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En 14 acciones judiciales se exige la devolución de 13 mil 300 millones de pesos a las empresas vinculadas a los Sauer. Solo una de ellas debe más de 60 mil millones de pesos y se estima que los montos involucrados pueden llegar a los 50 millones de dólares.
El audio dado a conocer con la conversación entre el abogado Luis Hermosilla, su colega María Leonarda Villalobos y el ingeniero comercial Daniel Sauer, no solo impresionó por la desfachatez de los diálogos, las alusiones de carácter sexual o la liviandad con que se habla de la comisión de delitos, de coimas y de otras personas, sino también por las cifras que aparecen a cada rato: que 10 o 15 millones de pesos para pagar una coima, que 100 millones para lo mismo, que 3 mil 500 millones, que 5 mil millones, etc.
Las cifras mencionadas en el audio revelado por Ciper Chile están muy alejadas de la realidad de la mayoría de las personas, pero la magnitud de ellas, cuando se revisa y compara con la información oficial, incluso se queda corta, y ello permite entender de cierta forma que este caso, que tanto impacto ha causado, tiene de trasfondo una serie de acciones judiciales por miles de millones de pesos.
De hecho, solo en una causa que se inició el 10 de noviembre pasado ante el Séptimo Juzgado Civil de Santiago, que busca la reorganización del factoring Factop, se cifra casi en 60 mil millones de pesos la deuda que dicha empresa mantiene con distintos acreedores, incluyendo una deuda de 200 millones de pesos en honorarios con el abogado Luis Hermosilla.
Cabe recordar que los hermanos Daniel y Ariel Sauer son los controladores de la corredora de bolsa STF (suspendida) y de Factop. Uno de sus socios es Rodrigo Topelberg, quien aparece en la web de esta compañía como “Director comercial y management”.
Como informó El Mostrador, en agosto pasado la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunció la cancelación en los registros de la corredora y la multó en UF 13 mil 500 ($486 millones de pesos). A los hermanos Sauer se les multó con UF 18 mil y la inhabilidad temporal por cinco años para el ejercicio del cargo de director o ejecutivo principal de cualquier empresa que fiscalice la CMF.
Ambos fueron acusados de proporcionar información falsa al mercado, al público y al regulador (la CMF). También fue sancionado Luis Flores, el exgerente general de STF, con una multa de UF 10 mil 800 ($389.128.644).
Factop, en tanto, enfrenta 12 querellas presentadas ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, las que son investigadas por el fiscal Felipe Bustamante, a las que se agregan al menos dos demandas, ante el 15° Juzgado Civil de la capital.
Si se suman los montos que los querellantes y demandantes reclaman a los Sauer, la suma es cercana a los 13 mil 300 millones de pesos, dinero que “bien vale un audio filtrado”, comenta con ironía una fuente que conoce el caso de cerca.
Otras fuentes indican que las personas afectadas, buena parte de ellas vinculadas a la comunidad judía de Santiago, podrían ser cerca de mil –algo que Sauer y Hermosilla mencionan en el audio– y que el monto defraudado podría llegar a los 50 millones de dólares.
Entre los afectados por las maniobras se encuentra Ricardo Berdicheski, quien presentó una querella en la cual acusa a los hermanos Daniel y Ariel Sauer, así como al exsocio de estos, Rodrigo Topelberg, de estafa y falsificación de instrumento privado mercantil.
Señala que “fui compañero de generación en el colegio Instituto Hebreo, del querellado Ariel Sauer Adlerstein, con quien compartimos un grupo de amigos cercanos desde esa época hasta el día de hoy”. Según explica, luego de que este se titulara como ingeniero comercial en la Universidad Católica, comenzó a trabajar en la fábrica de ropa de su padre, ubicada en calle San Pablo, hasta que “vio una oportunidad de negocios, relativos al factoring, empezando a operar con clientes asociados al rubro de las confecciones, tiendas, etc., donde ellos eran proveedores de ropa, siempre al alero del prestigio de su padre”.
Debido a ello, Sauer creó la empresa de Factoring Factop S.A. En un modo muy semejante a como lo hacían Alberto Chang o Rafael Garay, los Sauer se jactaban de su éxito, aseverando que tenían tanto capital que perfectamente podrían fundar un banco, pero no lo hacían porque era mucho trámite. Del mismo modo, tentaban a sus posibles inversionistas aseverando que en realidad era un negocio cerrado, que generaba un 1% de interés mensual, al que solo muy pocas personas podían acceder.
Uno de esos elegidos –o al menos así lo debe haber sentido– fue Berdicheski, a quien Sauer le propuso invertir, “dada la amistad y confianza que existía entre nosotros”.
Como eran amigos, se veían en forma frecuente. Cuando Berdicheski preguntaba cómo iba todo, “me indicaban que les estaba yendo muy bien, siempre crecían y que las utilidades mensuales y anuales eran increíbles”.
En junio, preocupado por la sanción de la CMF, decidió pedir su dinero de regreso. En un correo, Topelberg “me señala que no me preocupe, que son gente seria y que se tienen que ordenar, pero (que) a mediados de julio se me devolverían mis dineros”. De hecho –algo que otros acreedores escucharon también–, se le dijo que estaban esperando una inyección de fondos del extranjero, la que nunca llegó. Ante ello, señala que ahora sabe que hay “múltiples víctimas y por montos que ascienden a varios miles de millones de pesos”, por lo cual afirma que “se trata de un fraude piramidal a gran escala, como otros que se han visto en el país”.
Además, Berdicheski explica (como queda de manifiesto en el audio también) que “es posible encontrar una gran cantidad de empresas relacionadas entre sí, que se emitieron recíprocamente facturas que luego fueron adelantadas por Factop y que no fueron pagadas por los deudores, que eran también empresas relacionadas”.
Isaac Wurman y su esposa, Jacqueline Leyton, también se querellaron. El primero asevera que conoce al padre de los Sauer (Alberto) y que decidió entrar como inversionista de Factop cuando este le contó que él se había incorporado como tal, “por los buenos vientos y retornos que estaba teniendo”. Por cierto, precisa que todos los implicados “siempre dieron muestras de que todo era muy sólido”, mencionando no solo la idea de abrir un banco, sino que estaban pensando también en ampliarse internacionalmente.
El matrimonio no dudó mucho y decidió invertir los ahorros de toda su vida, “porque siempre creímos en la señal de confianza que nos daban y que no tendríamos problema con nuestro dinero, de solicitar rescate de este”. Fue así como entregaron 1.612 millones de pesos a los Sauer, que hasta la fecha no han podido recuperar.
Alejandro Meyer, en tanto, relata en su querella que sus vínculos con los Sauer se remontan a la época escolar y “por pertenecer a la comunidad a la que pertenecemos”.
Ante ello, decidió invertir y la historia se repitió: cada vez que se encontraba con los Sauer, estos le decían que el negocio iba viento en popa, que todo estaba bien y que el dinero crecía. No obstante, luego de la actuación de la CMF, nunca le devolvieron los 130 millones de pesos que había invertido.
Algo semejante le sucedió a Sebastián Vargas, a quien adeudan 128 millones de pesos. A este le dijeron que no se preocupara, pues venderían su participación en el Grupo Patio. A Sofía Chomali, en tanto, quien en marzo pidió la devolución de 350 millones de pesos, al mes siguiente dejaron de contestarle el WhatsApp y el teléfono, aunque luego de unos días le indicaron que le pagarían en mayo, lo que tampoco sucedió. Por cierto, hay varios ejemplos más, del mismo estilo: personas que invirtieron sus ahorros y nunca más volvieron a verlos.
Entre las varias querellas y demandas hay algunas de distintas empresas, así como dos presentadas por un padre y un hijo: Enrique y Rodrigo Topelberg. El primero, de 84 años en la actualidad, señala que luego de vender el negocio de compraventa de autos que poseía, decidió invertir en Factop, tras lo cual “hizo hincapié a Daniel (Sauer) que él vivía de lo que rentaba su capital y que el pago de los intereses era su fuente de ingresos para vivir”.
Tal como a todos, Sauer le señaló que podía retirar su capital cuando quisiera, aunque tomaría algunos días, “porque el dinero era invertido por el factoring en sus operaciones”.
El negocio anduvo sobre ruedas un buen tiempo. Topelberg invirtió 500 millones de pesos, por lo cual, a un interés mensual de 1%, recibía un sueldo de cinco millones, hasta que dejaron de pagarle. Debido a lo anterior, decidió cobrar los tres cheques que le habían dejado en garantía, pero fueron protestados por “firma disconforme”. Otras personas que intentaron lo mismo obtuvieron idénticos resultados, aunque la razón del protesto fue distinta: falta de fondos.
También se querelló su hijo Rodrigo Topelberg, quien acusa delitos como administración desleal, entrega de información falsa y manipulación bursátil. De hecho, en el audio se evidencia que justamente temían que eso ocurriera.
De acuerdo con Topelberg hijo, lo que sucedió es que, en el caso de STF, del cual es uno de los dueños, se efectuó “una serie de movimientos y manipulaciones contables para efectos del cálculo de los índices a reportar a la Comisión (la CMF)”, incluyendo abonos desde Factop y otras empresas, pero no es lo único.
Según indica, entre diciembre de 2021 y mayo de 2022, STF registró “más de 170 transferencias bancarias” por compras de moneda extranjera que realizó uno de sus clientes, pero se registraron “como si estos pagos los hubiere efectuado Factop”. En otras palabras, ingresaron como pagos dicho monto (que no es menor: 29 mil millones de pesos) para el factoring, exhibiendo de ese modo un gran flujo de caja, en circunstancias que dichas platas “fueron reversadas contablemente al día hábil siguiente”.
Lo mismo, denuncia, hicieron con otra cliente de la empresa, que efectuó 12 compras de moneda extranjera por 2 mil 263 millones de pesos. Esas y otras maniobras, asevera, “constituirían una práctica engañosa destinada a transmitir al mercado y a los clientes de STF Capital la percepción de que dicho valor se transaba diariamente en bolsa, aparentando una falsa liquidez”.
Topelberg es patrocinado por los abogados Ignacio Pavón, Antonia Martínez y Miguel Schürmann. Este último es el abogado de Irací Hassler (PC) en el caso Sierra Bella y también cumple esa función en el caso del exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson. De hecho, se lo sindica como alguien muy cercano al Frente Amplio y ello ha llevado a que en el mundo político se comente que, detrás del caso, hay un evidente trasfondo político, una disputa entre personas cercanas a la derecha, como sería el caso de Daniel Sauer y su abogado (Luis Hermosilla), versus un socio disconforme, que prefirió ser defendido por alguien cercano a la actual administración gubernamental.
