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Los múltiples “brotes” que la ministra de Salud intenta contener sin apoyos partidarios PAÍS Agencia Uno.

Los múltiples “brotes” que la ministra de Salud intenta contener sin apoyos partidarios

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El viernes, el Minsal amaneció tomado por funcionarios de la salud que se manifestaban en contra del fin de la alerta sanitaria, lo que trae consigo la pérdida de empleo para alrededor de seis mil trabajadores, aunque fuentes del sector indican que podrían ser más de doce mil. Más tarde, otro gremio marchó desde la estación Los Héroes hasta el edificio ministerial. Otros desafíos que enfrenta la ministra Aguilera incluyen la tramitación de la ley corta, destinada a dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema en medio de la crisis de las isapres, así como la tramitación de la reforma de salud. Además, llegó la solicitud de la Comisión de Salud del Senado al Gobierno para declarar alerta sanitaria por cáncer, a lo que condicionaron la aprobación de la partida presupuestaria del área. El viernes se presentó la Ley de Presupuesto 2024 ante el Congreso y, en medio de las negociaciones con el Legislativo, la titular de Salud comenzará esta semana con un paro programado para este lunes y martes.


El Ministerio de Salud (Minsal), actualmente, está lleno de flancos que crecen cada semana y los problemas surgen de un frente y también de costado: tomas en el edificio, manifestaciones de diferentes gremios, presiones en el Congreso y la crisis de las isapres que atraviesa la gestión, son un recuento de los últimos embates que han puesto a la ministra Ximena Aguilera en un complejo escenario, el que enfrenta sin un partido político que le entregue un respaldo en estos momentos, y con parlamentarios –incluso oficialistas– que ya han exigido mayor presencia del Gobierno en la reforma de salud. 

El viernes el edificio amaneció tomado por la Confederación Nacional de los Trabajadores de la Salud Pública (Fenats) y luego, a eso del mediodía, cientos de integrantes de la Confederación de Funcionarios y Funcionarias de Salud Municipal (Confusam) se manifestaron frente a La Moneda, camino al ministerio, para concluir un paro motivado por la falta de respuesta que han tenido sus demandas por parte del Gobierno. Cuando manifestantes de la Confusam se enteraron de la toma, se escuchó: “Se nos adelantaron”. 

El problema gremial está lejos de amainar. Este lunes y el martes la Fenats realizará otro paro, debido a que cerca de seis mil funcionarios del sector de la salud quedaron sin trabajo tras el decreto que terminó con la alerta sanitaria, aunque distintas voces de los trabajadores señalan que dicha cifra podría llegar incluso al doble. Alejandra Santibáñez, la vocera del gremio, explicó en la toma –a Radio Bío-Bío– que “la autoridad no ha querido recibirnos, no ha querido entender la necesidad de los trabajadores y, sobre todo, de la población”.

Incluso, diferentes voces del el área de la salud y conocedoras del trámite de las Isapres advierten que las organizaciones gremiales no se quedarán de brazos cruzados y que se necesitan ajustes, pues el fin de la alerta sanitaria traerá coletazos. Otros personeros oficialistas sostienen que esta crisis es heredada del Gobierno anterior, al contratar a miles de trabajadores y no establecer un plan que previera el momento en el que se bajara la alerta por la pandemia. Sin embargo, sí creen que la ministra Aguilera debería haber establecido alguna estrategia parcelada para no cortar esa cantidad de empleos de cuajo. 

En el Congreso el panorama tampoco es mejor. La semana pasada, la Comisión de Salud del Senado le pidió al Gobierno declarar alerta sanitaria por cáncer y condicionó la aprobación de la partida presupuestaria del área. El senador Juan Luis Castro (PS), presidente de dicha instancia parlamentaria, sostuvo que “atendida la prevalencia y la falta de servicio que existe en materia de cáncer en Chile, estamos pidiendo formalmente al Gobierno que declare alerta sanitaria por cáncer, dado que constituye la primera causa de muerte en el país. Más de 27 mil personas están muriendo anualmente, constituye más de 86 mil hospitalizaciones al año, tiene retrasos en el GES de más de 15 mil garantías oncológicas y diversos tumores malignos que hoy día, a pesar de estar en el AUGE, siguen siendo para el hombre y la mujer un drama social enorme”.

Castro reveló además que los miembros de la comisión “hemos concordado solemnemente en no aprobar ninguna partida presupuestaria del presupuesto de Salud, de no mediar la aceptación de esta medida que hemos acordado, ni tampoco de los despidos de funcionarios que hoy día están ad portas de empezar a ocurrir en toda la red asistencial, producto de una reducción presupuestaria que no aceptamos”. 

Estos hechos reflejan el escenario reciente en el área de la salud, que viene a sumar complejidades a un ministerio que ya tenía suficientes desafíos: por un lado, la ley corta que pretende darle cumplimiento al fallo de la Corte Suprema respecto al cobro de las isapres y, por otro, la reforma al sistema de salud. 

Voces al interior del Senado explican que la ley corta de isapres es un embrollo en sí mismo, pues ni el Parlamento ni el Ejecutivo quieren quedar como el verdugo de las aseguradoras, dada la certeza que existe en orden a que, en caso de que quiebren, pueden generar una crisis mayor en el sistema de salud. Sin embargo, hoy cuentan con más aire, pues el superintendente de Salud, Víctor Torres, informó el viernes el ingreso al máximo tribunal del país de una nueva solicitud de prórroga por el fallo de la tabla de factores de riesgo, para que el Congreso termine de tramitar el proyecto. 

“Hemos solicitado a la Corte Suprema una nueva ampliación del plazo por seis meses adicionales, que permita al Parlamento contar con el tiempo para aprobar la iniciativa ingresada por el Gobierno, que busca viabilizar el cumplimiento del fallo por tabla de factores, que ordena a las isapres aplicar la nueva tabla de factores de la Superintendencia y devolver los eventuales cobros en exceso a sus afiliados y afiliadas”, declaró Torres. 

El flanco político

Karen Palma, presidenta de la Fenats, dijo en La Segunda, en tanto, que “no podemos seguir jugando al comprahuevos entre Hacienda y Salud. Los ministros Mario Marcel y Ximena Aguilera le están generando un grave problema político al Presidente Boric”. Palma, además, es integrante del Comité Central del Partido Comunista (PC) y cumple un rol al interior de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). 

Sobre esa línea, el diputado DC, Eric Aedo, dijo a El Mercurio que “a la ministra Aguilera se le está midiendo claramente de una manera distinta”, respecto del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, que es PC. Aedo agregó un punto gravitante para la situación actual de la titular del Minsal: “El ministro Cataldo es un militante de cuño del PC, en cambio la ministra Aguilera no tiene más soporte político que ella misma o el propio Presidente”. El parlamentario reveló que, en función de ello, “se la mira de manera distinta, se es más crítico desde el mismo Gobierno con ella”. 

Ya ha trascendido en medios de prensa el respaldo cerrado que el Presidente Gabriel Boric le dio a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, en el cónclave en Cerro Castillo el miércoles. Asistentes cuentan que, si bien se preguntó por el respaldo a la ministra Aguilera, desde el Gobierno dijeron que ese tema respondía a otro orden.

El escaso respaldo político le ha traído dificultades a la titular de la cartera de Salud para enfrentar las negociaciones sobre la crisis de las isapres. La comisión del ramo del Senado creó, a mediados de año, una Comisión Técnica entre los actores principales para encontrar una solución a la crisis. Desde las isapres advierten que quien ha obstaculizado los acuerdos ha sido el exsubsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado (RD), quien representa en dicha mesa a tres senadores oficialistas: Juan Luis Castro (PS), Ximena Órdenes (PPD) y Juan Ignacio Latorre (RD).

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