PAÍS
En una audiencia efectuada esta mañana en Arica, el magistrado Héctor Barraza acogió petición de las defensas de los 44 acusados de ser parte de la facción “Los Gallegos” y determinó que sus abogados debían conocer los nombres de quienes han atestiguado en contra de ellos o han actuado como agentes encubiertos en la extensa investigación. El fiscal regional de Arica dijo que la resolución “va totalmente en contra de la protección que debemos dar como sistema a todos y cada uno de nuestros testigos y peritos que participan en las causas vinculadas sobre todo a delitos como el crimen organizado”.
A pocos días de que se conociera la existencia de un plan destinado a atentar en contra de jueces de garantía de Santiago, por parte de reos del Tren de Aragua, el Juzgado de Garantía de Arica ordenó esta mañana entregar a las defensas de los 44 imputados que pertenecen a “Los Gallegos de Caracas” (una de las facciones del Tren de Aragua) el listado completo de las identidades de los testigos reservados y de los agentes encubiertos de a PDI que han testificado en contra de los integrantes de dicha organización criminal. Se trata de 56 personas que están en dicha situación, ya sea porque formaron parte de la investigación, como agentes encubiertos que se infiltraron en el sector donde opera la organización (el cerro Chuño) o como testigos de algunos de los múltiples delitos que se les imputan.
Lo anterior se produjo en una audiencia de cautela de garantías, en la cual el magistrado Héctor Barraza acogió los argumentos de los abogados defensores presentes y desechó los alegatos del Ministerio Público, indicando que los primeros tenían derecho a saber quiénes eran las personas que estaban acusando a sus defendidos.
Por cierto, es necesario indicar que el fiscal titular de la causa fue relocalizado a otra ciudad junto a su familia, debido a las amenazas que sufrió en medio de las investigaciones, y que a fines del año pasado la Fiscalía Regional compró dos vehículos blindados para trasladar a sus funcionarios. De hecho, otra situación que aconteció en la misma audiencia fue que el magistrado impidió la comparecencia de dicho persecutor en ella, pese a que existe un acuerdo con el comité de jueces de Arica para que asista en forma remota, dados los riesgos que corre su integridad física.
Ante lo sucedido, el Fiscal Regional, Mario Carrera, indicó que “estamos absolutamente sorprendidos por la resolución del tribunal, que ordenó entregar el nombre de los testigos reservados a las defensas”, agregando que además la resolución “va totalmente en contra de la protección que debemos dar como sistema a todos y cada uno de nuestros testigos y peritos que participan en las causas vinculadas sobre todo a delitos como el crimen organizado. De más está decir que el mismo día de hoy vamos a presentar los recursos correspondientes para intentar revertir esta resolución que, repito, entendemos a todas luces que va contra la respuesta que debemos dar como sociedad y como Estado a nuestras víctimas y testigos”.
Pese a ello, El Mostrador está en condiciones de indicar que al menos dos de los abogados defensores ya retiraron los sobres con las identidades de los testigos, por lo cual, aunque se lograra revertir la decisión en instancias superiores, ya es un hecho que las identidades de los testigos y agentes encubiertos que estuvieron protegidas durante más de un año, ya dejaron de ser secretas, poniendo en grave riesgo -como lo explicó una fuente del Ministerio Público- la integridad física de varios de ellos, incluyendo a muchos oficiales de la Policía de Investigaciones.
Cabe recordar que el 18 de abril pasado la jueza de Garantía de Temuco, Viviana García, adoptó una resolución similar en la causa donde es investigado el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, hecho que culminó a inicios de junio con un pronunciamiento de la Tercera Sala de la Corte Suprema, que cuestionaba “la arbitrariedad de la resolución” y rechazaba la entrega de las identidades, argumentando que “es posible afirmar la gravedad de la potencial afectación de la vida e integridad física que causaría la divulgación de la identidad mantenida en reserva hasta ahora”.
