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El Gobierno del Presidente Boric remarcó que el plan nacional de búsqueda, como política de Estado, busca esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura.
El Diario Oficial de la República de Chile publicó el decreto que crea el “Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia”, respecto de las personas víctimas de desaparición forzada ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, designando al Programa de Derechos Humanos como órgano ejecutor y además creando el Comité de Seguimiento y Participación.
“Esta política de Estado busca esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura”, comentó el Gobierno en su cuenta de X.
El Presidente Gabriel Boric firmó el decreto que oficializa el Plan Nacional de Búsqueda para su implementación, junto al ministro Luis Cordero, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas que se conmemora el 30 de agosto.
El Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia fue iniciado durante el primer año de Gobierno del Presidente Boric y cuenta con un importante componente participativo inicial. Para la preparación del plan se llevaron a cabo 67 encuentros en todo el país con la participación de 775 personas, además de 4 mil asistentes a seminarios y reuniones con autoridades.
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El Plan Nacional De Búsqueda Verdad y Justicia se elaboró en base a tres objetivos:
De esta manera, el plan trazará la ruta de la desaparición de las víctimas, colaborará con las investigaciones judiciales y ayudará a configurar la memoria y la garantía de no repetición, sin perjuicio del establecimiento de responsabilidades penales.
Este plan tendrá una gobernanza permanente y un presupuesto asignado, por lo que existirá como un instrumento de política pública que deberá ser implementado, ejecutado y respetado por todo gobierno.
El trabajo de elaboración del plan también contó con el aporte de agrupaciones de familiares de víctimas, sitios de memoria, representantes de la academia, centros de estudios, organizaciones de la sociedad civil y más actores relevantes.
No obstante, se considera que se debe hacer otro esfuerzo para contar con el registro más preciso posible de la cantidad de personas que fueron víctimas directas de la represión.
Diversas investigaciones judiciales, junto al trabajo de distintas instancias como las comisiones generadas por el Estado, han establecido que al menos 3.200 personas fueron asesinadas o hechas desaparecer durante el periodo comprendido entre 1973 y 1990.
Se ha llegado a estimar sin certeza la siguiente cantidad de víctimas:
A la fecha se ha logrado establecer responsabilidades penales respecto de la desaparición forzada de víctimas, condenado a agentes estatales en calidad de autores, cómplices o encubridores, y a civiles en las mismas calidades.
Además, estos procesos han permitido identificar a 307 víctimas de desaparición forzada.
El Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia continuará con las labores de búsqueda, recuperación e identificación de víctimas, y la posible restitución de las personas víctimas de desaparición forzada.
