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AgenciaUno
El exministro de Estado y exembajador en Washington será acusado de causar lesiones graves a Jonás Gómez. De fondo, hay una causa en la cual se particionó una fortuna superior a los 2 mil millones de dólares, en la que Bulnes fue abogado de una de las partes.
A las 09:00 horas de hoy, el Juzgado de Garantía de La Ligua citó a la audiencia de formalización por el delito de lesiones graves al exministro de Justicia y Educación, así como embajador de Chile en Estados Unidos (en el primer Gobierno de Sebastián Piñera) y exrepresentante chileno en el litigio con Bolivia ante el Tribunal de La Haya, Felipe Bulnes Serrano (RN), quien está acusado de haber golpeado al empresario Jonás Gómez Pacheco, en un restaurante de Zapallar, en febrero de este año. Además, será formalizado por el mismo delito el ingeniero Marcelo de Moras, hermano de la animadora de televisión Carolina de Moras y cuñado de Bulnes.
Según la querella presentada en su contra por los abogados Miguel Schürmann y Alejandro Awad, el 13 de enero de 2023 la víctima, Jonás Gómez, fue al restaurante “César”, ubicado en la avenida La Rambla, en Zapallar, junto a su amigo Ignacio Pérez Walker, exsenador por Atacama (RN), la misma región donde radica parte importante de la fortuna de Gómez, en cuya disputa se encuentra el origen del incidente en medio del cual fue agredido por Bulnes.
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El libelo indica que, cuando Gómez y Pérez terminaron de cenar, el último se acercó a una mesa cercana a saludar a dos comensales que se encontraban en ella, uno de los cuales era Bulnes y el otro De Moras.
Pérez presentó a Gómez a estos, pero –según la querella– en ese momento Bulnes levantó la voz, diciendo “yo a este huevón no lo saludo”, a lo que Gómez respondió que no era problema, “porque él no trataba con bandidos”. Acto seguido, siempre de acuerdo con el escrito, “Felipe Bulnes perdió súbita y bruscamente el control abalanzándose sobre don Jonás y dándole una embestida de tal magnitud que le hizo caer en la playa misma, la que está al menos a un metro y medio bajo la pasarela. Si bien don Jonás se fracturó la mano en ese acto, procuró incorporarse rápidamente. Sin embargo, al subir a la terraza de la cual fue arrojado, fue atacado por el segundo integrante de la mesa, quien lo derribó y le dio varios puñetazos en la cara y la cabeza”.
Al retirarse de allí, aseguran los abogados, “nuestro representado se dio cuenta que el dedo mayor de su mano derecha se encontraba desencajado y torcido hacia un lado, logrando ajustarlo con la ayuda de su acompañante. Luego de ello, y todavía choqueado, se dirigió a su hogar”. Al día siguiente, tras consultar a un médico, le diagnosticaron una luxación y fractura de la falange distal del dedo mayor de la mano, así como un hematoma en el ojo, lesión (la primera) de carácter grave.
No obstante, la defensa de Felipe Bulnes –asumida por Leonardo Battaglia y Cristian Muga, del estudio jurídico de Luis Ortiz Quiroga– asegura que las lesiones no fueron de carácter grave. Según declaró el exministro a la Fiscalía, como informó Cooperativa, “le dije al señor Pérez que no iba a saludar al señor Jonás Gómez. Esto fue tal cual, sin agregar ningún insulto hacia él ni nada parecido. Se lo dije muy tranquilamente, y buscando poner fin a este encuentro ya que no quería tener ninguna interacción con el señor Gómez. Conozco su carácter agresivo y me parecía muy raro que se acercara a mi mesa buscando un saludo dada la evidente animadversión que me tiene”.
Según su versión, ante eso “el señor Jonás Gómez responde a mi negativa de saludarlo diciendo que yo era un bandido, encarándome con su rostro lleno de ira y moviendo una de las sillas de mi mesa”. Además, Bulnes asegura que él no lo golpeó y que la lesión que Gómez sufrió en la mano ocurrió al impactar este contra un quitasol.
Sin embargo, el fiscal jefe de La Ligua no creyó esta versión y hoy debe imputar cargos por lesiones graves.
Si bien el nombre Jonás Gómez no es tan conocido ni vinculado a las élites santiaguinas como el de Bulnes o el de De Moras (debido a su hermana, esposa de Bulnes desde 2022), la fortuna que posee es una de las más importantes de Chile en la minería, pues es uno de los cuatro hijos del fallecido Jonás Gómez Gallo (quien murió en 2019, a los 95 años), nieto a su vez de Pedro León Gallo Goyenechea, dueño de una mina de plata en Chañarcillo, con la cual amasó una gran cantidad de dinero, que siguió incrementando con otras pertenencias mineras.
Gómez Gallo (que al igual que su abuelo fue parlamentario por el Partido Radical) era un hábil empresario también y, al momento de fallecer, hace cuatro años, se estimaba que el valor de su patrimonio era superior a los 2 mil millones de dólares. Mil 600 de estos pertenecen a una sola de las empresas que manejan, la actual Carola-Coemin, que explota oro, plata y cobre, y que posee cerca de 3.500 hectáreas de pertenencias mineras en Atacama.
Además de ello, fue el dueño de DIN (actual ABCDIN), de acciones en Clínica Las Condes, de varias empresas inmobiliarias y de Europa, de una frutícola, y en otras seis mineras, entre otros negocios.
Sin embargo, algunos años antes de la muerte del patriarca, los cuatro hijos de Jonás Gómez Gallo se dividieron en dos bandos. En uno quedó Jonás Gómez Pacheco, junto a dos de sus hijos, y en el otro sus hermanos Segundo, Teresa y Magdalena, con sus respectivos hijos. Como finalmente decidieron dividir aguas entre ellos, nacieron dos grupos económicos: JGP (Jonás Gómez Pacheco) y STMGP, de sus hermanos.
Como señala la querella en contra de Bulnes, “los actos delictuales que se imputan tienen como contexto una serie de conflictos entre los hermanos Gómez Pacheco”, agregando que los cuatro “han sido por años copropietarios de una cantidad importante de sociedades con numerosos activos”.
En efecto, en enero de 2018, los hermanos iniciaron un procedimiento arbitral por medio del abogado Jaime Ríos Gómez-Lobos, pero “la parte de JGP dedujo una querella criminal por prevaricación en contra del árbitro”, de la cual se desistió cuando se nominó un nuevo abogado en dicha posición: Herman Chadwick Piñera –hermano del exministro Andrés Chadwick y primo del ex Mandatario Sebastián Piñera–, quien se desempeñó como presidente del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) y que actualmente preside el directorio de Enel en Chile.
Bulnes, a su vez, era el abogado de STMGP, junto a Enrique Urrutia Pérez, mientras que Jonás Gómez era representado por Sebastián Oddó (aunque posteriormente asumió Jorge Bofill).
El 23 de mayo de 2019, se firmó un acuerdo marco entre los dos grupos, pero al año siguiente Jonás Gómez presentó un recurso de queja ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en contra de Herman Chadwick. Según los abogados de Gómez en dicha acción (José Coz Léniz y Álvaro Jofré Serrano), su cliente debía recibir 1/3 de las acciones de las sociedades Carola y Coemin, aseverando que lo único que quedaba sujeto a la decisión de Chadwick era la forma de implementar el traspaso. El 11 de junio de 2020, el árbitro propuso fusionar ambas compañías, ante lo cual JGP no estuvo de acuerdo, acusando varias infracciones de derecho y aseverando que la forma propuesta afectaba sus opciones de representación en el directorio de la compañía.
La respuesta de los abogados de STMGP, es decir, Bulnes y Urrutia, fue dura, al señalar que “tal predicamento no resiste el menor análisis y excede absoluta y flagrantemente el acuerdo marco”, agregando también que “resulta francamente sorprendente que un accionista minoritario pretenda imponer al grupo mayoritario una estructura que estima beneficiosa para sus intereses”. En un fallo de mayo de 2022, el tribunal de alzada desechó el recurso.
Ante ello, los abogados de Jonás Gómez recurrieron de casación ante la Corte Suprema, pero este fue declarado inadmisible en agosto. Tras ello, Coz y Jofré recurrieron de queja en contra de las ministras de segunda instancia (Marisol Rojas, Inelie Durán y María Merino), pero la causa está actualmente archivada, aunque existen varias otras acciones judiciales pendientes entre ambas partes.
Además de Carola y Coemin, las otras sociedades que estaban originalmente en disputa eran las mineras Agustinas, Hornitos, SLM 3 Amantes 7, SLM 3 Amantes 1 y Tierra Amarilla, a las que se sumaban Comercial e Inmobiliaria Nacional, Inmobiliaria Conosur, Inversiones La Portada, Inversiones Vespucci, Inmobiliaria Melimoyu, Alto Melimoyu, Agrícola Agromin, Inmobiliaria Río Claro, Construcciones Mineras, Transportes Saver, Compañía Tierra Amarilla, Administradora Lascaer (que a su vez controla a FIP Llaima) y Agrouva.
Otras dos empresas eran de carácter internacional: Inversiones Tres Puntas (sociedad radicada en España) y La Punta SRL (en Rumania). Solo en inmuebles, tanto en Chile como en Europa, se estima que había más de 500 casas y departamentos, lo que da cuenta del volumen del dinero en juego.
El video de los hechos, entregado por la defensa de Gómez al tribunal:
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