Pablo Zeballos, experto en crimen organizado: “Chile avanza hacia un fenómeno de cartelización”

Durante 20 años Pablo Zeballos fue oficial de Carabineros, institución en la cual desarrolló la mayor parte de su carrera en el área de inteligencia, especialmente en materias como terrorismo internacional y crimen organizado. Hoy se desempeña como consultor en materias de gestión de crisis en distintos países de América Latina, y adicionalmente fue consultor de la Oficina del Inspector General de la Organización de Naciones Unidas. Ha pasado los últimos años en el terreno, efectuando investigaciones sobre los fenómenos criminales en diversos países, entrevistando a personas que viven en lugares azotados por el crimen organizado y efectuando informes para organizaciones internacionales. En dicho contexto, fue una de las primeras personas que (en 2018) alertó sobre la posibilidad de la expansión del Tren de Aragua hacia Chile. 

Hace algunos meses, en un círculo privado, advirtió que un hito en la expansión de la violencia en Chile sería el momento en que algún criminal atacara con una granada de mano a un funcionario de Carabineros o la PDI, como ya sucedió esta semana. 

En dicho sentido, indica que la crisis delincuencial que afecta a Chile y que ha generado también una crisis política en el gobierno, “se acopla a una crisis social que tampoco está finalizada”, en la cual -asevera- están en entredicho la credibilidad, confianza y legitimidad de las instituciones del Estado. 

“En esta tormenta perfecta de eventos, la criminalidad ha ingresado al país con una mayor violencia y con métodos criminales no vistos anteriormente”, puntualiza, pues explica que  “además de la evolución criminal local es innegable la presencia de organizaciones criminales extranjeras sondeando, ganando terreno, luchando por territorio, buscando o imponiendo alianzas, generando nuevas rutas, buscando nuevos mercados criminales, todo ello favorecido por una confusión ideológica respecto del control de nuestro particular fenómeno migratorio”.

—¿Hay luz al final del túnel en el que parece estar entrando el país?

—Me gustaría poder tener una respuesta, pero para ella necesitamos un diagnóstico compartido, imparcial en términos políticos, basado en el rigor académico y realizado por expertos genuinos, no por aquellos que ofrecen soluciones simplistas con un enfoque puramente electoral. Es evidente que se están utilizando, incluso tergiversando, conceptos como “crimen organizado” y “inteligencia” sin comprender realmente qué significan. Por ejemplo, se utiliza el término “crimen organizado” para describir a grupos que se dedican a la reventa de productos de origen incierto en el barrio Meiggs, y las autoridades proclaman haber “derrotado al crimen organizado de Meiggs”, otorgándole una importancia exagerada a esta actividad. 

—¿Qué falta para hacer ese diagnóstico?

—Implica comprender, sin sesgos políticos, cómo ha evolucionado la criminalidad en Chile en los últimos años, identificando cambios paradigmáticos, entre otros aspectos. A partir de esta pregunta inicial podemos construir una árbol de interrogantes que nos ayuden a comprender qué está ocurriendo, dónde está ocurriendo y, sobre esa base, trabajar en conjunto con las autoridades para diseñar planes, programas, estrategias y tácticas específicas. Pese a ello, hay signos evidentes de ciertos fenómenos muy preocupantes, desde mi perspectiva, como el que Chile avanza hacia un fenómeno de cartelización.

—¿Qué significa eso? ¿Qué habrá un par de grandes carteles dominando el crimen organizado, como sucedió en Colombia en los años ’90?

—Creo que existen indicios que me permiten inferir que la cartelización es un proceso en evolución en Chile, y aunque no necesariamente se desarrollará de la misma manera que en Colombia en los años ’90, es una hipótesis que merece al menos ser discutida. Lo que está sucediendo es que, en lugar de seguir operando de manera tradicional, como clanes familiares o grupos de afinidad barrial, las organizaciones criminales están adoptando un enfoque en red, buscando crear estructuras más poderosas y resilientes. Esto les permite sobrevivir a las luchas internas dentro del mundo criminal, como también resistir la persecución del Estado. Chile tiene condiciones geográficas particulares y una idiosincrasia en constante cambio que pueden influir en cómo se desarrolla la cartelización aquí, pues hay que entender que la delincuencia no es simplemente un conjunto de actividades ilícitas con el fin de obtener ganancias económicas; es una cultura con sus propios códigos, con sistemas de entrada y con jerarquización de conductas. La delincuencia chilena está evolucionando rápidamente, pasando de ser fragmentada, a formar estructuras criminales en red y buscar el control de territorios. Este cambio en las organizaciones criminales locales y extranjeras que operan en Chile está relacionado con su comprensión de las debilidades del sistema y su capacidad para adaptarse a diferentes escenarios. Estas organizaciones buscan diversificar sus actividades delictivas, incluyendo extorsión, sobornos, secuestros y sicariato, a medida que consolidan su presencia en un territorio. 

—¿Estamos en una fase inicial de aquello o ya está muy avanzada?

—Podemos entender eso explicando en forma muy simple cuáles son las tres etapas del asentamiento del crimen organizado. La inicial es la de intimidación: es la más visual, en la cual las organizaciones criminales intentan imponerse sobre otras y dominar territorios y mercados criminales: droga, armas, extorsión, tráfico de personas, etc. Esta etapa es dramática, es sangrienta y normalmente los gobiernos que enfrentan una criminalidad nueva reaccionan con medidas muy específicas a veces extremas respecto a la libertades individuales.

—¿Chile estaría en esa etapa, entonces?

—Yo creo que existen demasiados indicios de que estamos en ello. El ataque con granada que sufrió una carabinera, además de la gravedad intrínseca del hecho, debiera llevar a las autoridades a estudiar el hecho desde la perspectiva simbólica, pues lo ocurrido no es solamente un mensaje hacia la fuerza públicas, sino que es un mensaje hacia otras estructuraes criminales, dado que en el mundo del hampa el asesinar policías, usar armamento pesado, explosivos, etc., otorga a quien lo hace un prestigio, una fama, un “cartel”, como lo llaman, que es muy necesario en este periodo de intimidación criminal. El problema es que es solo una etapa. 

—¿Cuál es la etapa siguiente?

—Los criminales saben que su negocio no es la muerte, no es solamente asesinarse entre ellos o matar a policías, sino llegar a acuerdos criminales para dedicarse a sus actividades ilícitas y su economía derivada. Los italianos llaman Pax Criminal al estado de tranquilidad relativa que se establece entre las organizaciones criminales después de un período de violencia y conflicto, que permite a las organizaciones criminales consolidar su poder y control sobre el territorio y los mercados ilícitos. Este momento puede hacer creer a las autoridades que sus medidas reactivas han sido exitosas, pero lo que ha sucedido es que se ha asentado un estadio superior: el control del territorio, el control de mercados, donde pese a ello el Estado aún puede intentar contrarrestar la amenaza criminal. 

—¿Y la etapa final?

—La etapa final es la penetración del tejido social, en el que todos los componentes sociales están permeados, corrompidos, son parte de la estructura o son la estructura misma y se avanza hacia estados criminalizados. Es cuando el Estado entiende que el único socio leal que puede tener para ganar elecciones, mantenerse en el poder, perpetuarse, convertirse en un autoritarismo total, es el crimen, que se convierte en el elemento que controla el Estado en forma paralela, la policía  y los jueces paralelos de los barrios. 

—En los últimos meses ha habido varios casos de policías detenidos por vinculaciones con organizaciones criminales. ¿Es eso un signo de la cartelización que menciona?

—Sin lugar a dudas, la corrupción juega un papel crucial en la facilitación de la entrada y expansión del crimen organizado en un país. Los recientes escándalos de corrupción en las instituciones estatales, entre ellos las que menciona, así como el caso de las fundaciones y los audios filtrados, deben ser vistos desde una perspectiva diferente. En algún lugar del mundo, donde operan organizaciones criminales altamente sofisticadas que han comprendido que la violencia no es la forma más eficaz de obtener ganancias, algún líder mafioso está leyendo las noticias sobre Chile y considerando los escándalos de corrupción como una oportunidad de negocios en un país que les resulta interesante.

—¿A qué podría obedecer ese interés en un país tan pequeño y alejado?

—A que Chile es un lugar atractivo para ser utilizado como plataforma criminal. Es un país OCDE con un sistema bancario sólido, pero permeable, con rutas viales de primer nivel y un escaso control, además de tener fronteras porosas. En Chile es posible establecer una empresa en un día a través de internet y, paradójicamente, la burocracia institucional y las leyes pueden favorecer las actividades ilícitas. Sin embargo, lo que hace que Chile sea aún más atractivo desde la perspectiva del crimen organizado es su condición portuaria, con puertos altamente eficientes y de cargas continuas. Desde estos puertos, es posible enviar cargamentos ilegales a todo el mundo utilizando la ruta Asia/Pacífico. Esta ruta es uno de los mercados legales más activos. A pesar de no ser productor de cocaína, Chile se ha convertido en uno de los países que realiza envíos significativos a Europa, lo que indica una preocupante capacidad de acopio y posiblemente de procesamiento de drogas.

—Y también hoy es un país con un alto índice de consumo interno de drogas.

—A ese respecto, es necesario observar con mucha atención el fenómeno del fentanilo. Hoy, la sobreabundancia de oferta de cocaína y pasta base, en la región, no han permitido el ingreso invasivo y masivo de esa droga, cuyo valor en el mercado narco es sustancialmente menor que la cocaína y cuyos efectos sobre los adictos es de mayor duración, pero es cosa de tiempo y ya hemos visto algunos hallazgos de este opiacio sintético en el sur. El fentanilo está desplazando a la cocaína en mercados de EEUU e incluso Colombia. Es, además la droga de la cesantía, ya que su consumo se ha incrementado en aquellas ciudades golpeadas por crisis económicas prolongadas. En caso de ingresar en forma masiva a Chile, podría generar otro elemento en esta crisis de inseguridad y reestructuración criminal.

—El tema de la seguridad siempre se politiza y eso es muy visible hoy. ¿Es posible despolitizarlo y convertirlo en políticas de Estado, más que de gobiernos?

—Absolutamente, solo se requiere voluntad y la convicción de que enfrentamos una amenaza transversal a los intereses político-partidistas y que nadie debería arrogarse ser el mandatario o dueño de la solución única. En países tan golpeados por la criminalidad, como México, he observado como han sido extremadamente efectivas iniciativas de Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED), que son básicamente soluciones urbanísticas destinadas a quitar espacios al control narco, que en su mayoría han surgido desde la sociedad civil. Sin embargo, lo que observo en Chile me preocupa, pues en lugar de buscar soluciones efectivas, parece que existe un mayor interés en sacar provecho electoral de la crisis actual, ofreciendo promesas vacías y discursos populistas que se apoyan en opiniones superficiales y soluciones mágicas.

—¿Lo dice pensando en algún político o bloque político en específico?

—Más que en personas o grupo, lo señalo pensando en que la instrumentalización de la inseguridad ciudadana y la amenaza del crimen nos están llevando hacia una realidad más complicada: al surgimiento de líderes populistas que logren seducir a una población atemorizada, ofreciendo soluciones draconianas a cambio de sacrificar libertades esenciales. Esta transacción puede resultar peligrosamente atractiva, pero en realidad es engañosa y simplista. Este fenómeno no es exclusivo de Chile. Como lo ha señalado el reconocido experto estadounidense Douglas Farah, en toda la región se ha observado cómo un modelo de poder autoritario puede aliarse con organizaciones criminales para consolidar su estatus, presentándose tanto interna como externamente como si fuera implacable ante la criminalidad. Esto está socavando las bases de la gobernanza democrática y creando un terreno fértil para un populismo autoritario que amenaza con reconfigurar el equilibrio entre seguridad y libertad.

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