Crimen organizado al fin del mundo: primeras condenas por secuestro en la historia de Aysén

Con el cambio de la matriz delictiva que se ha experimentado en los últimos años en Chile, una serie de delitos que antes eran exclusivos de las grandes ciudades del centro y norte del país han comenzado a ocurrir también en el sur. En este contexto, a principios de este año, se registraron los dos primeros casos de secuestro en toda la historia de Aysén.

Uno de ellos fue protagonizado por dos hermanos chilenos, quienes secuestraron a un empresario español con fines extorsivos, hecho que aún se encuentra bajo investigación. En el segundo caso, cuatro colombianos dedicados al tráfico de drogas fueron condenados esta semana a penas que alcanzan los cinco años para cada uno de ellos, a lo que se suma la expulsión del país y la prohibición de reingresar a este por un periodo de 10 años.

Los ahora condenados secuestraron a un compatriota suyo, con el que tenían una larga historia de disputas vinculadas al microtráfico de drogas. Efectivamente, todo indica que la intención de los secuestradores era asesinar a su víctima, ya que la estaban trasladando hacia un sector desolado cuando, en medio de la noche, el vehículo en que la transportaban fue detenido por Carabineros en un control rutinario. Esto permitió que la víctima pudiera escapar con vida, aunque no ilesa, pues ya había sido apuñalada en una pierna.

Homicidio por drogas

Otro incidente que señala la llegada de prácticas criminales antes ajenas al sur profundo de Chile fue la formalización, efectuada la semana pasada, en contra de ocho personas que, según la fiscalía, forman parte de una banda de narcotraficantes. Este grupo tuvo un altercado el 29 de enero pasado, en medio de un concierto en Aysén, con otro individuo también implicado en narcotráfico.

Al día siguiente, el primer grupo se encontró con quien se convertiría en su víctima en un servicentro de la calle Ogana, en Coyhaique, disparándole a corta distancia desde un vehículo en movimiento y causándole la muerte. Este modus operandi tiene muy pocas diferencias con el que se observó tras el homicidio de una joven narcotraficante en Padre Hurtado el martes pasado.

Después de limpiar el vehículo utilizado en el crimen para eliminar cualquier rastro de pólvora, convencieron a un menor de edad para que se inculpara como autor del homicidio, con el fin de ganar tiempo. Según la investigación, dos de los imputados (Diego Avendaño Fonseca y Felipe Alvarado Domínguez) decidieron huir del país, lo que lograron por un paso no habilitado en Chile Chico en febrero de este año, contando con la ayuda de dos sujetos.

Sin embargo, regresaron posteriormente y todos los implicados fueron detenidos, siendo dos de ellos formalizados como autores del homicidio, otros dos como coautores y otros cuatro como encubridores, incluyendo a quienes ayudaron a los ahora acusados a escapar del país.

Por cierto, en la audiencia de formalización, así como en la apelación que se efectuó ante el tribunal de alzada de Aysén, reapareció la hasta hace poco jueza de garantía de Coyhaique, Cecilia Urbina, que, sin embargo, ahora estaba sentada en el asiento reservado a los defensores. Finalmente, dejó el Poder Judicial tras ser condenada a cuatro años por revelación de secretos y perder todas las instancias judiciales al respecto.

La exmagistrada, como informó El Mostrador, fue acusada por la Fiscalía de Coyhaique de haber entregado datos confidenciales a su pareja, indicándole que se seguía una investigación secreta en contra del hijo de este, un narcotraficante conocido como “Matanga”, quien terminó, a su vez, condenado a una pena de 10 años.

Delitos más violentos

En cuanto a los nuevos delitos que han surgido en la zona, el fiscal regional, Carlos Palma, señala que “son muy similares a los que se venían registrando en el país desde hace muchos años. En otras palabras, estamos constatando  un aumento de los delitos más violentos, de alta connotación pública”.

Según explica, los robos con intimidación y/o violencia no eran comunes, al igual que los delitos de lesiones, pero estos, “en los últimos tiempos, han ido aumentando en porcentaje”.

Asimismo, precisa que también ha habido un cambio evidente en la forma de comisión de los homicidios, así como en su cantidad. Respecto del primer punto, indica que “normalmente, acá en la zona, los homicidios ocurrían entre personas relativamente conocidas y generalmente se debían a problemas relacionados con ingestas excesivas de alcohol o a problemas de control de impulsos”.

Sin embargo, destaca que esto ha cambiado y que “ahora la dinámica de los homicidios generalmente involucra a víctimas y victimarios que no se conocen o que no tienen una relación cercana, y el medio utilizado para cometerlos son las armas de fuego”, lo cual, comenta, “es un fenómeno propio del crimen organizado, que se presenta en Latinoamérica y también, desde hace un tiempo, en Chile”.

A esto se suma un importante aumento en el tráfico de drogas, con un aspecto muy particular: mientras que la pureza de algunas drogas (especialmente las derivadas de la cocaína) ronda el 25% en casi todo Chile, en Aysén han detectado clorhidrato de cocaína con un 99% de pureza. “Esto permite, por supuesto, subdividirla o multiplicarla al menos por cuatro veces más”, explica Palma.

Debido a estos y otros factores, el fiscal regional informa que los decomisos de droga han aumentado en casi un 400% en los últimos años. Por ello, concluye que “la suma del aumento de la violencia, el aumento de armas, el aumento general de la droga y del tipo de droga, hace que hoy en día la región de Aysén presente un panorama completamente distinto al de hace algunos años”.

Pese a ello, asegura que desde los organismos de persecución penal han actuado de forma rápida ante la nueva fenomenología, “lo que nos permite tener a las personas que han cometido estos delitos rápidamente privadas de libertad, ya sea en prisión preventiva o condenadas”. Sin embargo, aclara que “esto no es suficiente”, ya que se requiere de un trabajo interinstitucional, donde todos los organismos involucrados trabajen de manera coordinada.

De hecho, Palma manifiesta que han propuesto al gobierno una serie de medidas, entre las cuales destaca la creación de un equipo de trabajo especializado para abordar esta problemática, “pero lamentablemente, hasta ahora, no hemos tenido una respuesta positiva”.

Finalmente, indica que “la gente debe entender que, si bien la prisión preventiva o la condena de los responsables de estos delitos es fundamental, también es necesario trabajar de manera preventiva y educativa, con políticas públicas que permitan evitar que estos fenómenos sigan creciendo”.