El exfiscal Luis Toledo señaló que la Plaza de Armas de Santiago se encuentra dividida y afectada por la creciente presencia del crimen organizado, que va más allá del narcotráfico e involucra extorsión y trata de personas. Ante esto, la legislación y la autoridad, según el abogado, llega muy tarde.
Sigue la consternación en la comuna de Padre Hurtado, luego que desconocidos acribillaran a plena luz del día a Sabrina Durán, más conocida como “Ina” o la “narco influencer”. De momento, la tesis que se maneja es que se trataría de un ajuste de cuentas. Ahora, en medio de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, crece la preocupación de las autoridades por su funeral, que es catalogado de “riesgo extremo”, y vuelve a posicionarse como prioridad la inseguridad pública en Chile.
En este sentido, Luis Toledo, abogado y exfiscal que dirigió la unidad de drogas de la Fiscalía Nacional pone el foco en pleno centro de Santiago. El actual director del Centro de Estudios para la Acción y Prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado (CESCRO) de la Universidad San Sebastián (USS), denuncia la presencia de más de un grupo vinculado a este tipo de delitos en un conocido lugar de la capital.
En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, el exfiscal Toledo afirmó que, en la icónica Plaza de Armas de Santiago, un problema grave y creciente está dividiendo territorialmente a este emblemático punto de referencia. Las divisiones no se dan por razones de etnia o nacionalidad, sino por grupos del crimen organizado que habrían tomado el control de diferentes sectores de la plaza. Esto ha llevado a una creciente preocupación entre los ciudadanos y a un desafío para las autoridades locales.
Según relató el abogado y académico de la USS, la Plaza de Armas de Santiago se encuentra dividida en tres zonas, cada una controlada por diferentes grupos criminales. En el centro de la plaza, los venezolanos están fuertemente vinculados al tráfico de drogas, en particular a la distribución de ketamina. Alrededor de esta área, los dominicanos también han establecido su presencia, mientras que cerca del Portal Fernández Concha, bandas formadas por colombianos y chilenos se dedican a actividades ilícitas que van más allá del narcotráfico, incluyendo extorsión y trata de personas con fines de explotación sexual.
Toledo señala que el problema es tan serio que ha llevado a una disputa entre la alcaldesa de Santiago —Irací Hassler (PC)— y la delegada presidencial —Constanza Martínez (CS)— sobre quién debe asumir la responsabilidad de la seguridad pública en la Plaza de Armas.
“Así estamos”, lamentó, y sostuvo que “efectivamente existe poca coordinación”. A su juicio, hay “una especie de establecimiento de responsabilidades, respecto de los resultados, que son muy malos respecto de unos y otros, dentro de un mismo sector político”.
“Imagínese cuando esto pasa en sectores políticos diversos. En consecuencia, lo que quiero plantear es que estamos en un problema más o menos importante, que si no lo enfrentamos de manera profesional yo creo que los resultados pueden ser peores todavía”, advirtió.
Toledo enfatizó que el problema del crimen organizado en la Plaza de Armas es mucho más que narcotráfico. “Es una herramienta, dentro de un sistema criminal de maximización de ganancias, pero que hoy día se integra bajo un rótulo más amplio, donde es muy colaborativo”, dijo, junto con revelar que las bandas criminales actúan como “grandes empresarios”.
“No se ven grandes peleas ni balazos en la Plaza de Armas de Santiago o en otras partes. Cuando existen rencillas, pueden haber balazos, pero es extraño, normalmente son capaces de llegar a acuerdos como grandes empresarios, respecto de una situación de de negocios criminales, de diversa índole, como trata de personas, trafico de armas, todos colaboran, tráfico de droga, extorsión”, planteó el exifscal, junto con explicar que “este último es un gran tema que ha llegado a nuestro país para quedarse”.
El abogado recalcó que las ganancias de las extorsiones son comparable con las del narcotráfico e incluso quizás más fuertes, “porque mucha gente de la propia nacionalidad, no denuncia ,porque sabe lo que se va a pasar”.
La extorsión, en particular, ha ganado terreno en Chile, y el Código Penal se ha modificado recientemente para castigar este delito de manera más efectiva. La extorsión se define como el acto de exigir dinero o bienes bajo amenaza de violencia a cambio de permitir a una persona llevar a cabo una actividad comercial o cualquier otra actividad en un área determinada. Este fenómeno se ha conocido como el “gota a gota” o “la vacuna”, donde las organizaciones criminales intimidan y extorsionan a quienes buscan ejercer actividades legales o ilegales en el área.
A pesar de la reciente modificación de la ley, el exfiscal Toledo critica que la respuesta judicial y policial ha sido insuficiente, lo que ha permitido un aumento significativo en las ganancias de estas organizaciones criminales, que ascienden a cientos de millones de pesos. Estas ganancias, dijo, se lavan y convierten en bitcoins, divisas y dólares, lo que agrava el problema del lavado de dinero en Chile.
El análisis de Luis Toledo destaca la urgencia de abordar este problema de manera profesional y coordinada, ya que su alcance y gravedad son alarmantes. Si no se toman medidas eficaces, los resultados podrían empeorar. La Plaza de Armas de Santiago, un lugar emblemático de la capital chilena, está siendo amenazada por la presencia cada vez más fuerte del crimen organizado, y es esencial que las autoridades y la sociedad en su conjunto se unan para enfrentar este desafío.
“La legislación está intentando ponerse al día con la adecuación de un proyecto de ley de inteligencia financiera, que está en trámite, pero que, claro, estamos llegando muy tarde”, concluyó.
