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Crédito: Archivo
Con la llegada de Ximena Sanhueza se abrió un nuevo foco de conflicto en la crisis educacional de Atacama, debido a que parte de los pagos objetados tras la auditoría del Ministerio de Educación se hacía a las hijas de la directora del SLEP.
Tras 70 días de paro docente, la Dirección de Educación Pública (DEP) anunció el nombramiento de Ximena Sanhueza Piñones como la nueva directora ejecutiva subrogante del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama. Con dicha decisión, buscaban solucionar el malestar de la comunidad estudiantil. Sin embargo, esto parece que no es así, ya que con la llegada de Sanhueza se abrió un foco de conflicto por la presencia de dos de sus hijas, quienes forman parte de los pagos objetados tras la auditoría del Ministerio de Educación.
Se trata de Constanza Ardiles Sanhueza, quien es ingeniera civil industrial, y su hermana Francisca Ardiles Sanhueza, quien –según los registros de Transparencia– es ingeniera en administración de empresas, aunque en registros anteriores figura como ingeniera comercial. Ambas fueron contratadas por el servicio a contar del 1 de febrero de este año como funcionarias del Departamento de Gestión de Personas, según constató Ciper.
Ximena Sanhueza, en tanto, habría ingresado como jefa del Departamento de Apoyo Técnico Pedagógico por Alta Dirección Pública por un periodo de tres años, a contar del 15 de mayo de 2023. O sea, posterior al ingreso de sus hijas a la repartición pública.
Sin embargo, no es la primera vez que las hijas de Sanhueza trabajan en el SLEP. Lo hacen desde el 2021, cuando comenzaron como trabajadoras a honorarios. Las hijas de Sanhueza en 2022 dieron el salto y lograron un puesto a contrata –que entrega mayores beneficios y estabilidad laboral–, pero a fines de ese año dejaron de aparecer en los registros, sin explicación. Lo curioso es que todas sus entradas y salidas del Servicio han sido al mismo tiempo, siempre han ganado lo mismo y cumplido funciones muy parecidas.
Según la auditoría al funcionamiento del SLEP que este año realizó el Ministerio de Educación, ambas formaron parte de los funcionarios cuyos sueldos fueron cancelados con dineros de la subvención general y la subvención escolar preferencial, la que no puede destinarse a pagar sueldos de administrativos. Dicha nómina fue enviada al Ministerio Público para investigar el delito de fraude al fisco.
No solo esos pagos de 2022 a las hijas de la nueva directora del SLEP fueron cuestionados en la auditoría del Mineduc, sino que también su recontratación en febrero de 2023, porque ese movimiento no fue autorizado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), del Ministerio de Hacienda.
Según la auditoría realizada en 2023 por el Ministerio de Educación, los pagos objetados a funcionarios del SLEP de Atacama significaron el desvío de $741 millones de la subvención general, y $7,7 millones de la subvención escolar preferencial.
Otro flanco de críticas que se abrió en la comunidad es el posible conflicto de intereses que genera la presencia de sus dos hijas. Precisamente esto ocurre cuando las hijas de Sanhueza trabajaban a honorarios.
En esta época, su madre ya habría sido funcionaria del SLEP, en el mismo departamento donde luego se adjudicó la jefatura, según informa El Desconcierto, por lo que acusan conflicto de intereses.Es decir, estaba en el servicio antes de la llegada de sus hijas.
El conflicto de intereses radica en que, en su calidad de jefa del Departamento de Apoyo Técnico Pedagógico, producto de un decreto exento del Mineduc, Sanhueza era la encargada determinada para subrogar el cargo de director ejecutivo en caso de requerirse.
El citado medio se contactó con la cartera de Educación para consultar esta situación, desde donde le respondieron que los contratos cuestionados se están regularizando y que las hijas de Ximena Sanhueza no tienen inhabilidad y no deben presentar su renuncia, porque su madre fue nombrada en el cargo después de que ellas fueran contratadas.
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