PAÍS
Pablo Ovalle Isasmendi/AgenciaUno
El abogado enfrenta una investigación interna y el Ministerio Público también indaga su actuar. Su jefa, Solange Berstein, salió a apoyarlo el lunes, cuando dijo en el Senado que no existían comunicaciones entre su institución y el SII y que confiaba en todos los funcionarios de la CMF.
Durante muchos años fue el niño estrella del derecho chileno. Siempre fue el mejor del curso, el más aplicado y el de mejores modales y, por eso, no era raro que Andrés Montes brillara con luz propia. Cuando fue designado Fiscal Regional de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, hubo no pocas acusaciones de conflicto de intereses, dado que es hijo del actual ministro de Vivienda Carlos Montes (PS), que era senador por aquel entonces, pero quienes lo conocen lo defendieron a rajatabla, asegurando que tenía méritos de sobra. Antes de llegar a estar a cargo de la Fiscalía que tiene bajo su jurisdicción a La Moneda, a los ministerios y a prácticamente todos los servicios públicos, había sido ya fiscal jefe de la Fiscalía Territorial A (que abarca la comuna de Santiago) y, antes, había trabajado en el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y en la Academia Judicial. Una carrera impecable.
Como Fiscal Regional le correspondió asumir el caso Cascadas, tras ser designado para ello por el Fiscal Nacional de aquel entonces, Sabas Chahuán, reemplazando al persecutor José Morales. Justamente se encontraba trabajando a la cabeza de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte cuando –poco antes de que se cumpliera su periodo de ocho años en el Ministerio Público– decidió postular al cargo de fiscal de la Unidad de Investigación de la recién creada Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que nació en 2017, en virtud de la Ley 21.000.
Fue en medio de ese periodo de transición cuando tomó una de sus decisiones más polémicas, pues separó la indagación del caso Cascadas en dos aristas, en unas de las cuales –que afectaba a dos altos ejecutivos de la corredora de bolsa LarrainVial (la más grande de Chile), Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz– solicitó no perseverar el 5 de enero de 2018, cuando ya había presentado su renuncia al Ministerio Público para irse a trabajar a la CMF.
Su nuevo cargo lo asumió pocos días después. Dura seis años en el mismo, puede ser reelecto y está incluso mejor remunerado que su anterior trabajo como Fiscal Regional, pues el sueldo bruto actual de un funcionario grado 3 en el Ministerio Público (que es el grado de todos los Fiscales Regionales, como Xavier Armendáriz, quien lo sucedió en la Centro Norte) es de $8.000.039
En la CMF, sin embargo, Montes está en el grado 2 de la escala de sueldos y su salario de septiembre fue de $11.000.498, debido a la suma de su remuneración bruta, $10.000.682, más una bonificación de $815.000. De hecho, gana mucho más que el Presidente de la República, cuya remuneración mensual es del orden de los $7.000.006 brutos.
Pese a ello, no es el sueldo más alto de su institución. La presidenta de la CMF, por ejemplo, Solange Berstein, tuvo ingresos (el mismo mes) por $14.2 millones brutos, pero los altos sueldos tienen una justificación: evitar que quienes supervigilan a los millonarios de este país puedan ser objeto de cohecho.
El fiscal de la Unidad de Investigación de la CMF está obligado a guardar secreto sobre muchos asuntos. El mismo Montes así lo puntualizó en 2018, cuando dijo que la ley que creó la entidad “estableció una nueva obligación muy clara para quienes tengan acceso a información de un procedimiento sancionatorio en curso, en orden a guardar reserva y no divulgar esa información. El objetivo de esa obligación es evitar la especulación o utilización de información provisional y no definitiva, para fines ajenos al procedimiento. La infracción a esa obligación de reserva y no divulgación de información está sancionada como delito“.
En efecto, el artículo 28 de dicho cuerpo legal establece que todos los funcionaros de la CMF están obligados “a guardar reserva de los documentos y antecedentes de los que tomen conocimiento con ocasión del ejercicio de sus funciones, así como documentos, informes y antecedentes que elaboren, preparen o mantengan en su poder o de los que hayan tomado conocimiento en el ejercicio de dichas funciones, siempre que estos no tengan el carácter de públicos”.
La infracción a ello –agrega el mismo artículo– es reclusión menor en cualquiera de sus grados (es decir, desde 61 días a 5 años), una pena pecuniaria y la destitución inmediata del cargo.
Eso es justamente lo que dos entidades investigan respecto de Montes: si es efectivo lo que se dice en poco más de 150 segundos de la grabación filtrada la semana pasada, en la cual el abogado Luis Hermosilla lo menciona por su apellido y señala que estuvieron reunidos con él, acordando que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) no presentaría pruebas en la parte probatoria del proceso contra la corredora de bolsa STF y que, además, el fiscal de la CMF les habría filtrado información sobre nuevas indagatorias.
Actualmente, la Comisión para el Mercado Financiero instruye una investigación administrativa a cargo del comisionado y exgerente general del Banco Central, Beltrán de Ramón (quien asumió dicho cargo hace solo 23 días). El sumario está centrado exclusivamente en las menciones a Montes y busca dilucidar si algo de lo que se señala en el audio es cierto.
Personas allegadas a Andrés Montes alegan que la mejor demostración de que ello no es efectivo es que fue él quien propuso las sanciones contra Sauer. Sin embargo, causa suspicacias el que tanto Hermosilla como Villalobos se hubieran reunido el 31 de mayo con Montes (como figura en la plataforma de Infolobby), que el 02 de junio los dos abogados se allanaran por completo a la acusación de este en contra de la corredora y a que –como consta en la resolución exenta 5.638– las defensas de los hermanos Sauer renunciaran al plazo probatorio sin ofrecer pruebas (como se desliza en el audio que lo haría la CMF), sobre lo cual Hermosilla señala:
–En relación a los cargos formulados, tenemos la estrategia, estamos presentando los escritos, hoy día debería quedar presentado todo. Ese es el cumplimiento de los acuerdos, ¿ok? A partir de eso, la CMF va a mirar esta huevada, va a pedir, va a abrir el probatorio.
–El probatorio, son 10 días –indica María Leonarda Villalobos.
–Ese probatorio, que son 10 días, lo va a abrir, pero no va a rendir prueba. Esa es la conversación con nosotros –asevera Hermosilla, y Villalobos dice entremedio “el compromiso”. Tras ello, continúa el primero:
–Y no pueden no abrirlo, habrían querido no hacerlo, pero hay un mandato explícito de la ley. Y nosotros tampoco queremos que nada se salte, porque, si no, las huevás son nulas, se generan nulidades. Entonces, eso está andando. Está en su carril, está andando perfecto.
Un abogado, que pidió reserva de su identidad, relativizó la situación, señalando que “Montes fue fiscal muchos años y, si es verdad lo que dicen, lo que hizo no es extraño, pues es frecuente que se acuerden muchas cosas con las defensas”.
Lo más complejo para Montes es la segunda parte del audio en que se habla de él, la que apunta a la filtración de información reservada que, según el mismo Hermosilla, se produjo en esa reunión, cuando este asevera que “Montes nos dice cabros: ojo, no debería decírselo, pero se los digo, estamos pidiendo información sobre esta otra huevá”, en referencia a la empresa “Corredora de bolsa de productos”.
A ese respecto, Hermosilla asegura en la grabación que Montes les señaló que “estamos haciendo algunas diligencias sin abrir todavía un proceso investigativo“. Ante ello, agrega que eso “cuadra (con) que despacharon un oficio al servicio. En el servicio le habrían preguntado, según entendíamos hasta esa reunión, por 12 RUT, 12 compañías. ¿Correcto?”, en alusión al Servicio de Impuestos Internos (SII), cuyo director de Grandes Contribuyentes fue despedido ayer, como informó El Mostrador.
Si es efectivo lo indicado por el penalista, se incumple lo que el mismo Montes dijo a El Mostrador Mercados en la entrevista ya indicada, hace cinco años, cuando explicó que “el trabajo de la Unidad de Investigación debe ser desarrollado con el máximo de reserva, tanto en la fase de investigación como en la sustanciación de un procedimiento sancionatorio. Salvo situaciones excepcionales, una vez iniciado un procedimiento sancionatorio, este se mantendrá en reserva hasta que se haga pública la decisión del Consejo de la CMF acerca de si los hechos son constitutivos de infracción y, si corresponde, la sanción aplicada”.
Justamente esa “pregunta” por los 12 RUT relacionados con empresas vinculadas con los Sauer, con los hermanos Jalaff y con varios otros personajes, es el quid del asunto en términos investigativos, tanto en la pesquisa interna como en la que se instruye al interior de la Fiscalía Oriente, aunque en la primera entidad, es decir, la Comisión para el Mercado Financiero (pese a que el sumario que se inició recién lleva poco más de una semana), su presidenta, Solange Berstein, sostuvo el lunes, cuando compareció ante la Comisión de Hacienda del Senado, “que no existen comunicaciones desde la CMF al SII relacionadas a los 12 RUT de las sociedades mencionadas en el audio”.
Incluso, la autoridad señaló por escrito (al final de esta nota se puede leer su presentación) que “si la empresa o sus representantes trataron de influir sobre algún funcionario de la institución, no hubo efecto alguno”. Asimismo, en el documento agrega que “todos los funcionarios y funcionarias cuentan con la confianza del consejo para el desempeño de sus funciones, en tanto esta situación se aclare”. Además, fuentes de la Comisión para el Mercado Financiero afirman que la investigación interna se está efectuando con diligencia y que la situación del SII no es homologable con la de la CMF, en función de lo que indicaron las autoridades de ambas instituciones en el Congreso, así como en relación con las acciones que ha ido tomando el Ministerio Público, según lo que han informado los medios de prensa.
Más allá de que hasta el momento no se hayan encontrado comunicaciones formales entre la CMF y el SII, según lo aseverado por Berstein, fuentes allegadas al caso recalcan que lo relativo a los 12 RUT en el audio no le es atribuido a Montes, sino que es algo que “cuadra”, en palabras de Hermosilla, y que lo que debe indagarse a fondo es si es efectivo lo que el abogado comenta respecto a que el fiscal de la CMF habría iniciado diligencias “sin abrir todavía un proceso investigativo”.
Además –indican las mismas fuentes–, lo que el Ministerio Público deberá aclarar es si existieron comunicaciones por vías informales, como WhatsApp, conversaciones, mails desde cuentas personales, conversaciones telefónicas, etc., materias para las cuales se requieren autorizaciones judiciales, que exceden el ámbito de la investigación administrativa que instruye Beltrán de Ramón, la que cuenta con un plazo de 20 días administrativos, que pueden ser prorrogables hasta llegar a 60.
Exposición de presidenta de la CMF ante el Senado
