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Crédito: Agencia Uno
La nueva edición reunió investigaciones de una veintena de abogados y académicos, las que fueron presentadas en once capítulos temáticos que abarcan desde la protección de la infancia hasta la transparencia empresarial.
La Universidad Diego Portales publicó la edición 2023 de su Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, en el que evalúa el desempeño del Estado frente a los acuerdos y obligaciones que ha suscrito y respalda en esta materia.
La nueva edición reunió investigaciones de una veintena de abogados y académicos, las que fueron presentadas en once capítulos temáticos que abarcan desde la protección de la infancia hasta la transparencia empresarial.
Además, analiza los avances y obstáculos que enfrenta la justicia transicional frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en Chile. Y evalúa, en ese sentido, los desafíos pendientes tras las violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social de 2019.
En el capítulo introductorio que habla del plebiscito y la propuesta constitucional, los editores del Informe destacan la valoración positiva de la cláusula que incorpora los derechos humanos en el régimen interno, aunque señalan que no resuelve los problemas actuales. En materia de derechos sociales, los autores resaltan la crítica a la propuesta por incumplir requisitos internacionales, como la no discriminación y la falta de regulación del sector privado en la provisión de servicios. Especial atención se da a la educación, donde se aboga por ponderar la libertad de enseñanza con el interés superior del niño y se expresan preocupaciones sobre la objeción de conciencia institucional.
En seguridad, el Informe destaca las deficiencias en el enfoque legislativo, señalando la falta de fortalecimiento en capacidades de investigación y prevención, y el riesgo de agravar la situación de grupos vulnerables. Además, enfatiza los desafíos en la coordinación de la política de migración con las medidas de seguridad en la Macrozona Norte.
En el ámbito institucional y derechos sociales, se resalta la evaluación crítica de dos años del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, evidenciando la falta de instalación de oficinas y las largas listas de espera. También se destaca la relevancia del nombramiento de un nuevo defensor en la Defensoría de la Niñez. En cuanto a derechos sociales, el informe señala condiciones laborales precarias en los ELEAM, problemas en el acceso a la salud y deudas regulatorias con los pueblos originarios.
En el ámbito medioambiental y financiero, se destaca la persistencia de problemas derivados de la falta de definición del concepto de restauración ecológica y las dificultades que enfrenta la Comisión del Mercado Financiero para fiscalizar el cumplimiento de obligaciones en derechos humanos y medio ambiente por parte de las empresas, subrayando la ausencia de una política de fiscalización y el riesgo de white-washing.
En sus conclusiones, el texto señala que “a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, fue posible identificar algunas falencias estructurales que caracterizan la agenda de seguridad”.
“Nos parece que existen diversos vacíos en la agenda de seguridad. Primero, se extraña una revisión de la política de drogas que ofreciera una perspectiva más actualizada, en particular, abordando el tema desde la salud pública. Segundo, si bien se ha avanzado en la coordinación y cooperación institucional, creemos que deben fortalecerse las medidas tendientes a una cooperación internacional más eficaz, especialmente en la detección temprana y persecución del crimen organizado transnacional. Tercero, al no abordar de manera contundente las medidas contra la corrupción de funcionarios policiales, judiciales y de aduanas, se debilita la integridad y credibilidad del sistema de justicia. Por último, debiera avanzarse hacia un enfoque que promueva la participación e involucramiento de la sociedad civil en la agenda de seguridad pública, pues su ausencia limita el fortalecimiento de la confianza en las instituciones”, sostiene el informe.
En el texto se indica que las principales medidas tienen que ver con la tipificación de nuevas figuras delictivas, la ampliación de tipos penales y el aumento de sanciones en caso de homicidio o lesiones respecto de funcionarios policiales y de FF.AA., y en el caso de la usurpación.
Cabe mencionar que todos los capítulos del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile UDP 2023 están disponibles en el sitio web del Centro de Derechos Humanos UDP en formato e-book y PDF, a partir de este 14 de noviembre.
