El titular de Justicia calificó los hechos como “extremadamente graves” y enfatizó la necesidad de investigar, señalando que los nuevos detalles podrían indicar una red de corrupción. Según Luis Cordero, el objetivo es “evitar una especulación que afecte a funcionarios que no están comprometidos”.
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, se pronunció sobre los últimos acontecimientos relacionados con el denominado “Caso Hermosilla” o “Caso Coimas”. La trama implica una investigación en curso sobre pagos irregulares a funcionarios tanto del Servicio de Impuestos Internos (SII) como de la Comisión del Mercado Financiero (CMF).
Los detalles recopilados por Ciper han confirmado la veracidad de la información reservada presentada por los abogados Leonarda Villalobos y Luis Hermosilla al empresario Daniel Sauer en un audio. En este material se hacía mención a una pesquisa del SII respecto a 44 RUT vinculados a las operaciones de Sauer, emanada del propio servicio. Además, se reveló que la Fiscalía cuenta con un listado que señala a varios funcionarios del SII como sospechosos de participar en una acción que evitó un significativo pago por parte de Sauer. Entre estos individuos, figura un alto directivo del Servicio.
El ministro Cordero dijo que el Ejecutivo ha considerado desde el principio que los hechos denunciados a propósito de la filtración del audio de la reunión entre Hermosilla, Sauer y Villalobos, son “extremadamente graves“.
En segundo lugar, “que si compromete a las instituciones se requieren investigaciones ágiles y expeditas, entre otras razones porque las instituciones comprometidas son esenciales para el funcionamiento del sistema financiero y del sistema económico”, añadió el secretario de Estado.
En este sentido el titular de la cartera de Justicia y DDHH recalcó que “los antecedentes que se han revelado el día de hoy, daría cuenta de un mecanismo de financiamiento, una red de corrupción que resulta inaceptable en servicios esenciales como estos“.
A juicio del ministro Cordero, es relevante que estas indagatorias se realicen “lo más rápido posible” para “evitar una especulación que afecte a funcionarios que no están comprometidos en estos ilícitos graves” y porque “no hay forma más eficaz de combatir incluso instituciones como el crimen organizado que ser muy severos con los actos de corrupción tan pronto estos se detectan”.
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