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Foto: Archivo, AP
Los fondos fueron transferidos a la cuenta corriente de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) debido a que los herederos de Pinochet no los reclamaron dentro del plazo legal de seis meses. Cabe mencionar que estos fondos no formaron parte del decomiso ordenado por la Corte Suprema en 2018, que obligó a la familia Pinochet a traspasar al fisco US$ 1,6 millones, señalando que el general (r) había incurrido en conductas relacionadas con la sustracción de caudales públicos.
Tras casi dos décadas de intensas investigaciones y litigios, más de $3 mil millones de pesos chilenos, equivalentes a aproximadamente US$ 3.3 millones, que fueron incautados al dictador Augusto Pinochet Ugarte, en el marco del Caso Riggs, finalmente han quedado en manos del Poder Judicial de Chile. Según consignó El Mercurio, la larga batalla legal concluyó con la liquidación de tres depósitos a plazo que estaban en una entidad bancaria.
El caso Riggs, que se remonta a agosto de 2004, fue una investigación que se centró en el patrimonio del fallecido general y líder de la dictadura chilena Augusto Pinochet Ugarte. En 2018, la Corte Suprema ordenó el decomiso de una parte de los fondos relacionados con Pinochet, determinando que su familia debía traspasar al fisco un monto equivalente a US$ 1.6 millones, lo que en ese momento representaba poco más de mil millones de pesos chilenos.
La Sala Penal de la Corte Suprema también concluyó que los herederos de Pinochet eran “terceros responsables” en este caso y que el general (r) había incurrido en “conductas que importaron sustracción de caudales públicos”. Estas decisiones legales marcaron un hito en la lucha contra la impunidad en Chile y sentaron un precedente importante.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) fue el organismo que solicitó al ministro del tribunal de alzada capitalino, Guillermo de la Barra, poner a disposición de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) los fondos retenidos en el tribunal. El ministro De la Barra accedió a esta solicitud en el año 2020, basándose en el artículo 677 del Código de Procedimiento Penal chileno, que establece que los dineros puestos a disposición de los tribunales que no sean objeto de incautación ni reclamados dentro de los plazos señalados se girarán a la orden de la CAPJ para sus fines.
Sin embargo, la historia legal de estos fondos no terminó allí. La defensa de Lucía Hiriart, la fallecida viuda de Augusto Pinochet, interpuso un recurso argumentando que ella ya no era dueña de los bienes en comiso. El ministro De la Barra rechazó este recurso, y en diciembre de 2021, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó su decisión. La sentencia quedó ejecutoriada hace un año, pero la entrega de los fondos no pudo concretarse en agosto de 2022 debido a medidas precautorias impuestas por el 7º Juzgado Civil de Santiago, en respuesta a una demanda presentada por el CDE.
De acuerdo al matutino, estos recursos serán destinados a los fines de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ).
