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La audiencia de formalización de Karina Oliva y de los excolaboradores de Comunes, se realizará en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. A dos años de iniciada la indagatoria, se busca acreditar la obtención de prestaciones estatales de forma fraudulenta. [ACTUALIZADA]
En noviembre de 2021, el Ministerio Público informó que el entonces fiscal nacional, Jorge Abbott, ordenó la apertura de una investigación de oficio contra Karina Oliva. La indagatoria fue asignada al fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros.
La investigación se originó luego de la publicación de un reportaje de Ciper, en el que se señalaba que el equipo asesor de la excandidata a gobernadora y a senadora presentó ante el Servicio Electoral (Servel) boletas de honorarios por un total de $137 millones. El monto, según lo informado al Servel, correspondería al trabajo de siete integrantes del núcleo cercano de Oliva durante su campaña para gobernadora, todos ellos de su mismo partido, incluyendo el presidente de la tienda, Jorge Ramírez, quien renunció a su cargo.
Hoy, la Fiscalía Metropolitana Sur decidió formalizar cargos contra Oliva, la excandidata del Frente Amplio a Gobernadora Regional (GORE) de la Región Metropolitana, y otros 10 imputados vinculados y expulsados del Partido Comunes en relación con dicha campaña electoral. La acusación, según consignó La Tercera, se centra en el delito de fraude de subvenciones. Es decir, por la obtención de prestaciones estatales de forma fraudulenta.
Por esta razón, se presentó un requerimiento que busca el levantamiento del secreto bancario de un grupo de 10 exdirigentes vinculados con Comunes. Tras revisar detenidamente los antecedentes, el Ministerio Público ha determinado formalizar la causa.
Tanto Karina Oliva como los otros 10 imputados, que incluyen a excolaboradores y exmiembros de la colectividad frenteamplista, enfrentarán cargos en el proceso judicial. El fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Sur, Héctor Barros, solicitó la realización de una audiencia próxima con el fin de formalizar la investigación por su presunta participación y responsabilidad en los delitos que se indican.
El cargo específico imputado a Karina Oliva es el fraude a las subvenciones, con su participación considerada en calidad de autora, y los delitos se encuentran en grado de consumado y frustrado.
La lista de imputados incluye a Jorge Ramírez, expresidente de Comunes y expareja de Karina Oliva, quien emitió boletas por $16 millones 200 mil, alegando “relaciones y gestión política”. También figura Camila Ríos, exsecretaria ejecutiva del partido, que presentó boletas por cerca de $25 millones por “diseño y planificación de despliegue territorial campaña gobernación Distrito 12” y “análisis de Data Analytics e interpretación de datos”.
Además, se encuentra entre los imputados Martín Miranda, exadministrador electoral, quien ya había recibido una multa de 50 UTM por el Servicio Electoral (Servel) debido a la declaración de gastos sin la documentación adecuada, totalizando $115 millones.
La nómina de imputados se completa con Jean Flores Quintana, José Robredo Hormazábal, Diego Corvalán Pérez, Juan Pablo Sanhueza Tortella, David Castillo Palma, Marcelo Riffo Sáez, Diego Corvalán Pérez y Ailine Ramírez Amaro, todos vinculados a Comunes.
La siguiente etapa del proceso será la fijación de la fecha para la audiencia de formalización, en la cual se presentarán oficialmente los cargos contra los imputados y se dará inicio a las acciones legales pertinentes. La formalización de esta causa ha generado un interés considerable en el ámbito político y legal, y se espera que el caso continúe atrayendo atención mediática en las próximas semanas.
La directiva nacional de Comunes se refirió a la solicitud ingresada por el Ministerio Público, afirmando que han tomado medidas para asegurar la correcta administración de los recursos y la rendición de cuentas del partido.
“Como Dirección Nacional hemos tomado la responsabilidad institucional de regularizar la situación administrativa y financiera heredada de la administración anterior”, señalaron en un comunicado, junto con recalcar que “ninguna de las personas investigadas por el Ministerio Público milita en nuestra colectividad, y gran parte de ellas fueron expulsadas por el Tribunal Supremo del partido”, decisión que fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago en la sentencia emitida el 17 de febrero del presente año (ROL 2460-2022).
Comunes sostiene su voluntad de colaborar con la fiscalía y toda otra instancia judicial en curso sobre los hechos referidos: “Manifestamos un irrestricto compromiso con la transparencia, la probidad y el buen uso de los recursos públicos”.
Finalmente, esperan que este proceso se resuelva a la brevedad “para disipar cualquier sombra de duda que pueda existir sobre la integridad de nuestra organización”, ya que “es menester reconstruir la confianza entre la ciudadanía y la política, por lo que hechos como estos son intolerables y requieren de acciones duras y enfáticas”.
“Los partidos son instrumentos de organización política, social y con vocación de servicio público, su actuar debe ser siempre transparente y apegado a la probidad administrativa en todo momento”, concluyeron.
