PAÍS
El Instituto de Salud Pública investiga la infección de 786 pacientes con la peligrosa bacteria Burkholderia, cuya contaminación hospitalaria provino del laboratorio farmacéutico Sanderson. Chillán es, hasta ahora, la ciudad que presenta la mayor prevalencia de casos.
A pocas horas de darse a conocer la solicitud de renuncia que hizo la ministra de Salud, Ximena Aguilera, al director del Instituto de Salud Pública (ISP), Rubén Verdugo, se generó conmoción entre los trabajadores de dicho organismo, quienes calificaron la decisión como arbitraria y contradictoria. A través de cartas, los empleados señalaron: “Este director es la única autoridad que ha hecho lo que debió hacerse hace más de un año, y ahora lo sancionan con el máximo castigo. Una contradicción vital”, manifestaron los trabajadores de la Fenats del ISP y el Capítulo de Profesionales Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos del Instituto de Salud Pública.
En efecto, en enero de este año se informó de 35 personas fallecidas debido al uso de productos contaminados con la bacteria Burkholderia cepacia del laboratorio farmacéutico Sanderson. Se trataba de sueros de distintos tamaños utilizados en el circuito hospitalario de Cuidados Intermedios e Intensivos, es decir, en pacientes altamente vulnerables, lo que aumentaba el riesgo de exposición a esta peligrosa bacteria. Este brote nacional –como lo definieron los expertos en bioseguridad del propio ISP– ha llevado a investigar cerca de 800 casos de pacientes infectados a lo largo de todo el territorio del país. La bacteria Burkholderia cepacia es un patógeno oportunista en los pacientes con fibrosis quística.
Específicamente, se han investigado 780 muestras sospechosas en el ISP, la mayoría de las cuales provienen de centros asistenciales de la ciudad de Chillán. Desde enero hasta la fecha, se han confirmado 10 pacientes fallecidos más a causa de las infecciones por Burkholderia cepacia, aunque fuentes extraoficiales del Instituto de Salud Pública advierten que “la cifra podría superar fácilmente las 100 víctimas fatales, ya que muchas de las personas cuyos diagnósticos se están investigando ya han fallecido, en su mayoría por septicemia”. Esto implica cuadros asociados a infecciones generalizadas que provocan fallas multiorgánicas, cuyas causas aún no se han determinado.
Según la información proporcionada a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y a la que El Mostrador tuvo acceso, “las primeras muestras positivas asociadas al brote llegaron al Instituto (ISP) en agosto del año 2021 y, hasta la fecha, el Laboratorio Biomédico ha confirmado 680 cepas de un total de 724 derivadas”. El personal especializado del ISP detectó que “el 70% corresponde a Burkholderia Contaminans”. A partir de la investigación técnica realizada con estas cepas, se concluyó, en ese momento, que “el 83,8% de las cepas de esta bacteria se identificaron como pertenecientes al CLON 6”, la misma denominación encontrada en la planta del Laboratorio Sanderson.
Este microorganismo afecta de manera oportunista a personas con salud muy frágil, condición propia de los pacientes atendidos en la red asistencial y, particularmente, en hospitalización. La carta también revela que el 50,3% de los pacientes afectados en el país tiene 50 años o más, que existen menores de un año que también han sido infectados por la bacteria, y que las muertes causadas por la cepa de denominación CLON 6 representan el 8,8% de los casos notificados.
Para expertos en salud pública, “resulta curiosa, por no decir negligente”, la cronología de los hechos conocidos hasta ahora, al menos mientras no se realice una auditoría. Esto es lo que plantean los trabajadores en su carta a la ministra Aguilera, firmada por todos los profesionales y técnicos agrupados en AFISP-ANEF, Fenats ISP y APRUS del ISP.
Mientras las primeras muestras positivas para Burkholderia se entregaron al ISP en agosto del 2021, no fue sino hasta enero del 2022 que se emitió la primera alerta de un brote microbiológico en el país. Uno “multicéntrico de fuente común y secundaria a la contaminación de un fármaco u otro producto utilizado en los pacientes”. Contrario a lo que se pudiera pensar, el cierre de la planta del Laboratorio Sanderson es una medida que instruye el ISP recién el 13 de enero de este año, por parte del director sancionado por la ministra Aguilera, Rubén Verdugo, quien determina que el cierre de la planta se mantendrá “hasta garantizar la ausencia de contaminación microbiológica”.
El cuestionado ahora exdirector del ISP asumió su cargo en mayo de este año y, 4 meses después, realizó el primer sumario sanitario al Laboratorio Sanderson por esta contaminación. Solo entonces el personal del Instituto de Salud Pública pudo inspeccionar la planta, ocasión en la que se confirmó la contaminación por Burkholderia Contaminans en el monitoreo ambiental de la mencionada farmacéutica.
En cartas recurrentes de los últimos 7 días a las autoridades, los trabajadores señalan que “el Laboratorio Sanderson cubre el 70% de los productos inyectables que abastece el sistema público, existiendo un brote multicéntrico en productos farmacéuticos terminados inyectables de la misma compañía, por la bacteria del complejo Burkholderia cepacia”.
En mayo de este año, paralelamente, el Minsal ya había creado un grupo de trabajo para abordar este brote nacional, en el que había representación de las subsecretarías de Salud Pública, de Redes Asistenciales, de la Central Nacional de Abastecimiento y el ISP. Ante esta realidad, los trabajadores reflexionan, en su misiva a la ministra Aguilera, señalando que les “es difícil pensar que, con reuniones periódicas, el grupo no estuviese en conocimiento y existiese acuerdo en que, de encontrarse Burkholderia en el recuento microbiano de muestras del laboratorio, se avanzaría en el cierre de la planta (ya que algunas áreas aún seguían operativas) y que se debían tomar todas las medidas necesarias para evitar el desabastecimiento”. Una necesidad, por cierto, que no ha estado exenta de polémica y cuestionamientos.
Los trabajadores apuntan a que hay una responsabilidad compartida entre la dirección del Instituto de Salud Pública y el Ministerio de Salud en cuanto a la tardía toma de medidas y que, si bien se ha hablado de la renovación del equipo directivo del ISP, esta no puede ser una excusa para evadir responsabilidades.
“Esto no es un hecho aislado, y la responsabilidad es compartida entre el Minsal y el ISP. No se puede hablar de renovación si no hay un cambio real en la toma de decisiones y en el ejercicio de las competencias y funciones que le corresponden a cada entidad. No puede ser que la renuncia de un director, quien ha actuado correctamente, sea utilizada como cortina de humo para desviar la atención de las reales negligencias y falencias que existen”, sostienen en la misiva.
Concluyen señalando que “el Laboratorio Sanderson ya había sido sancionado en noviembre de 2020 por la Agencia Nacional de Medicamentos (ANAMED), por incumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura, y que la Subsecretaría de Salud Pública, con fecha 30 de diciembre de 2020, había instruido el seguimiento y la fiscalización de las acciones correctivas correspondientes. Sin embargo, la situación no fue controlada adecuadamente, permitiendo que se llegara a esta grave situación que afecta a la salud pública”.
La extensa carta que los profesionales del ISP enviaron a la máxima autoridad de Salud agrega que “vivimos un importante brote nacional de Burkholderia. La clonalidad encontrada en (la planta del) laboratorio, las personas contagiadas y las fallecidas, permite a este Instituto tomar medidas preventivas para proteger la salud de la población”.
El mensaje a la autoridad del Minsal termina con una serie de exigencias para resguardar la independencia de esta repartición pública y el trabajo que allí se realiza. Platean, en tal sentido, que deben hacerse públicos “los datos de contagiados y fallecidos entre agosto del año 2021 y septiembre de este año, a causa de este brote microbiológico. Que se divulgue, también, el plan de abordaje nacional y las acciones tendientes a contrarrestar el impacto de la emergencia sanitaria, junto con realizar un sumario sanitario que audite todas las acciones realizadas en el marco de los últimos 2 años desde agosto del 2021, cuando se notificaron los primeros productos contaminados en el ISP”.
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, y el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, se presentaron ante la Comisión de Salud del Senado, donde los senadores –entre otras consultas– les preguntaron por qué razón las familias de las víctimas no están informadas acerca de las causas de las muertes de sus seres queridos.
Sin embargo, no se respondieron preguntas e, incluso, las autoridades del Minsal se pararon y se retiraron ante la reacción airada del presidente de la referida comisión, el senador Juan Luis Castro, quien señaló que “es inexplicable, esta comisión se merece un respeto mínimo”.
En tanto, la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ana María Gazmuri, anunció la creación de una comisión investigadora de la Cámara Baja para indagar los hechos que han significado la muerte de 45 personas, víctimas del brote nacional con Burkholderia cepacia.
