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Miguel Moya/Agencia Uno
Según el senador, la administración gubernamental cree que puede haber tomas de terrenos que no sean violentas. La presidenta del PS, la también senadora Paulina Vodanovic, defendió el veto anunciado por la ministra Carolina Tohá y desdramatizó el hecho de que se deje a criterio de la judicatura la aplicación o no de penas privativas de libertad.
El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el senador Javier Macaya, intensificó esta mañana la guerrilla verbal de la oposición en contra del gobierno, luego de que el viernes la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunciara la presentación de un veto presidencial en contra de la Ley de usurpaciones.
Entrevistado en el programa Mesa Central de T13, Macaya aseguró que “el parlamento, por una mayoría importante, aprobó la ley de usurpaciones, que básicamente lo que establece es la figura de poder intervenir, poder responder rápidamente ante usurpaciones”, aseverando que frente a ello “el gobierno está tratando de hacer un juego bien alambicado y complejo para dar vuelta a esa decisión democrática”, asegurando que
“el gobierno lo que está haciendo es ponerse al lado de los usurpadores”.
En dicho sentido, aseveró que, frente a la distinción entre usurpaciones violentas y pacíficas, él preguntaría a la ciudadanía “si ellos piensan que alguna vez alguna usurpación, alguna toma de un terreno, más allá de que se haga sin violencia, puede ser calificada de pacífica. Eso es lo que sostiene el gobierno. Eso es lo que está sosteniendo el gobierno, que la vulneración del derecho de propiedad a tomarse un terreno puede ser calificada de pacífica. A mí eso no me parece”.
Además, calificó como un “punto central”, la facultad de “que los tribunales de justicia puedan determinar si una persona que cometa un delito de esa magnitud sea o no privado de libertad”, dejando al criterio del tribunal de turno la posibilidad de aplicar una pena privativa de libertad o no.
A su juicio, el veto “trata de aminorar una ley que había sido acordada” y opinó que aunque “es legal, es legítimo, es constitucional, vulnera una decisión mayoritariamente acordada por el congreso”. En el mismo sentido, dijo que “hay que juntar los dos textos y vamos a ver quién está del lado de quién, quién está del lado de los usurpadores y quién está del lado de las víctimas. Nosotros, por supuesto, nos hemos situado al lado de las víctimas en este tema”, acusando, como lo hicieron el sábado otros representantes de su sector, que el gobierno está “de alguna manera capturado ideológicamente por la extrema izquierda y particularmente por el Partido Comunista, que tenía una posición muy fuerte a este tema. O sea, para ellos la toma de terrenos pacíficas, entre comillas, es algo que es aceptable en democracia. Para nosotros es inaceptable y es por eso que queremos tener un estatuto que permita, de mejor manera, defenderse ante los usurpadores y aplicar todo el imperio de la ley cuando es necesario”.
Del mismo modo, argumentó que el gobierno “va a tener que darle la explicación a la ciudadanía, sobre todo a la gente de la región del Bío Bío, de la Araucanía, de la macrozona sur, que tienen este problema de tomas de terrenos. Va a tener que hablar probablemente con Valentina Correa, la hija de un señor que fue asesinado, justamente por un tema de tomas de terrenos”.
La posición de la presidenta del PS
En el mismo programa, la Presidenta del PS, Paulina Vodanovic, defendió el veto, recordando que cuando comenzó el proyecto se le encargó el trabajo prelegislativo a los senadores Jaime Quintana (PPD) y José García Ruminot (RN), ambos de La Araucanía, gracias a lo cual se ingresó el proyecto original, que entendía la usurpación como un delito de ejecución permanente, lo que facultaba a las policías a ingresar a los lugares usurpados en cualquier momento, pero luego, precisa, apareció la autotutela; “es decir, la posibilidad de que los civiles y particulares dueños de los terrenos ingresen a recuperarlo. Eso es de una gravedad enorme, porque finalmente el principal papel del Estado es tener el monopolio de la fuerza y que las instituciones judiciales y policiales existan”.
Señaló que “ese es el motivo principal del veto”, calificando de intransigente la actitud de la derecha.
A su juicio, “hay usurpaciones violentas y otras no violentas. Las violentas obviamente exigen que se actúe contra las personas y las no violentas pueden ser el ingreso a un predio, por ejemplo, un predio que no tiene alambres, estamos pensando en un predio rural, un predio que está demarcado o que ni siquiera está demarcado y se toma. Esa es una usurpación no violenta, porque no ha existido la violencia. El otro caso es una usurpación donde hay violencia contra las personas, entonces lo que pasa en esta ley es que tanto la usurpación violenta como la no violenta han quedado con la misma pena. Y eso también es una cosa muy poco común y de verdad que hay que mejorarlo”.
En cuanto al criterio judicial, aseveró que “la escala de penas la debe recorrer el juez. Eso es lo que corresponde en un sistema judicial normal. No es lo que dice la derecha”.
