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Crédito: Agencia Uno
Tras coincidir en que la nueva propuesta es peor que la anterior, el oficialismo respalda hoy el voto “En contra” con los argumentos que ayer descalificaba: la actual Constitución no es la de Pinochet sino la de Lagos, el momento constitucional ya pasó, y la salida a la crisis no era constitucional.
Ante la profunda crisis social que reveló el estallido, la salida política fue abrir un proceso para una nueva Constitución. Se habló de que había llegado el momento constitucional. La ilegitimidad de la Carta Magna nacida en dictadura fue el principal argumento levantado por los sectores de izquierda y el progresismo en general.
Con ese espíritu se llevó a cabo el proceso de la Convención Constitucional, que terminó siendo identitario y fracasó rotundamente; y el segundo proceso, en esta ocasión del Consejo Constitucional, igualmente identitario, pero esta vez de derecha y liderado por el Partido Republicano, podría –según las encuestas– enfrentar el mismo resultado.
Entretanto, las fuerzas oficialistas –del Frente Amplio, del Socialismo Democrático y del Partido Comunista– se aprestan a hacer público lo que todo el mundo ya sabe: que llamarán a votar “En contra”.
Hasta ahí sin sorpresas, pero cuando las fuerzas políticas del oficialismo se ven forzadas a dar argumentos, más allá los propiamente constitucionales, los giros discursivos quedan en evidencia: para el Partido Comunista, la Constitución de Pinochet ya no tendría un problema de ilegitimidad de origen, porque comunicacionalmente ahora prefieren llamarla la Constitución de Lagos; para el Socialismo Democrático el momento constitucional ya pasó, por lo que es mejor poner este asunto en el congelador y, en caso de regresar el momento, la fe ya no está puesta en una asamblea, Convención o Consejo, sino que ahora en el Congreso; y en el Frente Amplio concluyen, en retrospectiva, que lo que necesitaba el país para salir de la crisis no era una nueva Constitución, sino un pacto social que apuntara a la solucionar las urgencias de la población.
Las autocríticas más duras admiten que fueron cuatro años perdidos. Con ojos mutilados y todo.
No apresurar la entrega del texto constitucional; la prescindencia del Gobierno a la hora de exponer posturas “A favor” o “En contra” con miras al plebiscito; y aplastar cualquier entusiasmo por levantar un tercer proceso, fueron tres de los temas clave abordados en La Moneda, en la última reunión del Comité Político con los jefes de los partidos oficialistas.
Desde la sede de Gobierno, manifiestan en privado que “todo hace prever que la segunda propuesta de Carta Magna volverá a ser rechazada” en las urnas el 17 de diciembre próximo.
A diferencia de la consulta anterior, desde Palacio se estableció como línea política que las figuras del Ejecutivo no revelaran qué opción apoyar para el referendo. Ello, para evitar que sea visto por sectores del electorado –o de la oposición– como un plebiscito de aprobación o rechazo al desempeño del Presidente Gabriel Boric.
Esto, pese a que al interior del bloque oficialista –y las principales autoridades de Gobierno– consideran que la propuesta de Carta Magna que se entregará al Mandatario, durante la primera semana de noviembre, es “en muchos aspectos peor que la actual Constitución”, por lo que su principal alternativa en la papeleta será el voto “En contra”.
“Es una propuesta tan mala como la de la Convención, incluso en muchas cosas empeora la de Pinochet, es un retroceso en la mitad de las materias que aborda”, sostiene a El Mostrador un secretario de Estado.
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Entre los partidos oficialistas hay diversas posiciones sobre qué hacer a futuro en caso de que gane el “En contra”. Y también sobre cómo anunciarán su decisión de rechazar el texto. Sin embargo, por estos días los miembros de las directivas de los partidos acordaron mostrar una postura alineada y consensuada sobre la propuesta. Pero una vez entregado el texto final al Presidente Boric, el próximo 7 de noviembre.
La mayoría de las colectividades, en especial las del Socialismo Democrático, manifiestan que en el tema constitucional “el momento ya pasó”, y optan “por que ahora el asunto se congele” y que, de haber a futuro cambios constitucionales, “se realicen en el Congreso, en un próximo período legislativo”. Paralelamente, enfatizan que el objetivo actual es contener el avance de la derecha en las municipales del 2024 y avanzar en las reformas emblemáticas del programa de gobierno.
“Si la propuesta constitucional se rechaza, habrá que generar una reflexión colectiva y en base a eso delinear caminos. Mi opinión personal es que habrá que poner en el congelador la pretensión de una nueva Constitución, hasta que exista una coyuntura política y social diferente”, afirma a El Mostrador el jefe de bancada del PS, el diputado Daniel Manouchehri.
“El momento constitucional ya pasó. Se intentó, pero no prosperó. Entonces, si queremos una nueva Constitución, tendrá que ser en el marco de una discusión en el Congreso, con un Congreso elegido legítimamente, con un sistema proporcional. Se han oído varias posibilidades, pero no será ahora. Se podría usar como base el texto de la Presidenta Michelle Bachelet que está ingresado, o los otros dos textos tenerlos a la vista para rescatar cosas interesantes para una discusión. Y eventualmente llevarlo a un plebiscito”, afirma a su vez un senador del PPD.
Tampoco percibe un panorama auspicioso el presidente de RD, Diego Vela, y esto independientemente de la opción que gane en diciembre. “Creo que si es que ganara el ‘A favor’, el tema constitucional va a seguir abierto porque esta propuesta de Constitución no es de todas y de todos, no logró ser un acuerdo transversal y no ha sido un espacio donde las distintas perspectivas se puedan ver incorporadas. En cambio, creo que si es que gana el ‘En contra’, no se insistirá con un tercer proceso durante este Gobierno, y enfocarnos en avanzar en otras reformas que son urgentes para el país, como pensiones, la reforma de salud y un pacto tributario para financiar esas mejoras”, señala Vela.
Asimismo, desde el oficialismo se comenzó a “reforzar” la idea de que “técnicamente esta es la Constitución de Lagos”, la cual además –explican desde los partidos– ha sido reformada en más de una oportunidad: en 2015, para cambiar el sistema binominal; en 2017, para la despenalización del aborto; en 2022, para rebajar el quórum a 4/7 para las reformas constitucionales.
Así lo manifestó el presidente del PC, Lautaro Carmona, el domingo pasado.
“La Constitución del 80 ya no es la del 80, con todos los cambios que se le han hecho. Además, de rechazarse esta que se está proponiendo, la opción de introducir transformaciones o cambios en la Carta no queda cerrada, pues está el espacio legislativo”, afirmó Carmona en El Mercurio.
La semana pasada, el senador José Miguel Insulza señaló en el mismo sentido que “si el texto no pasa el plebiscito, nos quedamos con la Constitución de 2005. Porque ya hay dos rechazos, una en la Constitución de la extrema izquierda y otra en la Constitución de la extrema derecha. Eso quiere decir que la gente quiere quedarse con lo que hay al medio”, sostuvo.
“Será la misma Constitución que firmó el Presidente Lagos. ¿Y si se podrían modificar algunas cosas en el Congreso?, eso lo verá el Congreso. Yo no hago propuestas de modificaciones. Y ahí se cierra el capítulo. Desgraciadamente, después de algún tiempo perdido. Seguir implantando a la gente un tercer intento, yo no lo haría. Lamentaría mucho que no hubiera Constitución, porque ha sido una pérdida de tiempo, recursos y trabajo. Y algunos quórums se cambiaron en el Congreso a 4/7″, añadió el senador Insulza.
Mientras el tiempo avanza, en las tiendas de la alianza de Gobierno aún no hay equipos de precampaña pensados para el plebiscito. Y solo esta semana el Ejecutivo inició la licitación de campañas informativas para la consulta popular.
“Como Gobierno tenemos prescindencia y debemos respetar los derechos electorales (…), nuestra responsabilidad es empujar una campaña informativa, (…) tanto en redes sociales, medios de comunicación, la impresión de los textos, que estos lleguen a todas las regiones del país. Tenemos ya adjudicados recursos, de hecho, la licitación está en marcha”, detalló la vocera de Gobierno este lunes. Y confirmó que “difícilmente habría condiciones para que en este Gobierno se pueda iniciar un nuevo proceso (en caso de otro rechazo)”.
Los análisis más críticos del oficialismo apuntan a dos asuntos profundos. El primero, es que “los cuatro años, de los dos procesos constitucionales, fueron años y recursos perdidos”. Y , además, plantean que no era necesario “realizar un cambio de Constitución para solucionar las principales demandas ciudadanas tras el estallido social, sino más bien un pacto social y un acuerdo en el Congreso para cambiar el sistema de pensiones y otras situaciones sociales en Salud, Educación y Vivienda”.
“Al estallido social debió haberse respondido por medio de la búsqueda de un pacto social y no de un pacto constitucional. Este último es algo muy abstracto y alejado de la gente. Estaban dadas las condiciones para haber dicho ‘vamos a hacer, así como se definieron bordes constitucionales, los bordes de una reforma de salud a fondo, una reforma provisional’ (…), más que embarcarnos en esta idea de un pacto constitucional. (…) Era necesario ir cambiando la Constitución, pero estas modificaciones no eran indispensables para hacer estos otros cambios sociales“, reparó el abogado socialista, expresidente del Senado y exministro, José Antonio Viera-Gallo.
“El Gobierno perdió muchísimo tiempo esperando la anterior Constitución. Ahora se está esperando esta otra, cuando las necesidades de la gente son urgentes, y las mayores necesidades que encarnaron en algún momento una prueba para que se haga una nueva Carta, no tienen ninguna solución constitucional. El problema nunca fue constitucional. Era un problema de carácter legal, administrativo, político y ético. Por tanto, si se llegara a rechazar el texto, yo espero que se termine con este proceso, no volver a abrir una etapa que ya está cerrada, salvo que exista un momento del país que lo permita. Y lo que tiene que ocurrir es que los políticos se pongan a hacer el trabajo que corresponde, porque el proceso ha sido una excusa para no cumplir compromisos que son trascendentales para los chilenos”, reflexiona el senador por Magallanes Karim Bianchi (Ind).
Otros dirigentes tienen una postura aún más autocrítica. “Acá hubo gente que perdió los ojos, a los manifestantes les dijeron váyanse para la casa que con una nueva Constitución habrá mayor justicia social. Y no pasó nada. Esto es muy grave, porque no es solo eliminar la Constitución de Pinochet”, afirma un dirigente del PPD.
En la comisión política del Partido Comunista algunas críticas son incluso más profundas. “En algún momento en que no reine el desprecio por el otro, la negación de lo que la comunidad internacional ha construido en décadas en relación con los derechos de las personas, en que no se aticen los miedos, los sentimientos más negativos como forma de enmascarar el abuso, en ese momento la sociedad chilena estará en condiciones de tejer un pacto social en que todas y todos tengamos un lugar digno”, recalca la diputada Carmen Hertz (PC).
