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El reclamo del Ejecutivo y los argumentos de la ministra del Interior no fueron suficientes. La Sala de la Cámara respaldó los cambios planteados por el Senado, que pasaron por restar de la iniciativa la sanción administrativa y una facultad que se entregaba a las policías en este contexto. Y solo se mantuvo la sanción penal —punto que La Moneda objetó—.
Con 83 votos favorables que se impusieron sobre los 45 contrarios y las 8 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó un nuevo proyecto de la agenda de seguridad. Se trata de la propuesta que sanciona con cárcel el porte injustificado de combustible en “reuniones en lugares públicos” tales como marchas o manifestaciones.
La Cámara Baja aprobó las modificaciones del Senado que pasaron por suprimir dos normas de la iniciativa despachada en el primer trámite. La primera de ellas introducía una nueva falta en el Código Penal. Ella castigaba a quien, injustificadamente, en el contexto de reuniones en lugares de uso público, portara combustible apto para cometer atentados contra las personas o para ocasionar daño en las cosas. La multa planteada a esta situación era de 10 a 20 UTM. Se contemplaba aplicar siempre y cuando la persona no pudiese proporcionar una explicación razonable para su porte. La segunda norma suprimida en el Senado permitía a las policías detener a las personas que incurrían en la falta mencionada.
Sin embargo, en el Senado solo se mantuvo la disposición penal que se introdujo en la Cámara vía indicación, aprobada al momento de las votaciones. Tal precepto sanciona con presidio menor en su grado mínimo (desde 61 días a 540 días) a quien, en el contexto de reuniones en lugares de uso público, porte injustificadamente combustible apto para cometer atentados contra las personas o para ocasionar daño en las cosas.
En dicha oportunidad, la norma fue refutada por algunos legisladores afines a la actual administración, así como por la ministra del Interior, Carolina Tohá. En la presente ocasión, la secretaria de Estado mantuvo su objeción. Dijo que la disposición excede el espíritu de esta ley y que debería primar solo la nueva falta y la facultad entregada para las policías de detener a los infractores. Así, llamó a rechazar el texto del Senado para ir a una comisión mixta para acordar un mejor articulado que defina una sanción al porte de combustible en reuniones en lugares públicos.
Dicha visión la recogieron parlamentarios oficialistas, como los del PC, PS y del Frente Amplio. Sin embargo, diputados de la oposición manifestaron su apoyo a la sanción penal. Remarcaron que “es importante frenar la violencia en las manifestaciones y proteger a la ciudadanía”.
