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Demandas que llegan los $1.600 millones presentaron las empresas de Francisco Moreno Sagredo y su hermano Mauricio –premio al Lavado Verde en 2022– contra cada uno de los diez defensores ambientales que se han opuesto a la explosiva expansión inmobiliaria en el Parque Nacional La Campana.
En el primer informe de seguimiento de la implementación del Acuerdo de Escazú en Chile, la ONG Escazú Ahora reveló que en Chile, desde que se firmó el tratado hace poco más de un año, aún no se ha efectuado un levantamiento diagnóstico de cuántos defensores ambientales en el país se encuentran actualmente bajo amenaza. En dicho informe se denuncia, además, que el llamado “Circuito de Alerta” –cuya puesta en marcha fue anunciada en abril de este año por la Subsecretaría del Medio Ambiente, para brindar protección a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales– no existe. “Ni siquiera el grupo técnico a cargo de su diseño ha definido una hoja de ruta para abordar la creación de una iniciativa de tales características”, señalan.
Mientras el único instrumento sigue inmóvil, los casos en Chile comienzan a multiplicarse y a tomar diversas formas, pasando de la amenaza anónima a la presión judicial, a través de instrumentos jurídicos. El caso más reciente: el que afecta a diez defensores ambientales, la mayoría de ellos de la tercera edad, que han denunciado la explosión inmobiliaria que afecta al Parque Nacional La Campana, declarado Reserva de la Biósfera.
Las denuncias formuladas por estos vecinos de la comuna de Hijuelas contra los propietarios de la Inmobiliaria Oasis de la Campana SpA llevaron a que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) abriera un proceso sancionatorio contra la empresa por eludir la normativa vigente, modificar el proyecto original, permitiendo una explosión inmobiliaria de miles de loteos sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental. Por esta infracción, calificada como gravísima, la compañía se arriesga a una multa que supera los $7.500 millones.
Apenas unas semanas después de que se abriera este proceso, y en medio de una serie de protestas llevadas a cabo en las inmediaciones y de la colocación de carteles en los accesos de la llamada parcelación ecológica Oasis, los hermanos Francisco y Mauricio Moreno Sagredo, propietarios de la empresa cuestionada, interpusieron sendas demandas civiles contra los denunciantes por el daño patrimonial causado en la venta de las parcelas. Las demandas, en su conjunto, suman más de $10.000 millones, una cifra incluso superior a la multa a la que se arriesga la empresa.
Joaquín Salinas, coordinador de Campaña de Defensores de Escazú Ahora, señala que “este es sin duda un acto de amedrentamiento contra dirigentes sociales. Ante este tipo de situaciones es urgente que el Estado tome medidas de protección y prevención. No se puede seguir violentando a las personas defensoras ambientales”.
“Lo que hemos hecho los vecinos demandados es ejercer nuestro legítimo derecho a manifestarnos para advertir el daño socioambiental que se está generando en la zona, ante la creciente proliferación de parcelas sin regulación ambiental. Queremos crear conciencia en nuestra comunidad y contribuir a que quienes quieran comprar parcelas puedan tomar una decisión informada, con antecedentes fundados que hemos recabado a través de Ley de Transparencia o que vemos cotidianamente quienes vivimos en el lugar”, dice Paula Leighton, una de las demandadas.
El proyecto Oasis de La Campana contemplaba originalmente 360 parcelas, sin embargo, en 2021 la inmobiliaria informó que el número total llegará a 2.142 lotes, los que, unidos a la parcelación Barrio Privado Lafquén, sumarán más de 2.500 parcelas junto al Parque Nacional, transformándose en un núcleo urbano fuera de toda regulación.
Luego de conocer los planes de ampliar el proyecto a más de 2 mil parcelas, en abril de 2022, los residentes del proyecto Oasis de La Campana –representados por su Junta de Vecinos– denunciaron a la inmobiliaria del mismo nombre ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Tras una investigación, el pasado 2 de febrero la SMA notificó a Francisco Moreno de la formulación de un cargo gravísimo en contra de su empresa, por “modificar la propuesta original derivando en un proyecto inmobiliario de desarrollo urbano que contempla obras de construcción y que no cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental”.
Dos semanas después de ser notificado, Moreno ingresó en tribunales las millonarias demandas contra los vecinos. Jacqueline Forteza, demandada por ambas inmobiliarias por más de $1.600 millones, señala que “estos montos exorbitantes, responsabilizando a los vecinos por no haber vendido una docena de parcelas, nos parecen un acto desesperado de represalia por parte de Francisco Moreno, tras la denuncia de su infracción ante la SMA”.
“Estos empresarios –agrega– están instrumentalizando el sistema judicial y haciendo demandas como una herramienta de presión en contra de quienes alzan la voz y denuncian afectaciones ambientales, pero con ellas también persiguen silenciar a los demás miembros de las comunidades afectadas”.
Cristián Altamirano, uno de los ocho adultos mayores demandados, afirma que “nuestro objetivo ha sido que las autoridades se pronuncien y de vuelta nos llegan estas demandas que, pese a lo absurdas, igualmente nos generan preocupación. Pero, sobre todo, una gran decepción por tener que lidiar con empresarios que no entienden que se puede trabajar y hacer negocios en armonía con las comunidades y el medioambiente, en vez de amedrentar a los vecinos y vulnerar un ecosistema que los habitantes de este lugar queremos resguardar y proteger”.
En su oportunidad, la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, explicó que la formulación de cargos en contra de la Sociedad Inmobiliaria Oasis de La Campana “tiene como origen denuncias ciudadanas de la Junta de Vecinos del sector”.
La SMA formuló un cargo gravísimo luego de constatar que la empresa modificó dicho proyecto inmobiliario, consistente en partes, obras y acciones de un proyecto listado en el artículo 10 de la Ley N° 19.300 y el artículo 3 del RSEIA, sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), consistente en: partes, obras y acciones de un proyecto inmobiliario de desarrollo urbano que contempla obras de construcción y/o equipamiento; y partes, obras y acciones de un proyecto inmobiliario en el Parque Nacional La Campana.
En este contexto, la configuración de las partes y obras del proyecto serían susceptibles de afectar los objetos de conservación biológicos del Parque Nacional La Campana referidos a palma chilena, bosque y matorral esclerófilo, matorral xerófilo, laderas de exposición sur y carnívoros (hábitat), en términos de generar fragmentación de ecosistemas vegetacionales y paisaje, disminución de individuos de especies de flora silvestre, pérdida de hábitat de especies de fauna silvestre, afectación de especies de flora silvestre clasificadas en categorías de conservación y posibles riesgos por infiltración de aguas servidas hacia la red hidrográfica del parque.
Esta parcelación corresponde a 16 macrolotes provenientes del Fundo Don Bosco, de la antigua Hacienda Las Palmas de Ocoa, subdivididos en 2.121 lotes (una vivienda por cada lote) que se ubican colindantes y sobre el Parque Nacional La Campana por su lado norte. El proyecto considera caminos internos, obras de urbanización (sistema de agua potable particular y electricidad), así como equipamiento consistente en un Club House, dos canchas de tenis, un gimnasio, dos piscinas, caballerizas, corrales y área para motocross. La superficie total del proyecto es de 2.490 hectáreas, de las cuales 1.566 están destinadas a subdivisión para proyecto de desarrollo inmobiliario y 923,4 a reserva ecológica.
Los hermanos Francisco y Mauricio Moreno Sagredo son hijos de Mauricio Moreno Rojas, hermano del exsenador e impulsor de la reforma agraria, Rafael Moreno. Los Moreno Rojas iniciaron el negocio inmobiliario familiar hace casi 40 años, al adquirir unos fundos resultantes de la reforma agraria, dando origen a la parcelación Reserva Ecológica Oasis La Campana. Hoy, la familia Moreno Sagredo tiene parcelaciones entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos.
Paralelamente, en los 90 la familia creó la Fundación para la Recuperación y Fomento de la Palma Chilena, cuyo director es Mauricio Moreno Sagredo.
En el balance 2022 de Fundación Terram se premió a Moreno Sagredo, integrante del Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana para el periodo 2022-2024, en la categoría de “Lavado verde”, como “el principal referente de los empresarios inmobiliarios cuyos proyectos de ‘barrios ecológicos’ fragmentan los ecosistemas bajo un manto publicitario de verde, creando núcleos extraurbanos por fuera de toda planificación territorial”.
Una de las preocupaciones del mundo medioambiental es el greenwashing –o “lavado verde”–, que consiste en que una persona o institución se camufla de sustentabilidad o conservacionismo para lavar la imagen de una actividad que es todo lo contrario. Y cuando este lavado se produce al arbitrio del Estado, el problema se empieza a escapar de las manos.
El camuflaje verde en cuestión sería la “Fundación para la Recuperación y Fomento de la Palma Chilena y Bosque Nativo”, creada por él mismo en 1997. Si bien sus memorias anuales no indican actividades de conservación, también le han servido para entrar en otros consejos de la sociedad civil, como los de Conaf y de los ministerios de Agricultura y del Medio Ambiente.
Un proyecto de ley que busca prevenir y sancionar el “lavado verde” fue ingresado al Congreso en mayo del 2022 y actualmente está en trámite en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Cabe mencionar que la señalada Junta de Vecinos entregó una carta a la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, pidiendo rechazar la continuidad del empresario de loteos rurales Mauricio Moreno Sagredo como integrante del Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana.
En el 2016, una sentencia judicial había avalado la decisión de Conaf Valparaíso de rechazar totalmente el Plan de Manejo presentado por la Inmobiliaria Oasis de La Campana para parcelar nuevos sectores. El argumento fue que se intervenía “el hábitat de un Bosque Nativo de Preservación, del Tipo forestal Palma Chilena”.
Aunque el bosque sigue teniendo la misma categoría, en 2019 Conaf Quillota revirtió la resolución y autorizó intervenirlo. Coincidentemente, Mauricio Moreno y su hermano y socio, Francisco –en representación de las organizaciones ambientales “Fundación Palma Chilena y Bosque Nativo” y “Así Conserva Chile”–, integraban el Consejo de la Sociedad Civil de Conaf 2018-2019.
La directora de la Junta de Vecinos del Oasis de La Campana, Paula Leighton, indica que los vecinos de esta parcelación desde hace meses sufren cortes de agua sin aviso, falta de presión, mala calidad del agua debido a la deficiente mantención de la red de abastecimiento y a la escasez de este recurso en los pozos y el canal desde el cual se abastece a los residentes.
La empresa que surte el recurso es Aguas Oasis S.A., cuyos dueños son los mismos hermanos Moreno Sagredo.
Para dar a conocer esta situación, los vecinos instalaron lienzos, dando cuenta de la escasez de agua, su deficiente calidad y su alto precio.
Las advertencias, dice Leighton, “describen tres hechos totalmente demostrables: en enero la empresa Aguas Oasis, cuyo representante legal es el mismo Francisco Moreno, anunció alzas de entre 150 y 1400% en sus tarifas; la empresa indicó que dada la sequía no puede garantizar el suministro futuro y a enero de este año acumula sumarios sanitarios por deficiencias en la calidad de su agua, entre otros cargos”.
El propio municipio local avaló y se sumó a estas advertencias, poniendo en las vías de acceso a ambas parcelaciones tres carteles que indican: “Zona de escasez hídrica y protección medioambiental. Antes de comprar una propiedad o construir una vivienda infórmese en el Departamento de Obras y la Unidad Medioambiental de la Municipalidad de Hijuelas”.
A través de la agencia de comunicación estratégica y lobby Imaginaccion, controlada por Enrique Correa Ríos, los hermanos Moreno Sagredo justificaron que las demandas –impulsadas por sus empresas– se deben precisamente al daño causado por el levantamiento de tales letreros y por impedir que interesados pudieran comprar parcelas.
“El demandado de estos autos, en forma sistemática y durante varios meses, ha obstaculizado el libre tránsito al proyecto tanto de personas interesadas en la compra de parcelas, como de los empleados y trabajadores del proyecto mismo”, sostienen en un comunicado.
Así, las demandas –agregan– “corresponden a los perjuicios objetivos causados por impedir el paso de clientes interesados en parcelas en ambos proyectos. De manera ilegal, a nuestro juicio, los demandados impedían el paso y desarrollaban acciones que amenazaban y agredían verbalmente a clientes y trabajadores de la empresa”.
Además, en su comunicado las empresas descartan que las acciones estén motivadas por el proceso sancionatorio que inició la SMA, y para el cual ya presentaron un Plan de Cumplimiento, que está siendo estudiado por la autoridad.
“Las demandas no tienen ninguna relación con el proceso de la SMA. Las empresas demandantes sufrieron un daño generado por los demandados y llevaron este tema a tribunales, como se hace en cualquier conflicto entre dos partes”, afirman.
Una demostración concreta –sostienen– “de que no es una acción de represalia o amedrentamiento por las denuncias realizadas por la Junta de Vecinos es que el presidente de esa entidad, Fernando López, no ha sido demandado, pues no estuvo presente en ninguno de los actos descritos”.
