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Edson Dettoni declaró en la fiscalía que la parlamentaria estaba al tanto de los millonarios convenios suscritos por su entonces pareja, Daniel Andrade, con el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, un año antes de que estallara el Caso Convenios. La declaración de Dettoni contradice las declaraciones iniciales de la diputada Pérez y su jefa de gabinete, Romina Neumann.
El secretario ejecutivo de Revolución Democrática (RD), Edson Dettoni, prestó declaración ante el Ministerio Público el 11 de agosto de 2023 en la ciudad de Antofagasta, arrojando luz sobre un asunto que ha sacudido la política chilena en los últimos meses: la transferencia de recursos del Estado a la fundación Democracia Viva —ligada a uno de los partidos oficialistas eje del Frente Amplio— y lo que destapó el denominado Caso Convenios.
La revelación más impactante de Dettoni ante las autoridades judiciales fue su afirmación de que la diputada Catalina Pérez, militante de RD, estaba al tanto de los convenios millonarios suscritos por su entonces pareja, Daniel Andrade, con el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, en el año 2022, lo que marca un quiebre en la versión oficial mantenida por Pérez hasta el momento.
Según consignó La Segunda, Dettoni aseguró que fue Daniel Andrade quien le confesó inicialmente que Catalina Pérez tenía conocimiento de los mencionados convenios, aunque no proporcionó detalles específicos sobre cuándo ni en qué medida. Esta revelación contradice las declaraciones iniciales de Romina Neumann, jefa de gabinete de la diputada Pérez, quien había sostenido que Pérez no estaba al tanto de los acuerdos.
El testimonio de Dettoni también afirma que, el día en que el medio TimeLine destapó el escándalo de los traspasos de fondos públicos a fundaciones sin fines de lucro, la diputada Pérez contactó al secretario ejecutivo de RD. En un encuentro en la sede del partido, Pérez habría insistido en la legalidad de los convenios y reafirmó que no había tenido participación ni conocimiento específico de los mismos.
Sin embargo, el panorama cambió el 21 de junio de 2023, cuando Dettoni —según dijo a Fiscalía— recibió información de que Catalina Pérez sí tenía conocimiento de los convenios entre marzo y mayo de ese año. Esta información, según el testimonio del militante RD, provino de Ivalú Millar, parte del equipo del diputado Jaime Sáez y pareja de Tomás Flores, exmiembro de Democracia Viva. Millar alertó a Romina Neumann sobre la existencia de los convenios, lo que posteriormente confirmó Javiera Martínez Fariña, militante de RD y actual Jefa de la Dirección de Presupuesto (Dipres).
Dettoni continuó afirmando que, el 27 de junio de 2023, supo que Catalina Pérez tenía conocimiento de los convenios desde el año anterior (2022). Según un militante llamado Pablo Espinoza Espinoza, Paz Fuica, concejala de Antofagasta y cercana colaboradora de Carlos Contreras en la Seremi, ya había levantado una alerta sobre los convenios en ese momento. Esto, según Dettoni, implicaría que el tema era manejado en la región por el partido, sugiriendo que Catalina Pérez estaba al tanto de la situación un año antes.
En la declaración consignada por el vespertino, Dettoni anunció su disposición a proporcionar copias de todas las conversaciones de WhatsApp relacionadas con los hechos investigados. Estas revelaciones del secretario ejecutivo de RD han sacudido el escenario político chileno y plantean nuevas preguntas sobre la participación y el conocimiento de la diputada Catalina Pérez en el controvertido asunto de los convenios millonarios.
Es importante recordar que la propia diputada Pérez manifestó en un video a través de redes sociales que “cuando tomé conocimiento de los convenios con el ministerio de Vivienda no ponderé correctamente el impacto para el país, el daño que esto iba a causar tanto para mí como para el gobierno del Presidente Gabriel Boric. Me equivoqué, cometí un error de juicio”.
Previo a ello, había señalad “no voy a aceptar que una mujer, que ha construido su carrera política con mucho esfuerzo, tenga hoy que responder por actos de hombres adultos. Esas responsabilidades tienen que asumirlas quienes corresponden, ambos firmantes del acuerdo”. Agregó que “no he cometido ningún error aquí. Esta es una responsabilidad que deben asumir terceros”.
“El 21 de junio de 2023, me enteré que Catalina sabía de los convenios por lo menos entre marzo y mayo de 2023, puesto que Ivalú Millar, quien es parte del gabinete del diputado Jaime Sáez y pareja de Tomás Flores, que había sido parte de Democracia Viva, le había alertado a Romina Neumann (jefa de gabinete de la diputada Pérez) sobre la existencia de estos convenios, lo que me contó Javiera Martínez Fariña, también militante de RD y actual Jefa de la Dipres (Dirección de Presupuesto), como rumor y que lo confirmara. Lo que ratifiqué al día siguiente con Juan Ignacio Latorre, quien señaló que Ivalú Millar le había contado a Romina, dándonos cuenta que Catalina nos había mentido, además de Carlos y Daniel. También el 22 de junio nos decidimos denunciar a Catalina Pérez al Tribunal Supremo y poner querella en contra de todos quienes resulten responsables. Posteriormente, el 27 de junio de 2023, me enteré que Catalina Pérez sabía de la existencia de los convenios con Democracia Viva desde el año pasado (2022), dado que un militante de nombre Pablo Espinoza Espinoza, me contó que ya otra militante, Paz Fuica (concejala de Antofagasta, brazo derecho de Contreras en la Seremi) había puesto una alerta respecto a que se veía feo esto (de los) convenios. Lo que supone que este tema lo manejan en la región por el partido, lo que implica que naturalmente lo sabía Catalina, lo que significa que Catalina nos mintió sobre esto nuevamente. Conversé al día siguiente con Llanquiray Díaz, militante y además exasesora legislativa de Catalina, quien no lo desmintió una vez que le consulté del tema”.
El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde se refirió este jueves a los dichos de Dettoni.
“La declaración es clara, dice que se quiso hacer algo y no se hizo, ahora respecto al tema de fondo y nosotros hemos sido categóricos, creemos que las investigaciones tienen que desarrollarse de manera autónoma y exitosa en total esclarecimiento de los hechos y en el caso de acreditarse responsabilidades penales que se apliquen las sanciones correspondientes”, expresó el ministro.
“El compromiso del Gobierno da cuenta también de un compromiso explícito al Presidente Boric, hechos de esta naturaleza tienen que ser investigados por las instituciones correspondientes, la Contraloría para determinar responsabilidades administrativas, el Ministerio Público para determinar responsabilidades penales y en el caso de que así ocurra tendrán que aplicarse las normas de nuestra legislación porque obviamente ante hechos de esta naturaleza lo que corresponde es que en caso de acreditarse delito se sancione conforme a lo establecido por nuestro ordenamiento jurídico”, agregó.
