PAÍS
Fiscalía de Arica y Tarapacá
Junto con confirmar la presencia en Chile del grupo carcelario brasileño Primer Comando de la Capital (PCC), el diputado –que presidió la Comisión Especial Investigadora de la criminalidad en la macrozona norte– sostiene que el Estado debe optar entre proteger las garantías de los imputados o las de víctimas y agentes encubiertos. Su par Andrés Jouannet (Amarillos), en tanto, señala que hay un problema “gravísimo” a nivel de judicatura, especialmente respecto de los magistrados que egresan de la Academia Judicial.
Al menos dos miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados se encuentran estudiando modificaciones legislativas destinadas a que no vuelvan a repetirse hechos como el ocurrido en Arica, donde el juez Héctor Barraza entregó las identidades de 57 testigos protegidos y agentes encubiertos a los abogados defensores de imputados pertenecientes al Tren de Aragua.
Al respecto, el diputado Jaime Araya (PPD) explicó que actualmente la reserva de identidad está establecida en dos cuerpos normativos: el Código Procesal Penal y la Ley 20.000 (antidrogas), pero esta última “no señala hasta cuándo se entiende el secreto y muchas veces se ha interpretado que eso abarca solamente el periodo de investigación”, como sucedió en el caso de Arica, donde la Fiscalía finalizó el periodo legal de investigación, ante lo cual las defensas solicitaron al juez conocer las identidades sujetas a reserva de investigación.
Ante ello, Araya explicó que “estamos estudiando una modificación en la Ley 20.000, que además va a ser extensiva a las investigaciones que tienen que ver con crimen organizado, que señale de manera expresa que se va a entender reserva de identidad de los agentes policiales, de testigos, agentes reveladores, incluso de los propios fiscales, que se establezca desde los primeros actos de la investigación hasta la realización del juicio oral y los actos posteriores a la ejecución de la sentencia, de manera tal que nunca se pueda conocer la identidad de los funcionarios policiales en este caso”.
Ante ello, señala que hay dos consideraciones. La primera es que los agentes encubiertos por lo general pertenecen a unidades especializadas de Carabineros o la PDI y, al dar a conocer sus nombres, obviamente se ponen en riesgo sus vidas. En segundo término, precisa que “desde el punto de vista de la formación, básicamente se pierden policías que tienen altos grados de especialización”, pues, al ser reveladas sus identidades, la mayoría de ellos pierde la posibilidad de seguir actuando en forma encubierta. Ante ello, agrega que “Chile no está en condición hoy día de darse el lujo de perder oficiales que tengan niveles de especialización”.
Por cierto, el diputado Araya (que es abogado) no desconoce la pugna que se produce entre los derechos de los imputados y las normas de protección, pero manifiesta su posición: “En esta colisión de derechos el Estado tiene que tomar la decisión de privilegiar la protección de los agentes policiales”, agregando que “si en cada operación de inteligencia o investigación especializada tienen que conocerse (las identidades)… en muy corto plazo nos vamos a quedar sin ningún personal que esté especializado”, junto con agregar que dicha garantía debiera ser también extensiva a agentes encubiertos o agentes reveladores de otras instituciones, como la Dipolmar (policía marítima), Gendarmería, DGAC, etc.
Ante ello, el parlamentario recuerda que el asesinato de agentes encubiertos “es una línea que nuestro país aún afortunadamente no ha traspasado, como sí ha pasado en otros países de Latinoamérica, por eso la urgencia de tener una norma que pueda despejar cualquier duda jurídica respecto de la procedencia y mantener la reserva de identidad de los funcionarios que participan en la investigación”.
En el mismo sentido, destaca la necesidad de contar a la brevedad con una norma que proteja a fiscales, aseverando que “ha habido un verdadero estallido del tema del crimen organizado en nuestro país, lo hemos visto día a día” y agrega que, frente a ello, “hay que abrirse a legislar con cierta rapidez estas materias, para que no quede ninguna duda, porque además muchos de los principios que imperan para el proceso penal chocan hoy día con este fenómeno que nosotros no conocíamos, que no estaba en nuestro radar, que al momento de crear el sistema procesal penal no se conocían”.
Sobre lo anterior, da como ejemplo que verdaderas mafias de cultivo de marihuana se han instalado en las zonas de valles de las regiones de Coquimbo y Valparaíso, generando disputas territoriales muy fuertes, y añade que en Chile “nosotros hoy en día tenemos registro de Tren de Aragua, Tren de los Gallegos, el Primer Comando de la Capital, los Espartanos, el cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva generación”, entre otros.
Cabe mencionar que el Primer Comando de la Capital (PCC) es un grupo brasileño de origen carcelario, cuya presencia siempre se ha mencionado como “probable” en el país, pero el diputado Jaime Araya –quien además presidió la Comisión Especial Investigadora sobre criminalidad en la macrozona norte– dice que, de acuerdo con la información que él maneja, la presencia en Chile de sujetos vinculados al grupo es un hecho.
Por su parte, el diputado Andrés Jouannet (presidente de Amarillos), señala que se encuentra estudiando una modificación legal junto a un equipo de abogados, pero no quiere adelantarla hasta tener lista la propuesta. Sin embargo, sostiene en tono enérgico que, por ejemplo, “cuando hablamos de agentes encubiertos, estamos hablando de gente que tiene familia también, un agente encubierto tiene familia. Entonces, aquí hay un descriterio por parte de varios jueces, que no es solamente de ahora, tenemos un problema gravísimo, gravísimo, del nivel de jueces que está saliendo hoy día de la Academia”, refiriéndose a la Academia Judicial.
En dicho sentido, indica que “quiero señalar muy responsablemente” que hay fallos “en todo sentido, no solamente en materia criminal, que no tienen concordancia. Hoy día la verdad es que, si uno enfrenta a un tribunal, no sabe con qué puede salir. Una persona inocente puede terminar condenada. Eso está ocurriendo”.
Ante ello, añade que “en esta lucha contra el crimen organizado, contra el terrorismo, tenemos que poner mucha atención en los tribunales. Porque no sacamos nada con tener más policía, mejores técnicas investigativas, mejores leyes, si finalmente el criterio de los jueces dista mucho de lo que es, por una parte, el espíritu de la ley, pero por otra parte también en la lucha que estamos dando hoy día contra el terrorismo”.
Al respecto, puntualiza –coincidiendo con el diputado Araya– que “objetivamente no estábamos preparados para la criminalidad que llegó al país. Hasta hace cinco o seis años, teníamos un tipo de criminalidad que la propia policía, la ley, de alguna manera, más o menos, podía contener”, pero hoy es diferente, ante lo cual agrega que “Chile se ha convertido en un pasadizo para las drogas y además somos los primeros consumidores de cocaína de América Latina”.
Frente a todo ello, critica que “el Gobierno va con un paso muy cansino en esto, muy cansino. Y no es un tema de que uno sea oposición o no. Creo que el Gobierno pasado también fue absolutamente deficitario, porque nunca enfrentó el tema del crimen organizado como una cuestión prioritaria”. Pese a ello, el diputado Jouannet reconoce que “el Gobierno trata de hacer un esfuerzo y ha entendido la dimensión de este problema, pero yo siento que no va al ritmo que tenemos que ir”.
