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Imagen de archivo: Hans Scott/AgenciaUno
Se trata de un proyecto piloto que identificó a los cien prófugos que presentan perfiles de mayor riesgo. A la fecha ya se ha detenido a casi una docena.
La semana pasada, detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Maipú detuvieron a un sujeto que estaba prófugo de la justicia desde hacía casi cuatro años, cuando fue condenado a siete años de prisión, luego de que en 2017 protagonizara un accidente de tránsito mientras conducía en estado de ebriedad, producto de lo cual pereció su acompañante.
Se trataba de una diligencia inusual para la PDI, pero se insertaba en un plan inédito, diseñado por la Fiscalía Regional Occidente, que tiene como objetivo resolver una de las deudas pendientes del aparataje de persecución penal: dar con los prófugos de la justicia, con aquellos sujetos condenados que no solo no evaden las condenas que se les han impuesto, por distintos delitos, sino atrapar en forma fundamental a aquellos más peligrosos, como lo explica el fiscal Patricio Rosas, quien señala que ese imputado no era un simple conductor que cometió un error, sino un sujeto que manejaba con casi 2 gramos de alcohol por lt. de sangre, que ya poseía condenas previas por el mismo delito y que, además, llevaba ya varios años escondiéndose. Además, indica Rosas, “aquí no estamos hablando de personas que tienen una presunción de inocencia, porque van a ser juzgados. Aquí estamos hablando de personas que ya fueron condenadas porque un tribunal estimó que se cometió un delito y que ellos les cupo participación como autores”.
Para encontrarlo hubo que efectuar una extensa indagatoria, como explicó el subprefecto Anthony Guajardo, jefe subrogante de la Bicrim Maipú, quien señaló que “detectives del Grupo de Investigación Preferente de la Brigada de Investigación Criminal Maipú, tras una investigación de largo aliento, lograron la ubicación y detención de un chileno de 29 años, quien registraba una orden de detención por el delito de Conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, emanada del Juzgado de Talagante el año 2019″.
No se trataba del primer detenido en medio de este programa, en el cual también participa Carabineros. De hecho, ya va casi una docena de condenados prófugos, pero quedan al menos 100, en una primera etapa, que son los prófugos más peligrosos que registra la Fiscalía Occidente.
El proyecto se denomina “ZIAL” (sigla de Zonificación Integrada Antidroga y en materia de Lavado de activos) y a cargo de este el Fiscal Regional Occidente, José Luis Pérez, dejó a Rosas, acompañado del abogado Roberto Contreras, como coordinador jurídico. Con ellos trabajan cuatro analistas, además de seis detectives y seis carabineros.
Según señala el primero, en Chile existen unos 22 mil prófugos de la justicia, mil 200 de los cuales se encuentran en la jurisdicción de la Fiscalía Occidente, y explica que ante ello se hizo “una priorización, porque existen, como lo ha dicho el ministro de Justicia, aquellas personas que tienen una orden de detención en su contra porque no comparecieron a una audiencia, porque fueron mal notificados, pero existen otros prófugos de la justicia que tienen varios delitos a cuesta, que están siendo buscados por un homicidio, que llevan más de tres años sin ser habidos y que hay presunciones de que o se escaparon del territorio nacional”.
En función de lo anterior, precisa, “se generan dos principales productos”. El primero de ellos fue un índice de riesgo, gracias al cual se pudo perfilar “a los 100 prófugos de la zona occidente que revisten una mayor peligrosidad”.
Además, de allí nació una segunda matriz, pero ya no de identificación de riesgo, sino que de localización y captura”, trabajo que ejecutan los equipos policiales.
Los factores que se tomaron en riesgo para la primera matriz (de la identificación y riesgo), explica, son que se trate de “sujetos que tengan órdenes de detención por delitos violentos o de una extrema gravedad: violación, homicidio, tráfico de armas, tráfico de drogas, múltiples casos de violencia intrafamiliar entre otros, y entre ellos también, conductores en estado de ebriedad, causando muerte de personas, estimando que la vida es el bien jurídico más relevante”.
En segundo lugar, precisa, “que tengan múltiples órdenes de detención”. El tercer factor es que posean prontuario o condenas anteriores por delitos graves y, además, un cuarto factor, es lleven tiempo evadiendo a la justicia, puesto que como señala, “las expectativas tradicionales de la captura de los prófugos de la justicia están puestas en el control de identidad. Es decir, que por torpeza, estos sujetos caigan en un control de identidad porque están tomando o fumando en la plaza, o cuando están esperando el bus en el terminal, o tratando de salir del país por un paso habilitado o por el aeropuerto, o tratando de entrar a un espectáculo deportivo”. Del mismo modo, se tienen en cuenta si se trata de individuos con acceso a armas de fuego y, por supuesto, si aparecen implicados en nuevos delitos.
Con todo ello, indican, “hemos logrado generar un ranking de riesgo”.
En función de todo lo estudiado, Rosas detalla que existe un patrón de ocultamiento que es común a todos quienes evaden la justicia: todos van rotando los lugares en los cuales se esconden, pero además “tienen redes articuladas de colaboradores que les van facilitando lugares, vehículos de transporte, y que van evitando de esta forma el accionar de la justicia. También son cuidadosos, de no exponerse en lugares donde hay controles frecuentes por parte de la policía”, pero al mismo tiempo poseen dos debilidades: deben generar dinero, para poder subsistir y, además, como señala el persecutor, “tienen que vincularse con sus principales afectos”.
En dicho sentido, detalla que lo que se busca es invertir la lógica del control de identidad, algo que califica como importante, “dado que en la discusión nacional está instalado el discurso de la inseguridad”, agregando que este plan “ataca a otra sensación que no es la de inseguridad, es la de impunidad: que no haya personas que, condenadas por un tribunal, se fuguen o escamoteen el accionar de la justicia permanentemente”.
Por cierto, se trata de un plan piloto, que lleva cerca de un mes en ejecución, y la idea es que si da los resultados esperados, pueda ser estandarizado y replicado en otras fiscalías del país.
Rosas agrega que “una de las dificultades iniciales de este trabajo tuvo que ver con hacer coincidir las distintas bases de datos de quienes participaban. Y aquí hubo un trabajo conjunto, en una mesa, que ha coordinado también la Subsecretaría de Prevención del Delito, con el subsecretario Eduardo Vergara, que nos ha permitido, por ejemplo, verificar que estos prófugos no estén presos. En segundo lugar, que no estén muertos, que no hayan salido del país por paso habilitado” y, algo no menor, “que los tiempos de su fuga no hayan generado ya la prescripción de sus casos. Entonces, son cuatro filtros que fueron base de la primera depuración”.
Cabe mencionar que un antecedente inicial de este proyecto se encuentra en un proyecto anterior del mismo Rosas, en su calidad de profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el cual fue desarrollado bajo el nombre de “Fugitivos de la justicia: Foco investigativo tipo para la identificación y persecución de prófugos, desde el análisis criminal”, el cual fue seleccionado para el banco de buenas prácticas de Paz Ciudadana en 2021.
