PAÍS
El hecho ocurrió de forma paralela al descubrimiento de un plan del mismo grupo para atentar contra jueces de Garantía y, también, a la reactivación de las amenazas a la integridad física del fiscal que lleva la causa en contra de dicha organización criminal en Arica, el mismo al cual el juez Héctor Barraza negó la posibilidad de alegar en la audiencia en la que liberó las identidades de testigos protegidos y agentes encubiertos.
Hace casi un mes, una orden peculiar llamó la atención de un oficial de Gendarmería. Se trataba de un escrito judicial que ordenaba la libertad de uno de los sicarios de “Los Gallegos” –la facción del Tren de Aragua que actúa en Arica–, que se encuentra actualmente recluido en la cárcel de Rancagua.
En específico, la orden mencionaba a uno de los sujetos arrestados en la primera fase de la operación de la Fiscalía y la PDI en contra de ese grupo, la misma indagatoria respecto de la cual el juez Héctor Barraza ordenó dar a conocer los nombres de los agentes encubiertos y los testigos protegidos.
La orden de libertad figuraba dentro de la red computacional de Gendarmería, en donde se han instalado una serie de mecanismos de seguridad, los cuales funcionaron en este caso, dado que el propio sistema avisó de la existencia de dicha supuesta instrucción al mayor que está a cargo de la vigilancia de los internos pertenecientes a dicha asociación ilícita de origen venezolano.
Ante ello, el funcionario de Gendarmería se comunicó con el fiscal de la causa, que es el mismo a quien el magistrado Barraza no permitió asistir vía Zoom a la audiencia del miércoles pasado en Arica. El persecutor confirmó que no existía ninguna orden de libertad a favor del interno y, dada la gravedad de lo acontecido, denunció lo ocurrido a su superior, el Fiscal Regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera.
Este inició de inmediato una investigación de oficio, asignándole la causa a la Fiscalía de Alta Complejidad de Arica, luego de lo cual se despachó una orden de investigar a la Policía de Investigaciones.
Según fuentes que conocen el caso, la falsificación de la orden es muy burda (sería un copy paste de una antigua orden de un Juzgado de Familia) y, por ende, las posibilidades de que efectivamente algún gendarme hubiera otorgado la libertad sobre la base de ese documento eran inexistentes, máxime teniendo en cuenta la gran cantidad de delitos por los cuales el sujeto en cuestión está formalizado. Sin embargo, lo que se indaga en este momento es cómo y quién introdujo esa orden en el sistema interno de la institución carcelaria.
El preso al que se aludía en el documento es Julio César Mora Hernández, quien –de acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público–, junto a otro detenido, “comandaban los secuestros y extorsiones a mujeres que se dedicaban al comercio sexual y no pagaban las vacunas o impuestos“.
Entre otros delitos, Mora está acusado de haber participado en un secuestro ocurrido en mayo del año pasado, en Arica, en contra de una mujer a la cual el grupo obligaba a prestar servicios sexuales. El 16 de junio de 2022, en el allanamiento realizado en la mediagua en que Mora residía, en el cerro Chuño, se hallaron dos municiones y un cuaderno de contabilidad con registros de ventas de droga. Además, según el documento, en su teléfono celular se encontraron fotos de él manipulando una pistola Glock con mira láser.
Actualmente está acusado de asociación ilícita para el narcotráfico, tráfico de drogas, asociación ilícita para la trata de personas, con fines de explotación sexual, trata de personas, secuestro, asociación ilícita “común” y porte ilegal de municiones, entre otros delitos.
Quizá lo más preocupante –indica otra fuente– es que este hecho ocurrió de forma paralela a la detección de un plan de otros reos, también pertenecientes al Tren de Aragua, en orden a atentar contra jueces de Garantía de la Región Metropolitana, y a antecedentes recogidos por Gendarmería que indican que, también hacia mediados de agosto, se habían reactivado planes para atentar en contra del fiscal que lleva la megacausa que se investiga en Arica. De hecho, se ofreció una “recompensa” por él al interior de distintas unidades penales, aunque no es lo único.
Si bien se ha mantenido en medio de un gran sigilo, a mediados del mismo mes se recibió una llamada en la Asociación de Fiscales, solicitando antecedentes respecto del persecutor. Quien llamaba dijo ser integrante de una entidad gubernamental venezolana y explicó que necesitaban ubicar urgente al fiscal, debido a datos que este había requerido acerca de varios sospechosos, por lo cual solicitaba que le indicaran cómo contactarlo. Por supuesto, no se los dieron y más tarde se comprobó que el llamado se había originado en Rancagua.
Desde que quedó a cargo de la causa, a inicios de 2022, el fiscal comenzó a recibir amenazas desde la cárcel y luego, según informó La Tercera, dentro del penal de Acha se encontró un listado que contenía sus datos personales, incluyendo su domicilio, así como los de policías que investigaban el caso. El mismo diario asegura que, luego de eso, lo interceptaron cuando se movilizaba en su automóvil particular y sujetos desconocidos le apuntaron desde otro vehículo.
Tras ello, la Fiscalía de Arica decidió relocalizarlo junto a su grupo familiar, por lo cual se tuvieron que ir a vivir a otra región del país. Desde entonces, el persecutor cuenta con escolta policial permanente e instruye la causa en forma remota. Es por ello que el Comité de Jueces del Juzgado de Garantía de Arica había acogido la solicitud que les efectuara el Fiscal Regional, en orden a permitir que siguiera litigando por medio de Zoom, lo que el juez Barraza desconoció, pese a que él mismo dirigió varias audiencias relacionadas con “Los Gallegos” y a que todos en el ambiente judicial de Arica saben lo que ha ocurrido.
Las amenazas a jueces y al fiscal son investigadas por el jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, Héctor Barros, por instrucción del Fiscal Nacional, Ángel Valencia.
