María Luisa Sepúlveda y el secreto de la Comisión Valech: “Es una facultad absoluta de las víctimas”

–Yo tenía 25 años el 11 de septiembre de 1973. Trabajaba en un policlínico de Pudahuel, en San Pablo ocho mil. Era la única profesional que no estaba en paro. Vivíamos una situación muy compleja a diario. Todas las ambulancias estaban en pana por manipulación de las personas que dirigían el paro. Dos días antes del Golpe de Estado me acuerdo haber llevado a una madre con su hijita al hospital San Juan de Dios. Llegamos con la guagua fallecida.

Quien habla es la trabajadora social María Luisa Sepúlveda. Hoy tiene 75 años, está con un virus respiratorio y ha aceptado dar esta entrevista pese a lo congestionada que se encuentra; tiene vínculos con el Hogar de Cristo. Entre 2012 y 2018 fue parte de su directorio. Aunque su ligazón más fuerte es la que la vincula al Comité Pro Paz primero, a la Vicaría de la Solidaridad después y luego a la Comisión Valech, de la que fue su secretaria ejecutiva. Es, sin duda, una de las voces más reconocidas por su defensa de los derechos humanos en Chile.

–Había muchos campamentos en torno al policlínico y entre los pobladores varios eran mecánicos. El 10 de septiembre, le pedí al director que nos autorizara a revisar las ambulancias con algunos de ellos para poder usarlas en esas emergencias. Ahí descubrimos que todas estaban manipuladas, que las panas eran provocadas por cortes de mangueras y cosas muy simples de resolver. Al día siguiente fue el golpe. El 18 de septiembre autorizaron a todos los funcionarios de la administración pública a volver a trabajar. A mí me dijeron que no tenía autorización para atender público ni para hablar con el personal. Al poco tiempo me exoneraron.

-En 2017, el Hogar de Cristo, cuando aún estabas en su directorio, lanzó una campaña que decía: “La pobreza es la mayor violación de los derechos humanos”. ¿Compartes la frase?, porque hay algunos a quienes no les hace sentido.

-Me hace súper sentido. Yo, después del golpe, vi cómo se les violaban los derechos humanos a las personas. No solo a los partidarios de la Unidad Popular, sino que a parte importante de la población, en especial a los más pobres. Hubo problemas de libertad de expresión, de acceso al trabajo, de sindicalización… Se limitaron las libertades en todo orden de cosas, pero los que más problemas tuvieron fueron los sectores más vulnerables, porque incluso tenían mucho más dificultades para acceder a redes de reparación. La dictadura fue particularmente cruel con esos sectores.

-Pero yo hablo de pobreza propiamente tal. De la falta de recursos materiales.

-La frase tiene mucho sentido y la aplico especialmente a esos años. Yo me acuerdo que cuando nosotros estábamos en el Comité Pro Paz, en los primeros años de la dictadura, las personas no tenían dinero. No tenían plata para hacer trámites ni para pagar un pasaje de micro e ir a los lugares de búsqueda de sus familiares detenidos desaparecidos.

María Luisa se suena, está muy congestionada. Suena ronca y triste.

Recuerda el caso de un joven desaparecido de 21 años, al que lo buscaba su hermana. “La chica estaba embarazada. Tenía más niños y cuidaba a su madre, a la que recientemente, en un accidente, un tren le había amputado las piernas. Vivía en un sector de Paine y su madre en otro y no tenía cómo ir a verla, porque no tenía dinero, trabajo ni posibilidades de tenerlo. La precariedad era inimaginable hoy. Llevaban a los detenidos a lugares alejados y había que hacer unos enormes esfuerzos de traslado de los familiares, porque nadie tenía recursos”. Cuenta que se consiguieron una micro precaria, vieja, de pésima calidad. Ahí trasladaban a las personas y llevaban recados.

Decir nunca más

En octubre de 1973, nació el Comité Pro Paz y, a principios de 1974, María Luisa ya se desempeñaba como trabajadora asistente social del Departamento Jurídico. “Yo me enteré de la creación del comité muy pronto, porque yo pertenecía a una comunidad de profesionales católicos y gente de esa comunidad se fue a trabajar al Comité Pro Paz”, explicó a dos estudiantes de periodismo de la Universidad de Chile que la entrevistaron para su memoria de título en 2017. En esa oportunidad también recordó: “El comité era una casa que en algún momento fue ocupada por una familia y tenía un altillo al cual se subía por una escala con muchos recovecos. La gente que iba para encontrar a sus familiares se empezó a juntar arriba. Había un sacerdote que era gringo y unas monjas inglesas que ayudaron a mucha gente y que acompañaban a estos grupos”.

En 1975, Pinochet ordenó cerrar el Comité Pro Paz y el cardenal Raúl Silva Henríquez creó la Vicaría de la Solidaridad, al amparo del Arzobispado de Santiago, lo que impidió a la dictadura intervenir un organismo de la Iglesia. Eso fue a comienzos de 1976. María Luisa siguió trabajando allí.

Hoy nos comenta:

–La Vicaría generaba un espacio de contención, de solidaridad, de apoyo a quienes recurrían a ella. Yo quisiera valorar ese aspecto. En el acto con que el Presidente Boric presentó la política de búsqueda me reencontré con muchos de esos familiares a los que conocí durante todos los años que trabajé en la Vicaría y percibí ese recuerdo en todos: la contención y la solidaridad que se les daba ahí. Es terrible pensar que muchos no alcanzaban a llegar a la Vicaría y no tenían ese apoyo.

María Luisa comenta que cuando fue invitada a integrar la Comisión de Prisión Política y Tortura en 2003, conocida como la Comisión Valech, quedó claro que el 68 por ciento de las víctimas corresponden a los primeros meses posgolpe, entre septiembre y diciembre de ese año. Explica:

–La mayoría de ese 68 por ciento no denunció y se quedó con esa situación adentro, viviéndola para sí mismos, por temor, porque fue muy amenazado por sus captores, porque la Vicaría tampoco tenía la capacidad de contener a todas las víctimas. Hay que recordar que este organismo era el único que existía y nosotros ni siquiera sabíamos todo lo que estaba sucediendo. No conocíamos ni la magnitud ni la brutalidad del daño que esas personas habían recibido. Por eso, la Vicaría fue un espacio de solidaridad y de apoyo para que las mismas personas pudieran organizarse y ser protagonistas de sus propias defensas. Eso era bueno para ellas y para nosotros; nos potenciaba.

-¿Cómo te explicas la brutalidad y el ensañamiento? ¿La crueldad? ¿Qué desató esos demonios? ¿Cómo te lo explicas hoy que ya han transcurrido 50 años?

-Cuando estábamos trabajando en el Informe Valech, recabando información, tenemos las declaraciones hechas por Pinochet a El Mercurio, el 18 de septiembre de 1973, donde dijo que se demorarían cinco días más en tener controlado el país. En los años 90, un almirante que publicó un libro sobre la participación de la Marina en el golpe militar también reiteró la facilidad que tuvieron las Fuerzas Armadas para controlar el país. Entonces, no es explicable que hubieran seguido matando hasta el final, no es entendible que hubieran seguido haciendo desaparecer personas hasta el final, no es comprensible que hubieran degollado a personas, como José Manuel Parada, que trabajaba en la Vicaría.

Ese asesinato demencial toca especialmente a María Luisa.

En la memoria de título ya aludida, ella se refiere a las consecuencias personales de haber trabajado en la Vicaría: “Uno no tenía ni la más remota idea de lo que uno iba a ser testigo, que iba a acompañar situaciones de tanto dolor, de tanta brutalidad, entonces yo traté de que mi vida familiar siguiera como si nada. La visión de mis hijos fue que estuvieron muy contaminados por mi trabajo. Yo sentí que los protegí, más de lo que ellos sintieron, de su relación con esta labor. Se acuerdan de cosas, como cuando mataron a José Manuel Parada. Su muerte marcó mucho a mi hijo menor. Quedó con una inseguridad terrible, temía que a mí me pasara algo y fue fuerte, hubo que apoyarlo. Él conocía a José Manuel y a sus hijos”.

–¿Cómo te explicas hoy la inhumanidad de esos hechos? –insistimos.

–Era tanta la ambición de poder que tenía el general Pinochet que cualquier cosa que le molestara él tenía que pararla. Por eso mató a esas tres personas –dice, aludiendo a los tres militantes del Partido Comunista de Chile: José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, asesinados por Carabineros en marzo de 1985–. Y agrega: “Era una brutalidad sin límites. Me tocó ir muchas veces a la morgue y ver cadáveres a los que les habían sacado los ojos, de mujeres embarazadas con los vientres abiertos, de personas a las que les cortaban los rostros o les sacaban las huellas digitales para que no fueran identificadas. O sea, una brutalidad sin sentido. Una salvajada que todos debemos rechazar, incluidos los sectores que apoyaron el golpe. A eso es a lo que hay que decir nunca más. No entiendo tanta dificultad para rechazar algo tan obvio”.

–Resulta incomprensible.

–Incomprensible. Nunca la violación de derechos humanos por parte del Estado debería tener explicación, nunca un golpe de Estado, una solución política violenta, debe ser aceptada. No se conoce ninguna dictadura que no viole los derechos humanos. Por eso es de un doble estándar terrible aceptar el régimen de Pinochet y condenar otras. Esa es una postura absolutamente inaceptable.

Los secretos son secretos

Defender la sobrevivencia de las familias, ese fue el rol que les tocó a muchas mujeres pobladoras posgolpe, destaca la trabajadora social. Ella no estuvo en el rol de apoyar la instalación de ollas comunes, pero varias de sus colegas y amigas de la Vicaría sí lo hicieron.

–En el tiempo de la dictadura, las mujeres fueron muy protagónicas en lo que fue la defensa de los derechos humanos, incluida la sobrevivencia de la familia. Las mujeres pobladoras sostenían las ollas comunes, la búsqueda de alimentos, la preparación de las comidas, la distribución. Ese aprendizaje se reactivó después del estallido social y en pandemia. Las ollas comunes eran espacios de mucho más que alimentación, a diferencia de los comedores que tenía Lucía Pinochet, vinculados a Integra, que daban comida a los niños preescolares. Pero era solo comida, nada de educación. Las ollas comunes, en cambio, eran una experiencia comunitaria de mucha solidaridad.

Solidaridad fue la palabra soporte. El concepto que se instaló, con una Vicaría creada por la Iglesia para amparar al pueblo perseguido.

-¿Cuándo y por qué dejó la Iglesia católica de ser baluarte de valentía, protección, honestidad para los chilenos? ¿Crees que hoy faltan autoridades morales, como fue el cardenal Raúl Silva Henríquez en los tiempos que estamos repasando?

–Ay, no me cabe duda que sí, que faltan figuras como él. Creo que las autoridades de la Iglesia, no la Iglesia, posdictadura, se dedicaron a dar normas sobre temas valóricos y no a pensar en los grandes problemas que tienen los chilenos más vulnerables. Así se fueron aislando. Muchos piensan que la falta de legitimidad que tiene hoy la Iglesia se debe a las acusaciones de pedofilia y abusos sexuales y de poder. Eso es así, pero también pesa su desvinculación con la comunidad, con la gente que la integra. Yo creo que han dejado de ser Iglesia con todos, esa es mi opinión.

Sin baluartes morales a la vista, hoy hemos visto el triste espectáculo de los políticos en torno a la conmemoración de este medio siglo que se cumple del 11 de septiembre de 1973. Y una polémica en torno a un tema súper sensible: el levantamiento del secreto de los testimonios recogidos por la Comisión de Prisión Política y Tortura sobre el que insistió el Presidente Gabriel Boric, tema que luego matizó.

-¿Qué piensas sobre la idea de levantar el secreto de esos testimonios entregados bajo compromiso de reserva?

-Yo soy una gran defensora del secreto. Me parece que es una facultad absoluta de la víctima, del declarante. Es él quien voluntariamente puede decidir si quiere levantarlo. Muchos de los que hablaron en la comisión lo hicieron porque era bajo reserva y eso debe ser respetado. Entiendo, según lo que conozco del proyecto de ley, que se le va a preguntar a la víctima si quiere hacer público su testimonio. Eso me parece esencial.

-¿Tú crees que abrir esos testimonios pueda contribuir a dar con el paradero de detenidos desaparecidos?

-No. Yo siempre he dicho que en las víctimas no se encuentra el destino final de los desaparecidos. No hay en esos testimonios información relevante para ese fin; si la hubiera habido, nosotros habríamos sido los primeros en decir que ahí había pistas e información que servía. En esos testimonios secretos no hay impunidad. Eso hay que despejarlo.

Solo hay dolor y deseo de privacidad.