Secuestro y homicidio en Iquique: tres condenados en “caso cero” de la extrema violencia en el norte

Para muchos, el secuestro y homicidio del empresario Nelson Murúa (67), acaecido a inicios de 2022, fue el “caso cero” de los hechos de violencia extrema que estaban ocurriendo en la zona norte del país y que, hasta ese momento, no parecían interesar a nadie en Santiago. 

“Si algo positivo dejó este crimen fue que conmovió a muchas personas y permitió que las autoridades del Gobierno saliente, al menos, se dieran cuenta de la realidad que se vivía en el norte”, relata en off un agente policial, en relación con la administración de Sebastián Piñera, que aún –en medio de los estertores de la pandemia– estaba en La Moneda ese aciago jueves 6 de enero.

Aquella mañana, la víctima, un empresario de Iquique, salió a eso de las 10 a.m. con destino a Alto Hospicio, donde tenía una fábrica de muebles. Sin embargo, antes de ello pasó por el sector de la toma La Mula, donde residía la venezolana Mairuyi Morales, conocida como “May”, que había sido empleada suya en dicho local comercial.

En ese lugar (el domicilio de “May”) fue agredido por los ahora condenados y al menos otros tres sujetos que se encontraban con ella, quienes luego de reducirlo lo amarraron y trasladaron hasta otra mediagua del sector, que era controlada por Keyver Rodríguez Navarro, un exmiembro de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), y por Alexis Ascanio Peña, también venezolano. 

Como indicaron los acusadores, durante la noche del 6 y la madrugada del 7 de enero, los delincuentes torturaron a su víctima, a quien obligaron a grabar mensajes destinados a su hijo Francisco, un conocido abogado de Iquique, pidiéndole ayuda y que cooperara con los secuestradores.

Finalmente, asesinaron al empresario, al cual propinaron varias heridas cortopunzantes. Maniatado de pies y manos lo enterraron en la misma toma y luego uno de los desconocidos tomó contacto con Francisco Murúa a eso de las 12:00 horas del viernes 7, mandándole los videos de su padre y exigiendo 50 millones de pesos a cambio de su libertad. En otras palabras, y quizá esto es lo más siniestro de todo lo ocurrido, los secuestradores nunca tuvieron la intención de entregar a su víctima sana y salva.

Murúa, que había pasado toda la noche buscando a su padre –por cuya desaparición ya había interpuesto una denuncia por presunta desgracia–, contactó a varios familiares y juntos comenzaron a tratar de reunir el dinero, pero era complejo: los bancos ya comenzaban a cerrar y, por supuesto, nadie tenía ese monto a mano. 

La incertidumbre aumentaba, debido a que el secuestrador exigió que el pago se realizara en dólares y que estos fueran transferidos a una cuenta en Venezuela. Finalmente, el abogado, ayudado por varios parientes, logró reunir 11 millones de pesos, que convirtió en la tarde de ese día a dólares, en una casa de cambios de la Zofri, aunque el negociador le exigió que dejara 500 mil pesos en moneda chilena. 

Luego de ello, sin embargo, se produjo un nuevo cambio de planes, pues exigieron a Murúa que viajara a Colchane, lo que él hizo escoltado a corta distancia por personal de la PDI. No obstante, al llegar a dicha comuna, le hicieron una nueva exigencia: que atravesara hacia Pisiga, en Bolivia, a lo que él se negó.

Finalmente, los secuestradores dejaron de comunicarse, entre otras cosas porque la policía civil ya estaba investigando en el sector de La Mula. De hecho, durante la madrugada del 8 de enero –según los persecutores–, amparado en la oscuridad, el expolicía Rodríguez llegó hasta el lugar donde habían sepultado a su víctima, a la cual desenterró y subió a una carretilla, con la que lo movió hasta otro sector de la toma, donde procedió a enterrarlo de nuevo, a fin de evitar que la PDI lo encontrara.

No obstante, pocas horas después los detectives llegaron hasta el sitio donde Nelson Murúa había estado secuestrado y la noche del 8 encontraron el cadáver, el cual estaba envuelto en una sábana. Los peritajes comprobaron que había sido apuñalado varias veces, tanto en el tórax como en el cuello. 

Los tres implicados en el crimen que fueron llevados a juicio fueron detenidos en las horas posteriores y, aunque la familia estaba pidiendo presidio perpetuo calificado para ellos, finalmente el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique los condenó a 20 años (en el caso de Morales y Ascanio) y a 15 años, en el de Rodríguez.

La acreditación

Pese a ello, la abogada querellante por parte de la familia, Gabriela Alcota, subrayó a El Mostrador que se logró acreditar la participación de cada uno de ellos, pues explicó que “aunque existían bastantes pruebas, que a criterio de nosotros eran objetivas, las defensas iban por una teoría absolutoria; es decir, que ellos no tenían ningún tipo de participación en esto y que quienes realizaron esta acción fueron terceros, pero se logró acreditar que no, que ellos sí tenían participación y se logró además acreditar que otras personas también tenían participación”. 

Justamente ese es uno de los puntos pendientes en el caso: qué pasó con los demás implicados en el crimen, de quienes la abogada señala que “no están en el país hoy en día”, pero asevera que están plenamente identificados y que confía en que “el Ministerio Público va a tomar las medidas necesarias respecto a aquellas personas”. En relación con esto, la querellante destaca el trabajo del fiscal del caso, Óscar Sáez, calificando como “excelente” la investigación que este dirigió.

Otro de los puntos difusos del caso fue si hubo o no implicancias del Tren de Aragua en el hecho, dado que el secuestrador que llamaba a Francisco Murúa le mencionó que ellos se dedicaban a efectuar secuestros en distintos países. A ello se suma la insistencia en que la transacción se realizara en Colchane y Pisiga, pueblos que a la fecha de ocurrencia de los hechos –cuando aún no se desbarataba ninguna de las células del Tren de Aragua en Chile– estaban controlados en gran medida por dicha organización criminal, especialmente en lo relacionado con el tráfico de migrantes.

Sin embargo, una fuente cercana al caso indica que “si bien ello se indagó, había dudas respecto de que fuera el Tren, dado que cometieron muchos ‘errores’ impropios de cualquier organización criminal profesional, como comenzar a pedir dinero a una hora en que ya casi es imposible reunirlo y antes de un fin de semana”, precisa. Al respecto, la abogada Alcota reseña que, efectivamente, la posible participación de la megabanda en este caso es una convicción de la familia, pero que no se pudo probar en el juicio. 

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