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Las donaciones representan más de la mitad del presupuesto de la Fundación Chile Unido, una organización sin fines de lucro que se dedica a prevenir el aborto. Su presupuesto incluye recursos privados y públicos: tanto la administración Piñera, como tres municipios de altos ingresos, le han transferido montos millonarios desde 2014. Obligada por el Consejo para la Transparencia a entregar información sobre sus donaciones, la fundación recurrió a la Justicia para mantener en reserva el origen de sus recursos.
Las donaciones representan casi la mitad del presupuesto de la Fundación Chile Unido, organización sin fines de lucro que se dedica a prevenir el aborto, y que está envuelta en una batalla legal para no tener que divulgar quiénes son sus donantes privados, a raíz de una investigación de openDemocracy y La Pública.
Su presupuesto incluye recursos públicos: los gobiernos de Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) y dos municipios de altos ingresos le han transferido montos millonarios. Obligada por el Consejo para la Transparencia (CPLT) a entregar información sobre sus donaciones privadas, la fundación recurrió a la Justicia alegando la importancia de que se preserve el secreto fiscal.
La televisión chilena de principios de los 2000 se remeció con una cuña publicitaria de Chile Unido. Una escolar sentada a la mesa, con actitud temerosa, baja la mirada mientras sus padres le sirven el desayuno. “Me van a matar, me van a matar”, se escucha la voz en off de la adolescente, palabras que se repiten en la supuesta voz de un feto. Una publicidad en televisión costaba por entonces unos $3.250.000 (3.400 dólares), según la agencia publicitaria Megatime.
Esta fue la segunda campaña antiaborto de Chile Unido, de inspiración católica y creada en 1998 para promover el “respeto y el cuidado de la vida”, y “el fortalecimiento de la familia como núcleo fundamental de la sociedad”, según su memoria anual 2021, última disponible, en la que sostiene que su principal público objetivo son las “mujeres con embarazos vulnerables”.
Para persuadirlas de que no aborten, la fundación despliega el “programa de acompañamiento para mujeres con embarazos vulnerables”, que brinda “apoyo psicosocial” y “soluciones concretas”. Se atribuye haber logrado que “más de 6.900 niños hayan venido al mundo”.
Chile Unido opera desde una casa ubicada en una de las comunas más ricas de la capital chilena, donde ofrece prestaciones de salud gratuita a mujeres que buscan abortar, a las que capta mediante una línea telefónica y el sitio web Embarazo no deseado.
Verónica Hoffmann – Chile Unido
En septiembre de 2020, en medio del periodo de cuarentena más intenso en Chile, Verónica Hoffmann, directora ejecutiva de la fundación, participó de la actividad “Academia Republicana”, iniciativa del político y excandidato presidencial ultraderechista José Antonio Kast, para presentar los recursos con los que cuenta el programa antiaborto.
Hoffmann detalló una amplia red de apoyo compuesta por psicólogas, psiquiatras y matronas, centros de salud y servicios de ecografías, a las que calificó de “vital importancia”. “Según nuestra experiencia, el 90% de las mujeres que verbalizan su deseo de abortar y que acceden a hacerse una ecografía, desiste del aborto y continúa con su embarazo”, dijo.
Hoffmann mostró un video de una joven relatando su experiencia ante un embarazo no deseado y el servicio que recibió de Chile Unido. “Me dijeron ‘mira, yo te voy a pedir una hora para que te hagas una ecografía, una ecografía gratis’”, dijo la joven.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la exploración ecográfica no es necesaria para practicar un aborto, y exigirla, así como hacer escuchar el latido fetal, operan como barreras a la prestación del servicio.
Chile Unido también cuenta con un programa de asistencia psicológica telefónica y con el programa Conciliación, Vida Personal, Familia y Trabajo, mediante el cual “acompañan a empresas y organismos públicos en sus procesos de transformación” con el fin de “humanizar los lugares de trabajo” y de lograr “un aumento en la atracción y retención de talentos, impactando positivamente en la productividad de la organización y en su propósito corporativo”.
Chile Unido cuenta con 18 empleadas, incluyendo psicólogas y trabajadoras sociales, y los servicios que ofrece son gratuitos, de acuerdo con su última memoria anual de 2021.
Entre 2017 y 2021 recibió más de 700 millones de pesos (821.000 dólares) en donaciones privadas que representan al menos el 40% de sus ingresos, según nuestro análisis de sus memorias anuales. En 2017 la proporción de donaciones privadas llegó a 54% de sus ingresos.
En uso de la Ley de Transparencia, La Pública y openDemocracy solicitaron al Servicio de Impuestos Internos (SII) conocer quiénes fueron los donantes privados y cuánto aportaron a Chile Unido en los últimos cuatro años (2018-2022). El SII se negó, alegando que la reserva tributaria lo obliga a guardar el secreto sobre la cuantía y la fuente de las rentas, pérdidas o gastos de los contribuyentes.
Pero nuestras reporteras apelaron ante el Consejo para la Transparencia (CPLT), que avaló el reclamo y ordenó al SII entregar la información. Así, nuestro pedido de acceso a la información desembocó en un caso inédito que desafía el secreto tributario establecido en la normativa chilena.
Chile Unido presentó en marzo un recurso ante la Corte de Apelaciones exigiendo resguardar sus donaciones bajo llave, alegando que los donantes de la fundación se resisten a que su aporte sea “ventilado públicamente”.
Si Chile Unido pierde este caso, podría conocerse la identidad y los montos de las donaciones que se hacen con fines de rebajar impuestos, no solo de las fundaciones investigadas por openDemocracy y La Pública para esta serie de reportajes, sino de todas las organizaciones que intentan influir en las políticas públicas. La primera audiencia todavía no ha sido convocada.
El presidente del directorio de Chile Unido, Heriberto Urzúa Sánchez, no es un personaje nuevo en las calles del sector oriente de Santiago, donde la fundación tiene su sede. Urzúa Sánchez forma parte de un entramado societario denso, con inmobiliarias y sociedades de inversión.
Urzúa dirige Forus S.A., una cadena de tiendas de marcas internacionales de vestimenta (Under Armour, Hush Puppies, Columbia, entre otras) con presencia en Chile, Colombia, Perú y Uruguay. En diciembre de 2022, Chile Unido otorgó un premio a Forus con el Sello de Distinción por Integración de Vida Personal y Trabajo. Es decir, a través de su fundación, Urzúa premió a la empresa que él mismo dirige.
El empresario ha participado en la constitución y los directorios de decenas de sociedades: Inversiones Costanera, la empresa agrícola Frutícolas S.A., la exportadora Hortifrut, y la empresa Relsa S.A., que arrienda equipos y maquinaria a la industria minera del norte de Chile.
Urzúa Sánchez comparte el directorio de Forus y lazos de amistad con el empresario Alfonso Swett Opazo, expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). Los dos estudiaron en el colegio Verbo Divino, igual que el empresario y expresidente Piñera. Precisamente, Urzúa fue parte del equipo de trabajo de Piñera en Citibank durante los años 80. “Cuenta con una red de contactos como pocos en Chile”, decía de Urzúa el Diario Financiero en 2009.
¿Vienen de esos contactos los fondos que financian a Chile Unido? No es posible de momento determinarlo de forma pública.
El registro de transferencias a organizaciones colaboradoras del Estado muestra que Chile Unido recibe fondos públicos desde 2004, provenientes principalmente de dos municipalidades, administradas por alcaldes y alcaldesas de derecha.
Desde 2004 hasta 2023, y sin faltar un solo año, las municipalidades de Vitacura y Las Condes transfirieron a Chile Unido un total de 218 millones de pesos (255.000 dólares). En 2008, Lo Barnechea le entregó 2 millones de pesos (2.360 dólares), mientras el municipio de Concepción realizó transferencias que suman 1,6 millones (unos 1.900 dólares) entre 2007 y 2011.
Los montos entregados por Vitacura y Las Condes pasaron de uno o dos millones en los primeros años, a 14 y 15 millones a partir de 2018. La última transferencia, realizada por Vitacura en marzo de 2023, fue de 25 millones de pesos.
Según la breve justificación contenida en la plataforma, estas subvenciones se destinaron principalmente a financiar el programa antiabortos Acoge Una Vida, y para gastos operativos como remuneraciones, arriendo de la sede, gastos de difusión y cuentas de internet.
En 2013, bajo el gobierno del empresario Sebastián Piñera, Chile Unido comenzó a recibir subvenciones a través del Ministerio de Hacienda. En cuatro transferencias hechas en 2013, 2014, 2018 y 2020, el gobierno de Piñera transfirió 160 millones de pesos a la fundación liderada por uno de sus socios más cercanos.
Los decretos de esas subvenciones indican que el objeto era “apoyar el funcionamiento del programa Acoge una Vida” y “expandir y fortalecer el programa de acompañamiento integral a mujeres con embarazos vulnerables a nivel regional, con equipos de voluntarios regionales, campaña en medios regionales, equipamiento y nuevos fondos para que le otorguen sostenibilidad en el tiempo”.
Ni Heriberto Urzúa ni Verónica Hoffmann contestaron múltiples solicitudes de entrevista. Además de enviar correos electrónicos a las casillas de contacto de Chile Unido y de Forus, también visitamos sus oficinas, en las comunas de Vitacura y Las Condes, respectivamente. Pero no hubo respuesta.
