PAÍS
Cárcel al porte injustificado de combustible, expulsión de migrantes ilegales “en el menor tiempo posible” y el veto a la Ley de Usurpaciones, marcan las negociaciones tanto en el Congreso como en el Consejo Constitucional. En el Parlamento, el Socialismo Democrático acusa a Apruebo Dignidad de distanciarse de la agenda, lo que afectaría la gestión de la ministra Tohá. En tanto, el órgano constituyente enfrenta su último día de votaciones, previo al envío —de vuelta a la Comisión Experta— de la propuesta que incluye polémicas enmiendas impulsadas por el Partido Republicano. En este contexto, La Moneda, de la mano del Servicio Nacional de Migraciones, informó sobre el despegue de un vuelo de la FACH con expulsiones judiciales dictadas por los tribunales.
El Gobierno busca ganar notoriedad en medio de la discusión de la agenda de seguridad “antidelincencia”, que no solo está marcando las negociaciones en el Congreso, sino también la redacción de la nueva Constitución. En este contexto, el Servicio Nacional de Migraciones informó a través de un comunicado sobre la expulsión del país de 30 personas de nacionalidad extranjera; todos ellos condenados por delitos como robo con violencia y tráfico de drogas.
En el Parlamento, los proyectos acordados con la oposición avanzan, pero con enredos internos en el oficialismo. El Socialismo Democrático acusa que Apruebo Dignidad se estaría desligando del tema y de paso propinando un golpe a la gestión de la ministra del Interior y Seguridad Pública Carolina Tohá (PPD). Ayer, el Gobierno sufrió un revés en la Cámara. Pese a los argumentos de la ministra Tohá, se aprobó sancionar con cárcel el porte injustificado de combustible en “reuniones públicas”, donde seis parlamentarios oficialistas votaron a favor —y en contra de La Moneda—. A esto se suma la presión generada por la presentación de un veto de parte del Presidente Gabriel Boric a la denominada “Ley de Usurpaciones”.
La sanción con cárcel al porte injustificado de combustible ya fue despachada al Ejecutivo y, al tiempo que se discuten las usurpaciones, el Consejo Constitucional aprobó la expulsión de migrantes irregulares “en el menor tiempo posible”. La iniciativa fue presentada por los representantes del Partido Republicano, específicamente por Mariela Fincheira, María Gatica, Beatriz Hevia, María de los Ángeles López, Carmen Montoya y Miguel Rojas, apelando a los “daños causados por la crisis migratoria”.
Cabe mencionar que este miércoles terminan las votaciones del pleno del Consejo Constitucional y deberá enviar el texto propuesto de vuelta a la Comisión Experta, que comenzará la revisión de los artículos este sábado.
El diputado del PPD, Raúl Soto, dijo a La Segunda que “el escenario político está convulsionado. Los acuerdos deben ser transversales y los gobiernos capaces de ordenar sus propias filas. Lamentablemente, vemos como Apruebo Dignidad tiene amarrada a la ministra Tohá y no la deja avanzar con la decisión que uno quisiera”. En tanto, Lorena Fries, diputada de Convergencia Social —el partido del Presidente Gabriel Boric— manifestó al vespertino que “la derecha está usando la agenda de seguridad para romper de alguna manera al oficialismo. Se lo hemos planteado (al Gobierno) y lo vamos a seguir planteando”.
Entre dimes y diretes entre oficialismo y oposición en el Congreso, la mañana de este miércoles despegó un vuelo de la FACH con destino a las ciudades de Puerto Príncipe (Haití) y Bogotá (Colombia) para dar cumplimiento a treinta expulsiones judiciales dictadas por los tribunales. En el Grupo 10 de la FACH, abordaron las primeras 26 personas expulsadas, escoltadas por personal de la PDI. Luego, el vuelo hizo una escala en el aeropuerto de Iquique, donde abordaron cuatro personas más y sus respectivos escoltas.
De las personas expulsadas, 27 son de nacionalidad colombiana y tres de nacionalidad haitiana, quienes cumplían condenas inferiores a cinco años y un día, por diversos delitos como robo con violencia, robo con intimidación, homicidio frustrado y tráfico de drogas, entre otros.
El Gobierno informó sobre esta expulsión a través de un comunicado. Y detalló que “de acuerdo al marco legal vigente y la Política Nacional de Migración y Extranjería, el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) es responsable de la logística, contratación de vuelos y financiamiento de pasajes para materializar, en conjunto con PDI, las expulsiones administrativas y judiciales, y prioriza la salida forzada del país de aquellas personas extranjeras que han cometido delitos en Chile y tienen antecedentes penales”.
Entre las personas expulsadas en este vuelo, una fue detenida en Colchane intentando ingresar al país con 11 kilos de marihuana, que transportaba escondidos al interior de piezas de bicicletas. Otra fue detenida en Quinta Normal luego de dispararle al menos cuatro veces a su víctima, provocándole lesiones graves. Dos de los expulsados fueron detenidos en Iquique por robo con violencia, cuando asaltaron a dos personas, las golpearon, amenazaron y les robaron sus celulares y otras pertenencias.
Este vuelo a Puerto Príncipe y Bogotá costó 86 mil dólares aproximadamente, es decir, cada una de estas expulsiones tuvo un valor de $2.600.000, que incluye el pasaje de ida para la persona expulsada y los pasajes de ida y vuelta para el escolta de la PDI, además de otros gastos operativos.
El Ejecutivo declaró que, junto con avanzar en materializar las expulsiones administrativas y judiciales, “estamos implementando medidas preventivas, como reforzar el control de nuestras fronteras y el empadronamiento de los datos biométricos de aquellas personas que ingresaron por pasos no habilitados, todas medidas que contribuyen a fortalecer la seguridad pública”.
Durante el 2023, incluido el vuelo de la FACH, a la fecha se han realizado 640 expulsiones: 192 administrativas y 448 judiciales. Dos tercios de ellas se han realizado en vuelos de la FACH o comerciales y un tercio por vía terrestre.
Al respecto, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, destacó que en el marco de la Política Nacional de Migraciones, Sermig trabaja en conjunto con PDI en materializar las expulsiones. “El criterio es priorizar las expulsiones de aquellas personas que han venido a nuestro país a cometer delitos y tienen antecedentes penales, siempre con apego a la normativa legal y el debido proceso”.
“Al mismo tiempo, estamos llevando adelante el proceso de empadronamiento biométrico de personas que ingresaron al país por pasos no habilitados, esto nos permite mejorar el nivel de información y elevar los estándares de seguridad del Estado”, agregó el director de Sermig.
Adicionalmente, Thayer realizó un llamado a la oposición para que apoyen el proyecto de ley que permite expulsar del país a las personas condenadas por delitos vinculados al tráfico de drogas.
El Prefecto Ernesto León, Jefe Nacional de Migraciones de la PDI, comentó “este vuelo es resultado del trabajo intersectorial liderado por la Subsecretaría del Interior y otros organismos como el Servicio Nacional de Migraciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y el Servicio de Registro Civil e Identificación”.
En cuando al operativo, León explicó “este miércoles 4 de octubre, la PDI materializó, desde el grupo 10 de la FACH en Pudahuel, el operativo de 30 expulsiones judiciales correspondiente a personas que se encontraban privadas de libertad en distintas cárceles del país, y que contaban con un decreto de expulsión firmado conforme a los plazos establecidos por la normativa vigente. En este sentido, los oficiales de la PDI son los encargados de trasladar a estas personas desde los respectivos centros de reclusión hasta sus países de origen, en este caso la ciudad de Bogotá en Colombia y Puerto Príncipe en Haití, y entregarlos a las autoridades policiales correspondientes. Cabe destacar que las personas expulsadas se encontraban recluidas por diversos delitos como homicidio frustrado, robo con intimidación y tráfico de drogas entre otros”.
