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El titular de la Subsecretaría del Interior aseguró que las pensiones otorgadas tras el estallido social se ajustaron al marco normativo vigente, pero que estas modificaciones a las “resoluciones internas” de la cartera buscarán mejorar y ajustar los procedimientos para garantizar que se consideren adecuadamente los antecedentes penales de los beneficiarios. Monsalve afirmó que la entrega de antecedentes no ha sido requerida en las 18 mil pensiones de gracia que el Estado de Chile ha concedido desde 1981 hasta la fecha.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha anunciado que se llevarán a cabo modificaciones en las resoluciones internas del Ministerio del Interior con el fin de incluir la revisión de antecedentes penales al evaluar la entrega de pensiones de gracia. Esta declaración surge después de que se revelara que parte de los beneficiarios de estas pensiones, otorgadas en el contexto del estallido social y en casos de violaciones a los derechos humanos, tenían antecedentes penales, incluyendo a un sujeto declarado “en rebeldía” por la justicia y otro con detenciones previas por violencia intrafamiliar.
El subsecretario Monsalve hizo hincapié en que las pensiones entregadas durante el período del estallido social se otorgaron de acuerdo con el marco normativo vigente. Afirmó que los decretos que autorizaron estas pensiones eran idénticos en los gobiernos tanto del Presidente Piñera como del Presidente Boric, basándose en la glosa 12, la cual fue aprobada tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
En cuanto al procedimiento para la concesión de estas pensiones, el subsecretario explicó que se basó en una resolución del Ministerio del Interior emitida el 4 de enero de 2022, bajo la administración del entonces subsecretario Francisco Gali. Este procedimiento requería un informe de afectación entregado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) u otro organismo competente, pero no solicitaba antecedentes penales.
No obstante, Monsalve reconoció que, a la luz de los acontecimientos recientes, es necesario modificar las resoluciones internas del Ministerio del Interior para incluir los antecedentes penales como uno de los requisitos que las autoridades deben considerar al tomar decisiones relacionadas con las pensiones de gracia. Destacó que esta exigencia no se había establecido anteriormente para ninguna pensión de gracia otorgada por el Estado de Chile desde 1981 hasta la fecha.
“Me he comprometido, y así lo voy a hacer, a modificar las resoluciones internas del ministerio del Interior, porque nos parece, a partir de los hechos que han ocurrido, que no solo en estas pensiones de gracia, sino que en todas las pensiones de gracia que entregue el Gobierno de Chile, es necesario y razonable establecer entre los requisitos que las autoridades tiene que tener a la vista para tomar esa decisión, contar con los antecedentes penales de las personas”, sentenció el subsecretario.
Y añadió que la entrega de los antecedentes penales “no fue establecido para la entrega de pensiones en el marco del estallido social, pero tampoco nunca había sido establecido como requisito en ninguna pensión de gracia que haya entregado el Estado de Chile, y quiero decir que el Estado de Chile ha entregado más de 18 mil pensiones de gracia por distintas razones”.
