luis Cordero, antes de ser nombrado en enero de este año ministro de Justicia. “Las políticas de transparencia están sujetas a la autodeclaración de las instituciones”, añadió.
El SII publica un listado de donaciones anuales, actualizado hasta 2022, que se basa en los montos registrados en las declaraciones de impuestos de las personas jurídicas. Pero la información es incompleta y no permite a una persona de a pie conocer qué iniciativa, programa o proyecto obtiene financiación filantrópica o corporativa. Tampoco permite localizar la fuente de las donaciones recibidas por organizaciones civiles y sin fines de lucro.
“La legislación en Chile no garantiza en lo más mínimo que se conozcan los principales financistas de las fundaciones que (en su accionar) muchas veces tienen un impacto en la agenda pública”, dijo Eduardo Engel, economista que lideró el consejo asesor creado en 2015 por la expresidenta Michelle Bachelet para luchar contra la corrupción, y que hoy forma parte del centro de estudios Espacio Público.
Ni ISFEM ni Cuide Chile han presentado memorias y balances anuales al Ministerio de Justicia. Tampoco declaran al SII haber recibido donaciones.
Chile Unido, en cambio, sí ha presentado memorias y balances y también declaró al SII donaciones privadas, pero cuando se intentó conocer la identidad de los donantes, la fundación recurrió a la justicia para mantener esos datos en secreto.
En una investigación que incluyó la revisión de 15 años de agendas legislativas y una base de datos de 45 organizaciones civiles, Open Democracy y La Pública lograron seguir la única pista sobre los recursos que manejan estos grupos para influir en políticas públicas.
Los vínculos de Cuide Chile con el Partido Republicano, que lidera el excandidato presidencial José Antonio Kast, son claros, pero su financiamiento es desconocido. Tres de sus integrantes, Andrea Iñiguez, la directora ejecutiva Pamela Pizarro y Camilo Cammás, se presentaron a las elecciones parlamentarias de 2021 por el partido de Kast, aunque ninguno resultó electo.
J. A. Kast, derrotado en segunda vuelta por el Presidente Gabriel Boric, lidera la Political Network for Values, una plataforma transatlántica de políticos y activistas antiaborto y anti-LGBTIQ+. Y su partido obtuvo en mayo 23 de los 50 escaños del Consejo Constitucional que está redactando una nueva Carta Magna, luego de que, por voto popular, se rechazara en 2022 un intento anterior.
Adriasola, esposa de Kast y abogada, es la cara pública de Cuide Chile, aunque no figura como autoridad en los registros públicos de la fundación.
Cuide Chile despliega su estrategia en el Congreso oponiéndose a la paridad de género y la autonomía progresiva (la capacidad de niños, niñas y adolescentes de ejercer sus derechos a medida que se desarrollan mental y físicamente), así como presionando por incluir una agenda conservadora en el nuevo proyecto constitucional.
La fundación busca que el nuevo texto contemple el derecho a la vida desde la concepción, lo que impediría el aborto en tres causales (violación, inviabilidad del feto o riesgo de vida de la madre), actualmente permitido por ley. También la objeción de conciencia individual e institucional, y el derecho de los padres a decidir los contenidos curriculares que reciben sus hijos, lo que les permitiría oponerse a la educación sexual o de género en las escuelas.
Nuestra revisión de agendas y boletines legislativos muestra que, desde que se constituyó como fundación en agosto de 2018, Cuide Chile asistió al menos a 14 comisiones parlamentarias e intervino en seis de ellas para oponerse, por ejemplo, a la educación sexual integral, el derecho a filiación de hijos de parejas del mismo sexo y a una ley para terminar con la discriminación de género. También se opuso a la paridad en cargos electivos en el proceso constituyente de 2022.
Como cualquier persona jurídica sin fines de lucro, Cuide Chile debe reportar todos los años memorias de actividades y balances financieros al Ministerio de Justicia. Pero a nuestros pedidos de información, la cartera contestó, en agosto de 2022, que la fundación nunca había presentado tales documentos. A su vez, el SII confirmó que, hasta julio del año pasado, Cuide Chile no registraba ninguna información sobre donaciones recibidas.
El estatuto de Cuide Chile indica que se conformó en 2018 con un patrimonio inicial de $2 millones.
La familia Kast Adriasola posee una nutrida lista de sociedades de inversión e inmobiliarias. En 2015, constituyó la sociedad Inmobiliaria e Inversiones Padua Limitada, con la finalidad de explotar bienes raíces, aunque en fuentes abiertas no hay información disponible sobre sus actividades.
En 2021, siete de los nueve hijos e hijas del matrimonio Kast Adriasola –representando a su vez a una decena de sociedades de inversión– aumentaron el capital de Padua con montos que sumaron más de $4.000 millones.
Kast reconoció a regañadientes, mientras era candidato presidencial, su inversión en paraísos fiscales. “Se hizo una sociedad en Panamá para poder invertir posteriormente en Estados Unidos, porque los abogados en ese momento dijeron que era más rápido ese camino”, aseguró en una entrevista en 2021.
En ese momento no declaró la existencia de Inversiones Padua, pese que era su administrador y controlaba el 96% de la sociedad a través de Inversiones Bavaro SpA, de la cual es único dueño. Su propiedad sobre ella fue revelada por el diario La Tercera. Entonces, su equipo de campaña aclaró que sí la había declarado a la Contraloría General (órgano que se encarga de verificar la legalidad de los actos del Estado), pero la catalogó como “reservada” en su declaración patrimonial que, como candidato, le corresponde hacer al portal de Infoprobidad.
Consultados para este reportaje, ni Kast, ni Adriasola, ni su fundación accedieron a una entrevista.
ISFEM es una organización de activismo y lobby contra la igualdad de derechos para las personas LGBTIQ y los derechos sexuales y reproductivos. Su fundadora y directora, Ismini Anastassiou Mustakis, pertenece a una de las dos familias que crearon Molibdenos y Metales S.A. (Molymet), empresa que posee la mayor capacidad de procesamiento de molibdeno en el mundo, con plantas en Bélgica, Brasil, Chile, China, Estados Unidos y Reino Unido. El molibdeno, que no existe puro en la naturaleza y se obtiene como derivado de la extracción de cobre, tiene una elevada demanda para usos industriales y es crítico para aleaciones de varios metales.
Mientras el grupo austríaco Plansee posee 20% de las acciones de Molymet, Ismini Anastassiou figura como accionista, y dos compañías que ella, su esposo e hijos crearon, tienen participaciones minoritarias.
Otra accionista importante de Molymet (con entre 5% y 10%) es la Fundación Gabriel & Mary Mustakis, establecida en 1993 para apoyar programas educativos, y cuyos presidente y vicepresidenta son, respectivamente, el hijo y la hermana de Anastassiou Mustakis. Al menos en 2015 y 2016, la Fundación Gabriel & Mary Mustakis dio dinero a ISFEM, según reporta en sus memorias anuales, sin especificar montos.
Tanto Molymet como Plansee cuentan con políticas de diversidad e inclusión que rechazan actos de “discriminación, acoso u ofensa” por razones de raza, etnia, género, orientación sexual, nacionalidad, enfermedad o discapacidad, origen social, estado civil, opiniones políticas o sindicalización.
Nada indica que Molymet o Plansee estén financiando a ISFEM. Ambas empresas decidieron no contestar nuestros reiterados intentos de entrevista.
El activismo de Ismini Anastassiou Mustakis contra las personas LGBTIQ+ y los derechos sexuales y reproductivos es conocido. La revisión de agendas y boletines legislativos realizada para esta investigación muestra que ISFEM lleva desde 2005 incidiendo en el Congreso.
Ella y otras integrantes de ISFEM, como Carmen Croxatto y Rebeca Garcés, han participado en 45 comisiones y sesiones para opinar en contra de normas como la unión civil, la despenalización del aborto en tres causales y la ley de identidad de género, aprobadas en 2015, 2017 y 2018, respectivamente.
Pero una parte de esa incidencia no es pública e implica acceso privilegiado al Congreso.
Anastassiou Mustakis figura como asesora del senador de Renovación Nacional Francisco Chahuán, en 2015 y 2016, pese a no estar inscrita en los registros de personal de apoyo o de asesorías externas, según informó el Senado en respuesta a nuestro pedido de información pública. ISFEM y Anastassiou Mustakis explotan así un vacío de la normativa que no obliga a registrar las asesorías no remuneradas. Por esta opacidad, no está claro si la presidenta de ISFEM actuó como asesora honoraria o financiada personalmente por el senador Chahuán.
Esto es preocupante, según Rabindranath Quinteros, presidente del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, que fiscaliza los recursos públicos del Parlamento.
“Puede haber personas que pertenecen a alguna organización privada que tiene alguna finalidad y se benefician de estas asesorías”, explicó Quinteros, para añadir que no hay posibilidad de controlar a esos asesores. “Tenemos las manos amarradas. Una persona que no tiene contrato, ¿cómo la identificamos?”, se preguntó. Por eso, agregó, “venimos solicitando a las secretarías de ambas cámaras que haya una regulación de estos lobbistas, de estos asesores ad honorem, porque nos preocupan”.
ISFEM también ha participado en polémicas acciones judiciales. En 2001, impulsó el primer recurso contra la venta del anticonceptivo de emergencia conocido como “píldora del día después”, evitando que se comercializara. En 2011, se presentó ante el Tribunal Constitucional para manifestar su rechazo al matrimonio igualitario, alegando que la homosexualidad era una “anomalía” y una “patología curable” vinculada a la “pedofilia”.
Grupos como los investigados en este reportaje “pueden estar generando influencia en el Congreso, haciendo acciones similares a la política, como presentar proyectos de ley, y no sabes de dónde vienen”, dijo la abogada María Jaraquemada, presidenta de la comisión para la regulación del vínculo entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro, recién creada por el Gobierno de Boric.
Para el activista Rolando Jiménez, expresidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), el principal problema es que “aquí están vinculados el poder de las iglesias, el poder económico y el poder político”.
Ismini Anastassiou Mustakis no respondió a ninguna de las múltiples solicitudes de entrevista enviadas a través de correos electrónicos y llamados a ISFEM.
La misión principal de Chile Unido es impedir los abortos, a través del “programa de acompañamiento para mujeres con embarazos vulnerables”, que brinda “apoyo psicosocial” y “soluciones concretas a las problemáticas que presentan las mujeres que están viviendo un embarazo vulnerable”.
En una casa en una de las comunas del sector oriente de la capital y a través de una cadena de colaboradores, ofrece asistencia gratuita. Se atribuye haber logrado que “más de 6.900 niños hayan venido al mundo”.
En un encuentro llamado “Academia Republicana”, organizado en septiembre de 2020 por Kast, la directora ejecutiva de Chile Unido, Verónica Hoffmann, presentó los recursos desplegados por su programa antiaborto. Describió allí una amplia red de apoyo compuesta por psicólogas, psiquiatras, médicos, matronas, centros de salud y servicios de ecografías. El grupo capta a mujeres que necesitan un aborto mediante una línea de atención telefónica y el sitio web Embarazo no deseado, que ofrece “ayuda gratuita y segura”.
“Según nuestra experiencia, el 90% de las mujeres que verbalizan su deseo de abortar y que acceden a hacerse una ecografía, desiste del aborto y continúa con su embarazo”, dijo entonces Hoffmann.
Se trata de las mismas tácticas de los ‘centros de embarazos en crisis’, ideadas por organizaciones de EE.UU. y documentadas por openDemocracy en varios países de América Latina para atraer a personas que no quieren continuar con su embarazo, mediante ofertas de asesoramiento y atención de salud gratuita, con el fin de que desistan de abortar.
Según su memoria anual de 2021, Chile Unido cuenta con 18 integrantes, incluyendo psicólogas y trabajadoras sociales, y los servicios que ofrece son gratuitos.
El presupuesto de Chile Unido se beneficia directamente de fondos públicos. Desde 2004 y sin faltar un año, las municipalidades de Vitacura y Las Condes, en Santiago, entregaron a esta organización un total de $218 millones, para el programa antiabortos, remuneraciones, arriendo de la sede, gastos de difusión y cuentas de internet, según la justificación contenida en la plataforma pública del Registro de Colaboradores del Estado.
Además, Chile Unido comenzó a recibir fondos del Poder Ejecutivo en el primer Gobierno de Sebastián Piñera. El Ministerio de Hacienda realizó cuatro subvenciones, en 2013, 2014, 2018 y 2020 (ya en el segundo mandato de Piñera), por $160 millones (unos US$187.000) a la organización antiabortista liderada también por el empresario Heriberto Urzúa Sánchez –hombre cercano a Sebastián Piñera y que fue parte de su equipo en el Citibank en los años 80–.
El objetivo era “apoyar el funcionamiento del programa [antiabortista] Acoge una vida” y “expandir y fortalecer el programa de acompañamiento integral a mujeres con embarazos vulnerables a nivel regional, con equipos de voluntarios regionales, campaña en medios regionales, equipamiento y nuevos fondos para que le otorguen sostenibilidad en el tiempo”, según los decretos de esas subvenciones.
Por otra parte, entre 2017 y 2021, Chile Unido recibió casi $700 millones (US$821.000 ) en donaciones privadas, según reporta en sus memorias anuales.
Estas donaciones representan al menos 40% de sus ingresos, según el análisis de las cifras presentadas en sus balances. Pero Chile Unido no dice nada sobre las fuentes de ese dinero. Su presidente Urzúa Sánchez es director de Forus S.A., una cadena de tiendas de marcas internacionales de vestimenta (como Under Armour, Hush Puppies y Columbia) con presencia en Chile, Colombia, Perú y Uruguay, y miembro de directorios de más de una decena de empresas que van desde exportación de productos agrícolas hasta bienes raíces.
El Servicio de Impuestos Internos se negó a informar el origen de las donaciones privadas recibidas por la fundación en los últimos cuatro años, alegando que esos datos estaban protegidos por la reserva tributaria, que obliga al SII a guardar silencio sobre la cuantía y la fuente de las rentas, pérdidas o gastos de los contribuyentes.
Ante tal respuesta, se tomó la decisión de apelar ante el Consejo para la Transparencia, que vela por el cumplimiento de la Ley de Transparencia (CPLT), y que nos dio la razón en el reclamo en marzo de este año. El CPLT ordenó al SII revelar la identidad de los donantes privados que se acogieron a franquicias tributarias, entendiendo que, cuando se rebajan impuestos, hay una contribución del Estado en su conjunto. “El conocimiento de dicha información propicia el control social y debido escrutinio en relación a la procedencia y forma del otorgamiento de un beneficio por parte del Estado”, aseguró el Consejo.
Tanto Chile Unido como el SII presentaron de inmediato recursos ante la Corte de Apelaciones de Santiago, reclamando que se mantenga en secreto la lista de donantes, abriendo así en la justicia un caso inédito que desafía el secreto tributario establecido en la normativa chilena.
Las solicitudes de entrevistas con Chile Unido, Heriberto Urzúa Sánchez y Verónica Hoffmann no fueron contestadas.
El secreto que blinda a los donantes corporativos es amplio. En las solicitudes de información al SII, se incluyeron los montos de donaciones que realizan grandes empresas chilenas con alcance internacional, como las gigantes de las cadenas de supermercados y tiendas Cencosud, Falabella, la línea aérea LATAM y Molymet, la corporación de la que es accionista Ismini Anastassiou Mustakis. Todas esas solicitudes fueron denegadas, aduciendo la “reserva tributaria”.
El resultado de este litigio puede sentar un precedente: “Las donaciones que gozan de beneficios tributarios, al final, son pagadas por toda la ciudadanía. Por lo tanto, son de interés público”, dijo Branislav Marelic, abogado especialista en derechos humanos y litigante en el caso de Chile Unido.
