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Según los datos entregados por los firmantes, en la región Metropolitana se contabilizan alrededor de 107 vertederos ilegales, donde 55 están activos. Mientras que a nivel nacional se registran más de 3700 lugares que son utilizados para el desecho de basura de forma clandestina.
Alcaldes y parlamentarios firmarán este martes 21 de noviembre el acuerdo #DesafíoChileLimpio, una norma legislativa que será ingresada al Congreso y que tiene por objetivo fiscalizar y sancionar los vertederos ilegales con penas de cárcel, además, les entrega mayores atribuciones a los municipios para fiscalizar y exige a las constructoras una serie de trámites y requisitos para obtener los permisos de edificación, resguardando que los escombros lleguen efectivamente a un destino apropiado.
Según los datos entregados por los firmantes, en la región Metropolitana se contabilizan alrededor de 107 vertederos ilegales, donde 55 están activos. Mientras que a nivel nacional se registran más de 3700 lugares que son utilizados para el desecho de basura de forma clandestina. Las regiones más afectadas son RM, Valparaíso, Coquimbo, La Araucanía y Biobío.
El alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo (Partido Igualdad) -uno de los impulsores del proyecto de ley- sostuvo: “Hoy estamos enfrentando, por primera vez en la historia y manera definitiva, a las mafias de los vertederos ilegales. Con este proyecto quienes sean parte de estas actividades que dañan los territorios de nuestras vecinas y vecinos pagarán con cárcel sus acciones y las constructoras deberán demostrar que sus desechos no irán a caer a nuestros ríos. Esperamos que el Congreso y el gobierno se unan a esta iniciativa y demos un paso decidido a terminar con el daño a nuestro medioambiente”.
Los vertederos ilegales se han transformado en un foco de insalubridad, siendo la basura proveniente de las empresas constructoras el principal origen de estos, ya que los municipios no cuentan con un entramado institucional ni una normativa que les permita fiscalizar y sancionar adecuadamente. De esta manera, los residuos provenientes de estas empresas alcanzan los 2.753.527 metros cúbicos, solo respecto a viviendas nuevas; casi la mitad se genera en la Región Metropolitana.
Mediante la modificación de diversos cuerpos legales del Código Penal, el proyecto de ley establece penas de presidio, favorece la persecución criminal y faculta a los municipios a desplegar acciones para fiscalizar, sancionar y prevenir la formación de vertederos y rellenos sanitarios ilegales.
De esta manera, por ejemplo, el que mantuviere, adminístrate operare o explotare vertederos, depósitos de basura o rellenos sanitarios ilegales, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo.
Se aplicará la misma pena a quienes transporten, conduzca, traslade o deposite desechos orgánicos o inorgánicos, basura, residuos o escombros, en calles, plazas, sitios eriazos o espacios públicos.
El propietario de un inmueble utilizado como vertedero ilegal será sancionado, además, con una multa a beneficio municipal de 3 a 10.000 UTM.
Se considerarán como agravantes, las acciones u omisiones orientadas a obstruir o entorpecer la fiscalización o investigación de autoridades competentes.
Será agravante también, que los vertederos ilegales se emplacen en áreas cercanas a infraestructura portuaria o aeroportuaria. Así mismo, si se tratara de playas, lagos, lagunas, ríos, esteros o parques nacionales, reservas naturales, monumentos naturales o áreas de conservación de la biodiversidad; la pena se elevará en uno o dos grados.
Si los residuos fueran tóxicos, infecciosos, corrosivos, combustibles, inflamables o pusieran en riesgo la salud de las personas; la pena se elevará en uno o dos grados.
La norma también modificará el Código Sanitario, facultando no solo al Servicio Nacional de Salud para pronunciarse respecto a la aprobación de un vertedero, sino también a los alcaldes, con acuerdo de los consejos municipales.
Finalmente, la norma propuesta también modificará la Ley General de Urbanismo y Construcciones ya que establece como requisito para obtener permisos de edificación, que las empresas constructoras acompañen un certificado de recepción de una entidad autorizada para el depósito de escombros o desecho, indicando su composición, cantidad y fecha de recepción.
El proyecto de ley nace mediante el trabajo en conjunto de la Municipalidad de Pudahuel, con la diputada Claudia Mix (Comunes). Además, se suscribieron los parlamentarios: Gonzalo Winter (CS), Maite Orsini (RD), Erika Olivera (Demócratas), Félix Bugueño (IND), Boris Barrera (PC), Patricio Rosas (IND), Francisco Pulgar (IND), Camila Rojas (Comunes) y Clara Sagardía (IND); sumado a un número importantes de alcaldías.
