PAÍS
Con este relato, desentrañamos uno de los problemas sociales primordiales post 11 de septiembre de 1973 en Chile. Hoy, con más de 650 mil familias sin viviendas apropiadas y dignas, nos sumergimos en el pasado para comprender la crisis habitacional de mediados de los años 70 y 80 en nuestro país.
“El golpe de Estado dejó una profunda huella en la segregación urbana que enfrentamos en la actualidad”, dice el arquitecto y exdirector de Fundación Vivienda, Felipe Arteaga. “Es poco conocido, pero antes de la dictadura, se había iniciado una política habitacional que hoy recién estamos retomando, con una perspectiva global e integrada. Entonces se crearon viviendas sociales con acceso a servicios de salud, educativos, deportivos, entre otros. Sin embargo, a partir de 1973 y con el inicio de la dictadura, esta perspectiva cambió. Se empezó a priorizar la construcción de viviendas sociales a muy bajo costo y paupérrimas en áreas donde el suelo era más barato, sin considerar la conectividad, la integración social o los servicios más básicos”.
-¿Qué consecuencias tiene hoy esa política de vivienda?
-En esa época era muy común escuchar a personas que optaban por viviendas sociales decir: ‘Me asignaron una casa en La Pintana’ o ‘Me dieron una casa en Lampa’. Esto provocó que las familias de campamentos terminaran desarraigadas de sus vecinos o de los barrios donde habían crecido, siendo desplazados forzadamente a barrios sin oportunidades. Los efectos están a la vista y generaron algo muy nocivo, porque en lugar de incluir a las personas más pobres, se empezaron a crear las periferias que hoy tanto aparecen en las noticias.
Guillermo Melipil, a sus 75 años, fue uno de los afectados por estas erradicaciones. A los 35 años, se vio forzado a abandonar junto a cientos de familias lo que antes era su hogar en la población Las Tranqueras. Este asentamiento surgió en la década de 1970 y, posgolpe, se erradicó para transformarse en el actual Parque Araucano, en Las Condes.
“Ahí vivía con mi señora. Fue triste, no teníamos dónde vivir y llevábamos un tiempo largo construyendo la casa, sabiendo que no era nuestra por la ley, pero sin otra opción. Era estar ahí o vivir de frentón en la calle. En esa época había poblaciones con gran cultura social, como La Victoria o la Villa La Reina, en Santiago, que resultaron afectadas en su momento. Sin embargo, con la dictadura nos sacaron de un día para otro, con fusiles en mano”.
-¿Dónde los llevaron?
-Yo me fui a La Pintana, donde resido actualmente. Cuando llegamos, todo estaba vacío, no había nada, era como un potrero. Hoy en día, la situación es aún más difícil; cambiamos las chacras por casas tapadas de alambre y hay personas dedicándose al tráfico de drogas. No se puede salir a comprar el pan a cierta hora y, a pesar de que aún quedan vecinos buena gente, vivimos encerrados.
-¿Qué recuerdos tiene de la vida en el campamento?
–Era más bien una toma. Los campamentos y las mediaguas vinieron después, pero lo recuerdo con cariño, porque antes del 73 había más cultura social. Todos queríamos convertir la toma en un lugar más digno, pero entre todos los vecinos, ¿me entiende? Es triste. La toma quedaba en Las Condes, una comuna de dinero y los vecinos de la comuna nos ayudaban. No todos eran tipos discriminatorios. Después del 73, nunca volví a subir a esa comuna.
Tras el golpe de Estado, hubo una serie de desalojos de tomas de terreno y asentamientos informales. El régimen de Pinochet implementó políticas de “orden y seguridad” que incluyeron el desalojo de diversas tomas y ocupaciones de terrenos. Esas políticas, tras 1973, tuvieron un efecto contrario al esperado. El déficit habitacional a nivel nacional aumentó de casi 800 mil viviendas faltantes, en 1982, a más de un millón, en 1992.
Las mediaguas, ideadas por el jesuita belga Josse Van der Rest, jugaron un papel crucial en la respuesta a la crisis habitacional causada por la erradicación forzada de terrenos. Estas viviendas temporales proporcionaron refugio a las familias afectadas, permitiendo una transición hacia una situación más estable.
“El Padre Hurtado siempre decía: ‘Hay que conseguir un techo para los que no tienen uno’. Ese era su lema. Yo agregué la idea del sitio urbano y la mediagua. El pobre que logra tener un terreno urbano, sale de la pobreza, así de simple. Por eso, mi mayor lucha es contra la especulación urbana que asfixia a los pobres y genera segregación y exclusión”, expresó el sacerdote jesuita tres años antes de su fallecimiento en 2020, a la edad de 96 años.
En la década de 1970, se estimaba que había alrededor de 480 campamentos en todo el país. Para la década de 1980, el número había aumentado significativamente, llegando a cerca de mil 200 campamentos.
Para Benito Baranda, exdirector social de Hogar de Cristo, el peor abandono social del régimen de Pinochet fue la erradicación territorial, cuyas consecuencias aún estamos viviendo.
Sostiene:
–Vivir en La Pintana, en la población El Castillo, es vivir con personas violentamente erradicadas durante la dictadura. Son más de 300 mil personas, que en ese periodo de durísima crisis económica de los años 80 fueron sacadas de sus hogares en camiones militares y trasladadas a estas villas en distintos lugares de Santiago. Fue una erradicación brutalmente hecha, sin respeto por la dignidad humana.
-¿Cómo te explicas que nadie levantara la voz?
-Hubo un par de voces disidentes, pero el régimen y la autoridad omnipotente de Pinochet sedujeron a un grupo de personas poderosas que se vieron beneficiadas con esas erradicaciones. Con ellas, se termina sometiendo mucho más a los pobres y se genera una regresión social muy fuerte. Un daño que hasta el día de hoy nos impacta como sociedad. Para mí ese es uno de los mayores retrocesos sociales de la historia de Chile.
Una realidad que está lejos de ser superada. El Catastro Nacional de Campamentos TECHO-Chile 2022-2023, que dio a conocer la fotografía más actualizada sobre estos asentamientos precarios, revela una nueva alza de familias viviendo en campamentos. Hoy son 113.887 hogares, un 39,5% más que en el periodo anterior.
De acuerdo con el Catastro Nacional de Campamentos TECHO-Chile 2022-2023, los motivos que obligan a las familias a vivir en campamentos son, en primer lugar, el alto costo de los arriendos (74,8%), seguido de la necesidad (73,6%) y, finalmente, los bajos ingresos (72,5%).
Para Sebastián Bowen, director ejecutivo de la fundación, los campamentos son solo un síntoma de una enfermedad extendida en nuestras ciudades, que es la falta de acceso a la vivienda, el hacinamiento, el arriendo abusivo y la precariedad habitacional.
En sus palabras: “Tan importante como terminar con los campamentos actuales, es enfocarnos en evitar que nuevas familias lleguen a vivir a campamentos. De lo contrario, vamos a reducir el síntoma, pero la enfermedad va a seguir, dándole prioridad a toda la problemática. No solamente a la familia en campamento, también a las familias que viven hacinadas, sujetas a arriendos abusivos o en casas sumamente precarias”, concluye.
En definitiva, si el espacio urbano se torna una trampa de exclusión de oportunidades de trabajo, de salud, de seguridad, de educación, es inadecuado pensar en políticas sociales –orientadas a erradicar la pobreza– separadas de políticas urbanas y de vivienda. De este modo, la segregación urbana se ha convertido en una de las mayores muestras de la desigualdad en Chile, en muchos aspectos más problemática incluso que la actual desigualdad económica.
