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Foto: Karl Grawe/Agencia UNO
A casi 60 días del paro de profesores, el senador Prohens solicitó que se declare ilegal la actuación del SLEP de Atacama. El Presidente Boric reconoció la crisis, mientras el ministro Cataldo recalcó las consecuencias de no volver a clases. Habrá una sesión especial en la Cámara el 7 de noviembre.
Hasta la Corte de Apelaciones de Copiapó llegó el senador por Atacama, Rafael Prohens (RN), junto a la concejala de la comuna, Carolina de la Carrera y apoderados de los estudiantes afectados por la crisis educacional que viven niños, niñas y adolescentes en la región tras la paralización de clases y los daños estructurales que presentan los establecimientos del Servicio Local de Educación Pública (SLEP).
A casi 60 días del paro iniciado por los profesores de Atacama, el senador RN explicó que la acción contra el SLEP de Atacama busca que la justicia contribuya a resolver la crisis educativa y apoyar a las familias afectadas considerando “la vulneración de la integridad psíquica de los alumnos y apoderados por la pérdida de clases y la diferenciación arbitraria que los ubica en condiciones desfavorecidas respecto a los demás estudiantes del país”.
Por lo mismo, el documento solicita a la Corte de Apelaciones de Copiapó que declare que el SLEP de Atacama ha actuado en forma ilegal y arbitraria con su conducta omisiva, violentando los derechos fundamentales de los estudiantes; y que se le ordene dar cuenta de las acciones, planes y obras que han realizado para mejorar las condiciones en las que se imparte educación en la región y las medidas que tomarán para subsanarlas en el futuro.
El senador Prohens subrayó que lo que buscan con la iniciativa es “dar tranquilidad a las familias afectadas por la crisis y que el Estado de Chile ofrezca una hoja de ruta, con planes determinados y certezas para su futuro educacional”.
El legislador precisó que “este recurso es contra el SLEP de Atacama por haber dejado a los niños abandonados y hay muchos jóvenes y familias que están con problemas mentales y con su presentación buscamos que la Corte dicte una orden de no innovar -lo que significa que, si es acogido, se establezca que los niños deben volver a clases- y que haya un compromiso real y una carta gantt que fije en cuánto tiempo se van a reparar los establecimientos cuestionados por el Colegio de profesores y muchos apoderados. Por lo tanto, con esto estamos haciendo exigible lo que piden profesores y apoderados y que el encargado del tema en Atacama pueda ser acusado de desacato en caso que no cumpla” .
“En estos días hemos visto cómo Chile se une detrás de sus deportistas. Espero que ese espíritu de unidad en torno a causas comunes pueda ser contagioso para la recuperación de centros urbanos, de ciudades tan importantes como Concepción”. El Presidente Gabriel Boric realizó esta reflexión, la que conectó con la situación que viven profesores y estudiantes de la Región de Atacama, durante su visita a la Región del Biobío para participar del lanzamiento del “Plan de Recuperación de Centros Urbanos”.
El Mandatario dijo que la unidad vista en apoyo a los deportistas chilenos que participan en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, “también debería para desafíos tan grandes como la recuperación de la educación pública”. En este sentido, el Jefe de Estado reconoció el país enfrenta “una crisis grande y difícil y que tenemos el deber de enfrentar”, en materia educativa.
“También para enfrentar la delincuencia en conjunto, independiente de las legítimas diferencias que tengamos”, añadió.
Los profesores y profesoras de Atacama llevan, hasta este martes 31 de octubre, 56 días en paro. La movilización alcanza a 46 establecimientos, afectando a alrededor de 30 mil alumnos, mientras todas las miradas apuntan al traspaso implementado durante el de la administración municipal a los SLEP.
En El Diario de Atacama, el gremio de profesores presentó las condiciones mínimas que requieren para volver a clases: reparación de duchas, vidrios, lavamanos, luminarias en salas de clase, enchufes, interruptores y que se disponga de materiales e insumos necesarios para el funcionamiento de escuelas y liceos, entre otros.
En paralelo a la movilización, la Fiscalía Regional de Atacama abrió una investigación por eventuales delitos económicos cometidos al interior del SLEP regional.
La senadora por la región, Yasna Provoste (DC), agradeció al Ministerio Público “la celeridad en recibirnos para entregar antecedentes sobre eventuales delitos en el SLEP de Colchagua. A la emergencia educativa de Atacama y la mala gestión de las autoridades del sector, se suman denuncias de corrupción en otras regiones”.
Cabe recordar que, según se estableció con el Sistema de Educación Pública, creado mediante la Ley 21.040 de 2017, todos los establecimientos educacionales municipales del país se traspasan a 70 Servicios Locales dependientes de la Dirección de Educación Pública (DEP), con el objetivo de “devolverle al Estado un rol protagónico en la educación del país”. Para este proceso se estableció un calendario, el cual si bien inicialmente llegaba hasta 2025, se extendió el año pasado hasta 2027.
Actualmente existen 27 SLEP en funcionamiento, de ellos 11 cuentan con servicio educativo traspasado y se espera que en 2024 entren en funcionamiento otros 10 nuevos centros en el país.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), respondió al Colegio de Profesores de Atacama, quienes aseguraron en radio Cooperativa que “es imposible” que se retomen las clases el jueves 2 de noviembre como había propuesto el Gobierno en primera instancia. El secretario de Estado replicó que “nadie está obligado a lo imposible”.
“Se han iniciado las intervenciones de infraestructura en una cantidad importante de establecimientos educacionales, en los próximos días seguirán ocurriendo. Esa es una garantía que los profesores habían solicitado en su minuto, cuando me reuní con ellos en la región: que querían ver que se materializara algo que se había comprometido y no se había hecho”, destacó el ministro Cataldo, durante una actividad en la Universidad de Chile.
Consultado por el paro, el jefe del Mineduc aseveró que “no podemos accionar en contra de los profesores y profesoras si ellos no quieren volver a clases”. Además, recordó que “hay pronunciamientos administrativos de la propia Contraloría, con dictámenes, que señalan que cuando las clases no se realizan, proceden descuentos”.
“Si no se está trabajando, eso puede tener consecuencias en las remuneraciones”, advirtió.
Según informó el Mineduc, actualmente 14 centros educativos del SLEP Atacama están realizando sus clases con normalidad y 46 establecimientos se mantienen con paralización de actividades. Por otra parte, afirmó la cartera de Educación, los 18 jardines infantiles dependientes del Servicio Local se encuentran en funcionamiento luego de la realización de una serie de mantenciones de infraestructura que habían sido comprometidas.
La subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, sostuvo este lunes 30 de octubre una reunión con 41 directores y directoras de establecimientos que forman parte del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama para dialogar y reforzar el llamado a las comunidades movilizadas a retomar las actividades en el aula.
El pasado viernes el Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial, presentó al SLEP –en su rol de sostenedor- un Plan con lineamientos para la continuidad del proceso educativo, que establece que las clases se extenderían hasta el viernes 12 de enero de 2024, para velar por el debido cierre del año educativo 2023, de acuerdo con lo señalado en la Resolución Exenta N.º 409.
La subsecretaria Arratia señaló que “tuvimos una positiva reunión con directores y directoras de establecimientos del Servicio Local de Educación Atacama, con quienes hemos conversado respecto a la progresión de los trabajos que se están realizando en materia de mejoramiento de infraestructura. Nos han planteado algunas dudas respecto a las intervenciones de los establecimientos que estamos impulsando, como parte del Plan Atacama, y les hemos señalado que esto contempla una gradualidad con mejoras en el corto plazo, las que ya estamos ejecutando, en el mediano plazo hasta marzo y en el largo plazo, que considera la reposición de al menos un establecimiento”.
Con el objetivo de analizar y discutir sobre las medidas que ha adoptado el Gobierno respecto de la grave situación en que se encuentra el proceso de implementación de los SLEP en todo el país, el diputado e integrante de la Comisión de Educación, Stephan Schubert (independiente del Comité Republicanos), pidió que se cite a una sesión especial el próximo martes 7 de noviembre en la Cámara Baja.
El congresista precisó que “todo lo sucedido solo confirma los temores acerca del éxito de la reforma examinada, pues se trata de un proceso que posee precariedad de recursos financieros, humanos y administrativos, que podría devenir en una pérdida de la calidad de la educación pública, así como intensificar el éxodo de estudiantes al sistema privado, creando una creciente resistencia política a la creación de nuevos servicios”.
En el documento enviado al presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Ricardo Cifuentes (DC), se asegura que el proceso de implementación de los Servicios Locales de Educación Pública “ha desnudado la falta de coherencia del diseño institucional de la Nueva Educación Pública establecido mediante la ley N° 21.040, toda vez que existen profundas confusiones de roles y de funciones en los equipos de trabajo, indefinición de procedimientos de gestión e ineficiencia de mecanismos de coordinación entre los diversos niveles administrativos que participan del sistema”.
Esta petición se suma a la de otros parlamentarios de oposición, quienes incluso están pidiendo que se congele el proceso de traspaso a los Servicios Locales de Educación.
La senadora Paulina Núñez (RN) dijo hoy que los servicios locales de educación se deben paralizar y criticó la fórmula que, a su juicio, “solo ha traído más pobreza, falta de oportunidades y desigualdades entre los alumnos, por tratarse de un modelo creado por mentes ideologizadas que creyeron que el Estado podía hacerse cargo de manera centralizada”.
