“Es una discusión voluntarista, fútil, frívola, con poco asidero en la práctica y en la experiencia, y sobre todo mañosa con respecto a la opinión pública”, dijo en conversación en Al Pan, Pan con Mirna Schindler el exjefe de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, Rodrigo Sandoval. Según Sandoval, para que un proyecto así -tanto el anunciado por parlamentarios como el aprobado en el Consejo Constitucional- resulte, tienen que cumplirse una serie de características que en el Chile actual no se cumplen. “Si nosotros no tenemos un control adecuado de la frontera, ni intervenimos en los incentivos, tanto dentro del país como fuera, para que el ingreso clandestino sea una realidad, lo cierto es que este proyecto de ley y estas declaraciones constitucionales serán letra muerta”, recalcó. Lo contrario -añadió- “sería que toda persona en situación irregular la tomáramos y la metiéramos en una especie de campo de concentración, y la dejáramos ahí hasta que se den las condiciones para materializar su expulsión”.
El exjefe de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, Rodrigo Sandoval, se refirió a la propuesta que han deslizado tanto parlamentarios de oposición como integrantes del Consejo Constitucional de expulsar a migrantes irregulares en el tiempo posible. Al respecto, la calificó como una discusión “futil” y “frívola”.
“Es una discusión voluntarista, fútil, frívola, con poco asidero en la práctica y en la experiencia, y sobre todo mañosa con respecto a la opinión pública”, dijo en conversación en Al Pan, Pan con Mirna Schindler.
Para ejemplificar su postura, explicó que “en el año 1975 se promulga en Chile el decreto de ley 1.094 que fue la ley de Extranjería que estuvo vigente hace un par de años. En ese decreto, el ingreso clandestino estaba tipificado como delito y contaba con una particular rudeza y rigidez para regularizar a aquellas personas que ingresaran de forma clandestina”.
“En 18 años que estuvo vigente ese decreto de ley, el ingreso clandestino no hizo otra cosa que subir. La duda que yo tengo es por qué una tipificación como delito del ingreso clandestino que existió por 18 años y no sirvió, por qué iba a servir ahora”, añadió.
En ese sentido, Sandoval hizo un llamado a los parlamentarios que impulsaron un proyecto de ley similar, y que “hacen gárgaras”: “Ellos mismos votaron un proyecto que explícitamente dice que la migración irregular no es un delito. Aquí hay un ejercicio de los parlamentarios de mandar muchos mensajes a la emoción pública y darle estos mensajes como que ahora se va a acabar la migración irregular porque hay un proyecto de ley que lo tipifica como delito. Eso no es así”.
Según Sandoval, para que un proyecto así -tanto el anunciado por parlamentarios como el aprobado en el Consejo Constitucional- resulte, tienen que cumplirse una serie de características que en el Chile actual no se cumplen. “Si nosotros no tenemos un control adecuado de la frontera, ni intervenimos en los incentivos, tanto dentro del país como fuera, para que el ingreso clandestino sea una realidad, lo cierto es que este proyecto de ley y estas declaraciones constitucionales serán letra muerta“, recalcó.
Y eso sin contar, de acuerdo a Sandoval, que un control migratorio no depende sólo de un país, sino que de los vecinos. “Las personas que ingresan de forma clandestina, que nosotros supuestaemnte vamos a expulsar con esta claridad constitucional que se pretende tener, depende de los países que los quieran recibir. Y si los países no los quieren recibir, los podemos guardar en algún donde se nos ocurra”, ironizó.
“Esto es una manifestación de intenciones, una declaración, pero lo cierto es que así como sucede con el famoso estado social y derecho, si esa declaración no está acompañada con mejoras institucionales y una validación de lo que significa el sentido, yo creo que es equivocada y será letra muerta. No va a funcionar”, reiteró.
Sandoval recalcó que estas personas no se pueden echar del país inmediatamente, sino que tienen que verificar si estaba irregular, en qué condiciones entró y ver un país donde la van a recibir. Si todo eso se cumple, recién “ahí puedes tomar a la persona y enviarla a ese país. Lo contrario sería que toda persona en situación irregular la tomáramos y la metiéramos en una especie de campo de concentración, y la dejáramos ahí hasta que se den las condiciones para materializar su expulsión. Condiciones que en muchos casos no se dan pasados ciertos años. Entonces después estará la discusión, además de Derechos Humanos, de si queremos tener campos de gente esperando años -o meses- ser expulsados, y de quién mantiene esos campos. La complejidad de una medida de esas características demuestra el absurdo y la mala fe desde donde se formula”.
