PAÍS
Crédito: Agencia Uno
La ampliación de la querella interpuesta por el abogado que representa a los diputados republicanos, Cristián Araya y Juan Irarrázaval, Sergio Rodríguez Oro, tiene como eje los incumplimientos de Jackson, Crispi y Martínez de sus obligaciones fiscalizadoras dentro del caso, que inició con la arista de Democracia Viva y ahora incluye a otras fundaciones, como Urbanismo Social y ProCultura.
El exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson; el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi; y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez. Todos estos nombres están en la mesa de la Fiscalía de Antofagasta para ser citados a declarar en calidad de imputados en el marco del caso convenios, que indaga delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias, entre otros, y que se destapó con la fundación ligada a RD -partido al que pertenecen- Democracia Viva.
De acuerdo al diario El Mercurio, el abogado que representa a los diputados republicanos querellantes, Cristián Araya y Juan Irarrázaval, Sergio Rodríguez Oro solicitó ampliar el alcance de su libelo, pidiendo interrogarlos “sobre los hechos objeto” de la misma, “y todo antecedente de utilidad en la presente investigación”. Rodríguez Oro es un habitual en este tipo de querellas, representando a diversas personalidades de derecha.
La presentación tiene como eje los posibles incumplimientos de Jackson, Crispi y Martínez de sus obligaciones fiscalizadoras dentro del caso, que inició con la arista de Democracia Viva y ahora incluye a otras fundaciones, como Urbanismo Social y ProCultura.
“En junio de 2022 se rebajaron los controles por parte del CAIGG (Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno) sobre el destino y uso de los fondos públicos. Todo ello permitió la consumación de múltiples ilícitos, entre ellos, aquellos que se investigan en la presente carpeta judicial”, y que además, se avisó por correo a las contralorías de los servicios públicos “que no debían informar la transferencia hacia terceros”, dice parte de la querella.
El abogado de Jackson, Miguel Schürmann, dijo al citado medio que desconoce la citación, pues ni él ni su representado han sido notificados. Por otro lado, Crispi fichó al reconocido abogado Luis Hermosilla, quien fue asesor del Ministerio del Interior durante todo el gobierno de Sebastián Piñera y cuenta con experiencia en múltiples casos judiciales, entre ellos, el caso Degollados, Luchsinger Mackay y Catrillanca.
En representación de Martínez está el abogado Jonatan Valenzuela, quien dijo a BioBioChile que “puedo asegurar que al día de hoy no cuento, ni yo, ni mi representada, con ningún antecedente, bajo ninguna condición, de una citación a declarar por parte de la Fiscalía”. “Es importante reforzar que una citación a declarar es un acto concreto en la investigación, en el que el fiscal requiere la concurrencia de una persona para que preste declaración sobre hechos que pueden ser relevantes para una causa”, explicó.
De todas formas, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo desdramatizó la citación. “El Partido Republicano hace tiempo presentó una querella contra estas personas y lo obvio, desde el momento en que se presentó, es que ingresada una querella, uno imputa en esa querella algún tipo de delito, que tiene que ser investigado, a personas. Y ya en ese momento se le imputó por parte del querellante ciertos delitos a las personas que supuestamente están citadas, por lo tanto, es obvio que en algún momento podría eventualmente pasar aquello”, dijo Vallejo, afirmando que corresponde a un procedimiento normal y “si sucediera, no sería ninguna sorpresa”, dijo durante su vocería de esta jornada.
