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Al menos cuatro defensores, uno de ellos funcionario de planta de la Defensoría Penal Pública (DPP), que depende del Ministerio de Justicia, tuvieron acceso a los datos de los testigos protegidos y los agentes encubiertos. La Defensoría Penal Pública asegura que los datos están a buen recaudo, pero esta tarde el Ministerio Público inició una investigación de carácter penal, por infracción a los artículos de la Ley de Drogas que obligan a mantener en secreto los datos reservados de ese tipo de causas.
Mientras ayer comenzaba la relocalización de testigos y agentes encubiertos que tuvieron la calidad de protegidos hasta antes de que el juez Héctor Barraza ordenara entregar sus identidades a los abogados defensores de la organización criminal Tren de Aragua, en Arica, varias fuentes confirmaron esta tarde que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, ordenó el inicio de una investigación penal debido a la infracción de varias normas relativas al secreto que se debe mantener en las investigaciones. Dicha indagatoria recayó en el Fiscal Regional de Iquique y Tarapacá, Raúl Arancibia.
Cabe mencionar que, entre otros cuerpos normativos que sancionan la revelación de secretos, la Ley de Drogas establece, en sus artículos 30, 31 y 38, que los fiscales están obligados a resguardar las identidades de los testigos, peritos, informantes o agentes encubiertos o reveladores, así como las de sus familiares, mientras que el tribunal “deberá decretar la prohibición de revelar, en cualquier forma, la identidad de testigos o peritos protegidos, o los antecedentes que conduzcan a su identificación”.
La infracción a lo anterior, señala la normativa, tiene una pena de reclusión menor en su grado medio a máximo (desde 61 días a 3 años). La ley también indica la misma pena para cualquiera que difunda o divulgue información que sea secreta o, incluso, el solo hecho de que se esté realizando una investigación de este tipo.
Según pudo establecer El Mostrador, uno de los focos de preocupación dice relación con la conducta de uno de los funcionarios del tribunal, el cual, apenas terminada la audiencia, sin que siquiera existiese aún un acta de esta, entregó los antecedentes con las individualizaciones de los 57 testigos protegidos y agentes encubiertos a cuatro abogados defensores, pese a la instrucción del juez, en orden a que había que coordinar la entrega de este.
En la audiencia dirigida por el juez Héctor Barraza, este negó la presencia vía Zoom del fiscal titular de la causa, quien ya no vive en Arica, debido a las amenazas en su contra (por lo cual cuenta con una autorización del Comité de Jueces de esa ciudad, para asistir a las audiencias en forma remota) y lo mismo hizo con el abogado querellante que representa al Ministerio del Interior.
En tanto, esta tarde, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló que “el Gobierno está analizando las facultades constitucionales y también legales que tiene para hacer ver que nos parece que es una conducta equivocada y eventualmente negligente y, por tanto, estamos analizando las facultades que el Gobierno tiene. Entre ellas, estamos analizando las facultades constitucionales que están radicadas en el Presidente de la República, particularmente en el artículo 32 de la Constitución, que le entrega la facultad de revisar la conducta ministerial de los jueces y otros empleados del Poder Judicial. Esta materia se la ha encargado al ministro de Justicia, Luis Cordero, pero quiero decir desde ya que el Gobierno pretende actuar, para hacer ver que nos parece que esta conducta es una conducta grave que no debió haber ocurrido y que tiene que ser impedida”.
Insistió en que lo obrado por el juez Barraza “es una decisión grave, porque primero no permitió escuchar a partes intervinientes, como el propio fiscal a cargo, que tenía que declarar justamente porque está con medidas de protección vía telemática, no se le permitió participar en la audiencia y tampoco se le permitió participar en esa audiencia a los abogados del Ministerio del Interior”, valorando positivamente el que la Corte de Apelaciones de Arica hubiera decretado una orden de no innovar respecto de la entrega de la información.
Además de la indignación que la decisión de Barraza generó a distintos niveles, ayer comenzaron a efectuarse las gestiones tendientes a relocalizar a distintos testigos y agentes encubiertos de la PDI, algunos de los cuales pasaron varias semanas infiltrados dentro de la organización criminal, utilizando identidades falsas.
En todos los casos, y dada la peligrosidad del grupo, dichos oficiales fueron posteriormente destinados a otros lugares del país, junto con sus grupos familiares, como parte de una estrategia destinada a minimizar cualquier riesgo para la integridad física de ellos o sus seres queridos. Todos los antecedentes respecto de sus nombres reales y sus domicilios actuales estaban en el sobre cerrado, el cual fue entregado al Juzgado de Garantía el 23 de junio, cuando se presentó la correspondiente acusación contra las 44 personas imputadas en este caso, las que están acusadas de múltiples delitos, que incluyen ocho homicidios, secuestro, tráfico de personas, drogas y armas, lavado de activos y amenazas, entre otros hechos. La mayoría de los imputados son venezolanos, pero también hay un dominicano y varios chilenos, que cooperaban con el grupo.
La mayoría de los testigos protegidos son civiles, pero también hay entre ellos personal de Carabineros y de Gendarmería. Los agentes encubiertos, en tanto, son todos funcionarios de la Policía de Investigaciones.
Por su parte, la Defensoría Penal Pública (DPP) defendió la resolución de Barraza, pues el Defensor Regional de Arica y Parinacota, Sergio Zenteno, aseguró que la petición de acceder a los datos confidenciales se enmarca “en el ejercicio del derecho a defensa que tiene todo ciudadano, y la misma será manejada de manera seria y responsable, resguardando -en todo momento- su confidencialidad”.
En efecto, de los cuatro abogados que accedieron a la información, uno es un defensor penal de planta y los otros tres pertenecen a una empresa que presta servicios a dicha entidad, que a su vez depende del Ministerio de Justicia.
El Jefe de Estudios de la DPP de Arica, en tanto, Cristian Martin, dijo que “esta información que el tribunal ordenó poner a disposición de las distintas defensas, será manejada por parte de nuestros defensores penales públicos con la debida reserva y resguardo que el caso amerita, no solamente conforme al mandato que nos otorgó el tribunal, sino que también en base a los estándares legales y éticos que nos rigen como Defensoría Penal Pública”.
