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La decisión del juez de Garantía Héctor Barraza, de entregar las identidades de los testigos protegidos y los agentes encubiertos que ayudaron a investigar a “Los Gallegos” (la facción del Tren de Aragua que actúa en Arica), generó indignación en el Gobierno, Ministerio Público, PDI y Gendarmería. Es más, en cuanto a los agentes encubiertos, las instituciones de las que forman parte tomaron medidas de seguridad que incluyen relocalización de los oficiales y sus núcleos familiares. La ministra del Interior aseguró que lo decidido era “un balde de agua fría” para quienes combaten a las organizaciones criminales y anunció la presentación de dos recursos contra la decisión. La Fiscalía presentó ayer un recurso de protección, pero el sobre cerrado con los antecedentes de quienes colaboraron con el organismo persecutor ya fue retirado por dos defensores, después que el magistrado acogiera la petición de los abogados de los imputados, sin escuchar la posición del Ministerio Público. El diputado Andrés Jouannet calificó lo ocurrido como “una locura”.
Un gran revuelo generó a nivel judicial y gubernamental la decisión del Juez de Garantía de Arica, Héctor Barraza Aguilera, de acceder a la petición de las defensas de los imputados en la investigación en contra de “Los Gallegos” (la facción del Tren de Aragua que opera en dicha ciudad), de entregarles las identidades de testigos protegidos y agentes encubiertos.
Se trata de 56 personas, entre civiles y funcionarios de la PDI que actuaban como agentes encubiertos, cuyos datos personales fueron celosamente guardados todo este tiempo. Sin embargo, luego de una accidentada audiencia efectuada este miércoles en la mañana, el magistrado terminó por acceder a la petición de los nueve defensores.
La citación judicial partió con problemas cuando el fiscal titular de la causa compareció vía Zoom a la audiencia –la identidad de dicho persecutor es resguardada por la mayoría de los medios de prensa a petición del Ministerio Público, dado que se encuentra amenazado de muerte por parte de “Los Gallegos” e, incluso, debió ser trasladado a vivir a otra ciudad, junto a su familia–.
Ante la ausencia física del fiscal, el juez Barraza –como evidencia el audio de la sesión– le preguntó si había pedido permiso para acudir en forma remota, ante lo cual el persecutor le explicó que tenía autorización para ello de parte de la Corte de Apelaciones y también de parte del Comité de Jueces del tribunal, iniciándose una discusión en medio de la cual el magistrado se negó a dejarlo participar, comentando –entre otras cosas– que “yo me rijo por la ley”, que “el Comité de Jueces no es un órgano jurisdiccional” y que él no tenía ningún antecedente sobre dicha decisión, pese a que esta fue adoptada el 1 de septiembre pasado por el señalado comité, según consta en un documento enviado ayer al Fiscal Regional, Mario Carrera, y firmado por la presidenta del Juzgado de Garantía, Carmen Calas Guerras.
Después que se efectuara un receso, un asistente del fiscal que acudió al juzgado insistió en la necesidad de que el persecutor titular compareciera, dada la complejidad de la causa, pero el juez le respondió “ya me cansé”, señalando que “yo no voy a volver atrás”, y solicitó al persecutor que estaba presente que respondiera las argumentaciones de los defensores o, de lo contrario, resolvería sin escuchar al Ministerio Público, lo que finalmente hizo, cuando el representante de este organismo le volvió a pedir que permitiera que alegara el fiscal de la causa, dada la complejidad y reserva de la misma, insistió.
Barraza fundamentó su decisión en contra de la Fiscalía diciendo que existía una colisión de derechos entre la defensa y la protección de las víctimas y testigos, así como de normativas contenidas en el Código Procesal Penal y la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes, para concluir que “las defensas han sido bastante específicas de cómo esta reserva o no tener acceso a los nombres de las personas que la Fiscalía determinó en su oportunidad como testigos reservados están entorpeciendo su labor”.
Dicho aquello, reiteró que los abogados “han sido bastante concretos respecto de cómo no saber la identidad de estas personas les está afectando” y agregó que “la pretensión de la defensa es un elemento válido”, pues sostuvo que, al no tener los abogados defensores acceso al sobre cerrado con las identidades hasta ayer secretas, “se está vulnerando un derecho a defensa y al debido proceso“, por lo cual ordenó a los representantes de los integrantes de “Los Gallegos” que “puedan coordinar con la administración un horario para efectos de poder tener acceso a los nombres de las personas identificadas por el Ministerio Público”.
Pese a ello –según fuentes cercanas al caso–, apenas terminó la audiencia, y sin previa coordinación con la administración del tribunal, al menos a dos defensores se les entregó de inmediato el sobre, por lo cual la Fiscalía está estudiando las eventuales acciones a seguir al respecto.
La decisión del magistrado generó una oleada de reacciones. Luego de que el Fiscal Regional, Mario Carrera, afirmara que lo resuelto “va totalmente en contra de la protección que debemos dar como sistema a todos y cada uno de nuestros testigos y peritos que participan en las causas vinculadas sobre todo a delitos como el crimen organizado”, al cierre de esta edición se anunció que ya había sido presentado un recurso de protección en contra de la decisión y a favor de los testigos protegidos.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, por su parte, dijo que “en materia de malas noticias, tenemos una profunda preocupación por lo que sucedió hoy día en el Juzgado de Garantía de Arica“, aseverando que lo obrado por el juez “es como un balde de agua fría” para todos quienes “trabajan día a día en combatir el crimen organizado”.
En ese sentido, enfatizó que lo ocurrido era de “una máxima preocupación”, pues “son investigaciones muy complejas, donde se está persiguiendo a grupos criminales muy violentos y donde la legislación requiere entregar condiciones de protección a quienes actúan como testigos en estos casos o como agentes encubiertos para identificar y poder también desarticular estas bandas criminales”.
En función de eso, la ministra Tohá anunció que el Poder Ejecutivo también presentaría –durante la jornada de ayer– un recurso destinado a que “se establezca la nulidad procesal de esta decisión y estamos preparando un recurso de protección que vaya en auxilio de las personas que están afectadas por esta decisión”. Además, recordó que “en otras oportunidades hemos enfrentado situaciones similares y las hemos logrado revertir”, en alusión a lo ocurrido en La Araucanía en junio pasado, donde una decisión semejante quedó invalidada en la Corte Suprema.
Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, precisó que “no se puede luchar contra el crimen organizado si no se puede proteger la identidad de quienes están llevando adelante la investigación, de quienes tienen que impartir justicia, o de quienes son testigos para combatir el crimen organizado. Por lo tanto, en ese aspecto estamos analizando proponer modificaciones legales”.
La decisión, sin embargo, no solo generó movimiento a nivel de Poder Ejecutivo, sino que también produjo mucha inquietud en dos instituciones que han sido claves para la lucha contra el Tren de Aragua: la Policía de Investigaciones, a la cual pertenece la mayoría de quienes actuaron como agentes encubiertos en este caso (y respecto de los cuales se ha tomado una serie de medidas de seguridad, incluyendo también la relocalización de los oficiales y sus núcleos familiares), así como Gendarmería, institución carcelaria en la cual varios de sus funcionarios ya han sido amenazados con anterioridad por integrantes de la organización delictiva, y desde donde, al cierre de esta edición, se analizaba la posibilidad de presentar recursos judiciales también, con el fin de impugnar la resolución del magistrado.
En tanto, el diputado Andrés Jouannet, presidente de Amarillos, subrayó que “es inadmisible la determinación del juez Héctor Barraza, del Tribunal de Garantía de Arica, de dar a conocer el nombre de los testigos. Estamos hablando de una locura”, dijo.
“La verdad es que estos jueces no solo le dan garantía a nadie, estos jueces no sé de qué lado están. Aquí estamos todos trabajando –bueno, no todos la verdad– contra el narcotráfico, el crimen organizado y en ciertos jueces no es la primera vez que quieren que se conozca (la identidad de testigos y agentes encubiertos)”. Ante ello, el diputado Jouannet recalcó que “esto no lo vamos a permitir y vamos a legislar para que esto no siga ocurriendo. Lo de Arica es una cuestión que no tiene nombre y que tenemos que revertir inmediatamente”.
Varios fiscales y policías que accedieron a hablar en off con El Mostrador manifestaron su inquietud, no solo por la seguridad personal de quienes arriesgaron sus vidas infiltrando a esta organización –que tiene a lo menos ocho homicidios a su haber, así como varios secuestros, y que manejaba una casa de torturas en el cerro Chuño–, sino especialmente por los testigos, pues, como dijo uno de ellos, “con decisiones de este tipo, que favorecen a una de las organizaciones más violentas que jamás hemos visto en Chile, nadie va a querer cooperar a futuro con la policía o los fiscales”.
En tanto, un policía con varios años de servicio, que ha investigado a organizaciones complejas, aseveró que “si no hay modificaciones legales a este respecto, tenemos perdida la batalla contra el crimen organizado y en pocos años más estaremos al menos como está Ecuador hoy”.
De 42 años y nacido en Ovalle, el juez Héctor Barraza estudió Derecho en la Universidad Católica del Norte y casi toda su carrera la ha desarrollado en Arica, donde fue relator de la Corte local, antes de llegar hasta el Tribunal de Garantía. Según su Declaración de Patrimonio, pose cuatro propiedades: un departamento en Santiago, avaluado en 63 millones de pesos; una parcela en Coquimbo, tasada en 358 mil pesos; un departamento en Antofagasta, avaluado en 119 millones; y otra propiedad en Arica, de la cual no se indican más datos (su domicilio), por 93 millones de pesos.
Aunque en ninguna de ellas indica tener gravámenes, declara dos créditos hipotecarios, que en total suman un poco más de 156 millones de pesos. Además, posee dos derechos de aprovechamiento de aguas, ambos en la Región de Coquimbo.
