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Se trata del megaproceso en contra de Los Gallegos, en Arica, y en contra del grupo que comandaba en Iquique Carlos González Vaca, más conocido como “Estrella”.
Durante el primer cuatrimestre de 2024 se deberían realizar los primeros dos juicios en contra del Tren de Aragua (TDA) en Chile, después que las diversas manifestaciones de dicha organización criminal comenzaran a ser investigadas a fines de 2021 en Iquique y, posteriormente, en Arica.
La investigación que lleva adelante la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de Iquique, y que fue bautizada como “Tren de Aragua 1” (TDA1), acaba de ser cerrada por dicha entidad investigativa y se estima que presentarán la respectiva acusación en cualquier momento. Si la defensa de los imputados no se opone o pide nuevas diligencias, debería realizarse en el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio la audiencia de preparación de juicio oral, instancia en la que se decide qué testigos, peritos y evidencias llegarán al juicio respectivo, luego de lo cual este debe tener lugar, en un máximo de dos meses, ante el Tribunal de Juicio Oral de Iquique.
En esta causa debería haber a lo menos seis acusados, todos integrantes de la célula que encabezaba Carlos González Vaca, más conocido como “Estrella”, sujeto que residía en Quilpué y quien estaba en contacto directo de Catire Santa Rita, líder máximo del TDA en Perú, el que a su vez se comunicaba en forma constante con Héctor “Niño” Guerrero, cuando este se encontraba al interior del penal de Tocorón, en Venezuela, desde donde dirigía en forma personal las operaciones de la organización criminal por todo el continente, interviniendo incluso en las disputas personales de sus miembros, como lo reveló a El Mostrador el Fiscal Regional Raúl Arancibia.
Entre los delitos inicialmente formalizados en contra del grupo se encuentran secuestros, homicidios, tráfico de personas con fines de explotación sexual –entre otras cosas, controlaban el paso entre Pisiga y Colchane–, tráfico de drogas y lavado de activos. En Iquique, además, existen otras dos grandes investigaciones ya formalizadas en contra del grupo, bautizadas como “TDA2” y “TDA3”, que aún poseen plazo judicial de investigación y que, por ende, serán objeto de otros juicios.
En Arica, en tanto, la semana pasada estaba fijada la audiencia de preparación de juicio oral en contra de Los Gallegos, una de las tantas facciones del TDA, que actuaba en esa ciudad y que se caracteriza por la crueldad con que opera, pues no solo eran los responsables de la casa de torturas que se descubrió en el cerro Chuño, sino que también enterraban a sus víctimas vivas, como ha quedado en evidencia en al menos tres casos en los cuales, por lo demás, las víctimas resultaron ser exmiembros de la banda.
También dirigidos desde Perú, por Félix Castillo Rondón, alias “Pure Aner”, en el caso de Los Gallegos la Fiscalía acusó a 44 personas como integrantes de la agrupación criminal, pidiendo para varios de ellos condenas a cadena perpetua por prácticamente los mismos delitos antes reseñados, además de una serie de amenazas en contra de funcionarios policiales y de Gendarmería.
La audiencia de la semana pasada estaba, sin embargo, teñida por una anterior, en la cual el juez Héctor Barraza dio acceso a los abogados defensores de Los Gallegos a las identidades de los testigos protegidos y los agentes encubiertos que la PDI había infiltrado en el grupo, lo que motivó una serie de acciones, entre ellas, un recurso de protección que fue fallado en contra del juez por parte de la Corte local, que calificó su actuar como arbitrario.
Sin embargo, mucho más compleja resulta para el magistrado –que también está sometido a una investigación interna– la indagatoria penal que abrió el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, en la que se investiga Barraza, a varios funcionarios del tribunal y a cuatro defensores, los cuales poseen calidad de imputados.
Se trata del abogado de la Defensoría Penal Pública (DPP) de Arica, Rodrigo Torres, y los defensores privados –pero que prestan servicios a una empresa que se ganó una de las licitaciones de la DPP– Violeta Álvarez, Ginger Riffo y Renato Moscoso.
La audiencia de la semana pasada finalmente se suspendió, entre otros motivos porque varios abogados defensores alegaron no haberse entrevistado con sus clientes. En ella también se ordenó oficiar al Defensor Nacional, a fin de que este se pronuncie respecto de la situación de los abogados que tienen calidad de imputados y decida si se designa a otros en remplazo de estos.
Ante ello, la DPP inició un contraataque comunicacional, asegurando que el acceso que obtuvieron de las identidades estaba legalmente amparado, junto con informar que solicitaron que los abogados sean sobreseídos de la causa que instruye el fiscal Arancibia.
La nueva audiencia de preparación de juicio oral en contra de Los Gallegos quedó fijada para el 13 de noviembre, por lo cual, si se realiza sin contratiempos, el juicio oral también debería desarrollarse a inicios de 2024 en la ciudad de Arica, algo que plantea un importante desafío en materia logística y de seguridad, dada la gran cantidad de imputados, el alto perfil de peligrosidad de la mayoría de estos, el pequeño tamaño de las salas de los tribunales locales y el riesgo que implica el traslado diario de los inculpados desde el centro penal de Acha al juzgado y viceversa.
Independientemente de si los juicios de Arica e Iquique se realizan en los tiempos que corresponde, el asunto de las identidades y los testigos protegidos continuará siendo un tema más que controvertido. Esto, tomando en cuenta que, por ejemplo –la semana pasada también–, el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles negó la petición de la Fiscalía en orden a que los testigos protegidos que declararían en el juicio en contra de Ernesto Llaitul y otras cuatro personas –que están acusadas de participar en un atentado cometido en 2021 cerca del Salto del Laja– lo hicieran con sus rostros cubiertos. Al respecto, el señalado tribunal sostuvo que el hecho de que comparecieran en forma telemática ya era protección suficiente para ellos.
